En estos días, el gobierno presentará al Congreso el proyecto bautizado como “Ingreso Ético Familiar”, un conjunto de siete bonos o subsidios que recibirán, durante 24 meses, los grupos más vulnerables de la sociedad.
Algunos de esos bonos estarán condicionados al cumplimiento de ciertos requisitos, como los controles de salud y la asistencia a clases de los hijos pequeños, la posibilidad de que un miembro de la familia encuentre empleo, etc.
De acuerdo a los cálculos de Mideplan, una familia de cuatro personas recibirá 78 mil pesos adicionales si la madre consigue un trabajo.
Es de esperar que el Congreso realice un análisis acabado de este proyecto.
Parece válido el criterio de incluir incentivos, pero puede ocurrir que ellos no estén bien concebidos, como es el caso de hacer depender de las notas de un niño la posibilidad de que su familia reciba un bono anual.
¿Es que un niño con dificultades de aprendizaje se convierte en un problema para su familia por no sacar las notas apropiadas?
Ojalá no se imponga una lógica punitiva, cuando lo que se requiere es estimular el esfuerzo de las propias familias para salir adelante.
Es valioso que Chile otorgue continuidad a las políticas de protección social, lo que debe incluir las transferencias monetarias directas.
Por cierto que esto no sería posible si la economía chilena no hubiera construido fortalezas suficientes como para financiar tales transferencias.
La nueva iniciativa se basa en la experiencia del programa Chile Solidario, puesto en marcha bajo el gobierno del Presidente Lagos, cuyos resultados han sido valorados internacionalmente.
Ahora bien, ¿por qué bautizar como “ético” un ingreso mínimo o básico? En rigor, sería la primera vez que en Chile se calificara así una ley de la República.
Es una exageración evidente y, por desgracia, este gobierno ha tenido verdadera compulsión por la grandilocuencia.
¿De dónde vino el equívoco?
De la comprensible preocupación manifestada el año pasado por la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica respecto de la necesidad de asegurar a las familias más pobres un ingreso que les permita cubrir sus necesidades fundamentales.
Para dar mayor fuerza a su propuesta, que incluso sugería una cifra concreta (250 mil pesos), los obispos apelaron al calificativo “ético”, lo que, con todo derecho, los católicos asocian con la fe cristiana.
Se puede entender la inspiración de los obispos, pero es mejor que el gobierno no confunda a los chilenos con definiciones discutibles.
Lo recomendable es no poner en una misma categoría asuntos que pertenecen a categorías distintas.
Una ley orientada a eliminar la extrema pobreza y a favorecer la inclusión social expresa ante todo una línea de políticas públicas, una forma de establecer prioridades de gobierno.
Nada más que eso.
No debemos asignar a una ley, por muy bien intencionada que esté, una trascendencia desproporcionada.
¿Qué sucedería si la nueva ley no entrega los frutos esperados, o si se cometen descuidos y negligencias en su aplicación, o si algún funcionario comete dolo al llevarla a cabo?
¿Chile se precipitaría en tal caso hacia una crisis moral o algo parecido? No tiene sentido.
Extremando la confusión, podrían surgir más adelante propuestas para establecer “tarifas éticas” para tales o cuales servicios, o “precios éticos” para determinados alimentos o medicamentos.
Hasta podría ocurrir que los dueños de vehículos solicitaran un impuesto “ético” a los combustibles. ¿Vamos a medir la ética en pesos, en dólares o en UF? El absurdo salta a la vista.
Como sabemos, los términos ‘moral’ y ‘ética’ suelen usarse más o menos como sinónimos. Pidamos precisiones a un filósofo de este tiempo.
“Por moral –dice André Comte-Sponville-, entiendo el discurso normativo que resulta de la oposición del Bien y el Mal, considerados como valores absolutos o trascendentes. Está formada por obligaciones y prohibiciones: es el conjunto de nuestros deberes. La moral responde a la pregunta “¿Qué debo hacer?” (…)
“Y por ética entiendo un discurso normativo pero no imperativo (o sin otros imperativos que hipotéticos), que resulta de la oposición entre lo bueno y lo malo, considerados como valores simplemente relativos. Está hecha de conocimientos y elecciones: es el conjunto meditado y jerarquizado de nuestros deseos. Una ética responde a la pregunta “¿Cómo vivir?” (Diccionario filosófico, Paidós, 2005).
El Congreso debe corregir este error.
Lo que corresponde es que el proyecto pase a llamarse “Ingreso Básico Familiar”.
En manos de los parlamentarios está evitar el bochorno que provocaría, dentro y fuera de Chile, el hecho de calificar como “ético” lo que no debe designarse así, puesto que se trata sólo de un subsidio que busca garantizar un ingreso mínimo a las familias más pobres, y que se define sobre la base de consideraciones económicas y sociales.
Evitemos la desmesura y dejemos a la ética en su propio ámbito.