La tasa de interés máxima convencional es el porcentaje límite que se puede cobrar por ley a un deudor moroso. Se establece para diferentes tramos de deudas.
El primero, hasta UF 200 ($ 4,4 millones) y el segundo, entre UF 201 y sobre 5.000 (4,4 a 100 millones).
La base sobre la cual se aplica es el interés corriente, el que corresponde al promedio ponderado de las tasas de interés que cobran las instituciones financieras a los créditos que otorgan en cada tramo.
En la actualidad, para los créditos menores a UF 200 rige la tasa del 50%. Como el interés promedio en los últimos 18 meses oscila entre el 2,5 y el 3% mensual, la tasa de interés máxima convencional durante el 2010 varió entre el 4,15% mensual (50,2% anual) y el 4,3% (51,5% anual).
El proyecto de ley sobre la rebaja de la tasa máxima convencional, se refiere sólo al primer tramo, es decir, créditos menores a 4,4 millones.
La norma propone rebajar la tasa máxima de 50% al 35%.
Naturalmente todas las iniciativas que beneficien a los sectores más vulnerables (consumidores, micro y pequeños empresarios) son aplaudidas; sin embargo, no podemos olvidar que se requiere de la participación de los bancos, los que en la práctica son quienes definen la tasa de interés corriente.
En ese sentido, nos preocupan las declaraciones de los banqueros y de algunos representantes de la gran empresa.
Aseguran que si la tasa máxima convencional desciende, “los más perjudicados serán los deudores”, porque los bancos subirán la tasa base para compensar el riesgo que podría generar la medida.
La afirmación que los consumidores, las micro y pequeñas empresas son muy riesgosas, la instaló la banca como una verdad absoluta. De esa forma busca justificar las altas tasas de interés que aplica a los deudores chicos (no sólo a los morosos, a los cuales además le aplica dicha tasa amplificada en un 50%).
Con ella, además, refuerza su política de restringir el acceso al crédito eligiendo sólo “huevos calados”, a los cuales, también aplica tasas usureras.
Sin embargo, datos publicados años atrás por el Banco del Desarrollo y confirmados recientemente por BancoEstado Microempresa, demuestran que los pequeños deudores son muy buenos pagadores.
En el ámbito financiero queda más claro que la situación es insostenible para la inmensa mayoría de la población, al igual que en la educación y en la salud, se requieren cambios de fondo, ya no bastan modificaciones cosméticas.
La industria financiera debe ser regulada. No es posible que los bancos y la industria obtengan ganancias millonarias a costa del endeudamiento familiar y de la pequeña empresa.
Casos como el de La Polar no pueden repetirse. Sospechamos que algo similar ocurre en otras entidades. No basta con operaciones puntuales, se requiere una política de Estado con respecto a la industria.
Si el Banco Chile, Santander, BCI, Grupo Cencosud y Grupo Falabella aumentan su nivel de concentración, considerando que ya reúnen sobre el 60% del mercado, sus lobbystas se encargarán que cualquier medida que se intente aplicar sea resistida o atenuada para defender los intereses de estos grupos.
Los poderes legislativo y ejecutivo tienen la obligación de enfrentar esta situación.
Es urgente cambiar las reglas que rigen la industria financiera. De lo contrario, pronto, cientos de miles de deudores saldrán a la calle a reclamar sus derechos.