Las dictaduras, independientes al extremismo que representan, tienen en común su debilidad por poner cerco a la música, incluso a los sonidos que pueden interferir sus postulados.
El director francés Laurent Cantet retrata en su última película Regreso a Itaca , excelente film, el veto a Los Beatles o a los Rolling Stones, por citar algunos, impuesto por el gobierno cubano en los años más intensos de la Revolución. Por cierto, el guión pertenece a Leonardo Padura, escritor cubano ajeno a etiquetas ideológicas.
En Chile, desde que el golpe militar acabó con nuestra inmaculada democracia el 11 de septiembre de 1973, la música popular y la folklórica fueron sometidas a estricta vigilancia, además de la feroz represión contra intérpretes, grupos, medios de comunicación, sellos discográficos y puntos de venta.
El asesinato de Víctor Jara o la detención e internamiento de Ángel Parra en un campo de concentración demuestran la obsesión malsana y perversa de los golpistas para aniquilar al “enemigo” y su afán por controlar las ideas, la cultura o la creación.
Para los defensores de la dictadura, todo aquello vinculado con la Nueva Canción Chilena contenía mensajes políticos y era una adhesión férrea a la Unidad Popular, a Salvador Allende, a las barricadas, al extremismo de izquierda ,en suma, al enemigo a combatir con todos los medios a su alcance.
Javier Rodríguez Aedo, egresado de las Universidades de Chile y Católica de Santiago realiza en Francia, concretamente en la Universidad Paris-Sorbonne-un doctorado que se refiere a la censura impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet a la música.
Se trata de una investigación exhaustiva sobre el papel de los servicios secretos en la vigilancia y control de músicos populares y folkloristas tanto en Chile como en el extranjero.
Rodríguez Aedo participó recientemente en un congreso de musicología en Madrid y allí leyó una ponencia que es anticipo de la investigación doctoral que realiza: Sonidos bajo sospecha, presencia de la música en los archivos secretos de los organismos de inteligencia chilena en tiempos de Pinochet (1973-1990).
Los archivos de la DINA y de la CNI han sido fundamentales en esta investigación.Especialmente la documentación recopilada por la policía política en colaboración con la ex Colonia Dignidad. Ese archivo desclasificado por orden judicial aporta datos que reflejan los alcances de la paranoia de la dictadura por las palabras y los sonidos de la música.
En estos archivos se identifica a conjuntos musicales, cantautores, compositores, sellos discográficos, revistas culturales y locales de concierto. Cada uno tenía su correspondiente ficha con datos de discos, actuaciones, comentarios de prensa nacional y extranjera. Aquellos que ya no estaban en el país eran vigilados por las noticias que generaban sus actuaciones, entrevistas y actividades en las que denunciaban las violaciones de los derechos humanos que se producían en Chile.
A esta documentación se añaden otras fuentes. Por ejemplo, libros sobre los años de dictadura, testimonios y entrevistas con aquellos que sufrieron persecución por cantar o difundir música que no gustaba a los golpistas.
Rodríguez Aedo da cuenta de la reunión que mantuvieron miembros del Sindicato de Folkloristas de Chile y el coronel Pedro Ewing, entonces Secretario General del nuevo Régimen Militar. Ewing les advirtió que iban a ser duros, que revisarían con lupa actitudes, canciones, instrumentos como flautas, quenas, charangos y todos aquellos sonidos que se identificaran con la “canción social”. Es más, añadió que el folklore del Norte no era chileno y que la Cantata Santa María de Iquique “era un crimen histórico de lesa patria”.
Los Parra, Quilapayún, Inti Illimani, Quelentaro encabezaban la lista de los prohibidos. Pronto se añadirían más nombres, sellos discográficos, compositores de música popular o clásica o personas de menor rango vinculados a coros, orquestas e incluso maestros de escuelas.
Junto con la censura surgió la autocensura. Por propia iniciativa de los responsables de las emisoras, fueron sacados de circulación los discos que pudieran molestar a las autoridades. El sello discográfico Odeón retiró de la venta discos de grupos , cantautores e intérpretes chilenos vetados y añadió a la lista grupos de rock y hasta orquestas bailables internacionales.
El investigador Rodríguez Aedo ha constatado la preocupación de los censores del régimen por vincular a los vetados con partidos políticos e ideologías.
Por ejemplo, de Quilapayún se escribe “que cantó a la revolución comunista, cuando todo principio de orden y autoridad era desquiciado en el mundo”. De este grupo hay un expediente de 27 fojas en las que se recoge cada uno de sus recitales en el mundo, incluyendo una gira por Estados Unidos.
De Inti Illinmani advierten los guardianes del dictador “que no pueden ingresar al país por difundir el comunismo”.
A Illapu también se les prohíbe regresar al país “porque son activistas marxistas que participan en campañas de desprestigio de Chile en el exterior”.
El investigador chileno concede especial protagonismo en su trabajo a la presencia de estos grupos o intérpretes chilenos exiliados en Europa. La divulgación de su música, su evolución, la influencia que ejercieron en otros creadores europeos, sus trabajos discográficos y el papel que desempeñaron en la denuncia de la dictadura de Augusto Pinochet en el mundo.
Un trabajo que contribuirá a conocer detalles desconocidos del proceder infructuoso, inútil y hasta enfermizo de una dictadura para acallar voces que hablaban de injusticias, de las desigualdades, de hambre y de esperanzas de cambio.
Una investigación necesaria para reconstruir pedazos aún dispersos de la memoria histórica de un país.