A mediados de agosto de 2014 una noticia sorprendió a quienes observan el proceso de paz en Colombia.Una delegación de 12 víctimas, cinco a causa de las FARC, tres por los paramilitares, tres por agentes del Estado y una persona víctima de asociaciones no identificadas, conformaron la primera delegación de un grupo de 60 víctimas escogidas para entrevistarse con los negociadores del gobierno y de las FARC en La Habana.
Entre los presentes había siete mujeres y cinco hombres. Víctimas anónimas y casos emblemáticos. Ricos y pobres. Víctimas de secuestro y de desaparición forzada, de masacres y tortura, de violencia sexual y desplazamientos.
Esta primera delegación fue a La Habana para relatar sus experiencias y dar a conocer su pensamiento en relación al proceso de paz y sus expectativas en materia de verdad y justicia. Tanto las víctimas como los negociadores reconocieron que el encuentro había sido impactante y transformador.
Se trata de una completa novedad en el proceso de paz. Ha habido negociaciones y diálogos anteriores, en la época de Belisario Betancourt o de Álvaro Uribe, pero nunca se había considerado la palabra de las víctimas de todos los sectores.
Esto da muestras de una mayor toma de conciencia de parte del gobierno y de las FARC sobre un aspecto central del conflicto y sobre el cual insiste con fuerza el Informe “Basta Ya” del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia: los 50 años de violencia y lucha armada han degradado profundamente a las partes del conflicto, hasta el punto de hacer perder completamente de vista los propósitos y motivaciones iniciales de lado y lado, para hundirse ambos bandos en confusas asociaciones criminales con el narcotráfico y grupos paramilitares cuyo principal fin es el control de enormes territorios.
En un país donde la violencia está naturalizada después de 50 años de conflicto armado, el proceso de paz enfrenta grandes dificultades. La demanda de justicia punitiva es una de ellas, puesto que grupos armados que controlan vastas zonas del país y donde la presencia estatal es prácticamente nula, difícilmente aceptarían dejar las armas para ir a la cárcel.
Por ello el discurso que la delegación de víctimas desplegó en La Habana puede resultar decisivo para el éxito de las negociaciones. Ellas han planteado la necesidad de una justicia restauradora de la convivencia pacífica, de reparaciones reales y del cultivo de una memoria colectiva que reconozca el dolor infligido y la dignidad de las víctimas.
La paz supone construir un Estado con justicia social, con acceso a la tierra para las comunidades desplazadas, con reparación a las comunidades y atención a las víctimas y con reinserción política de los ex combatientes.
Los casos de El Salvador y Guatemala en América Latina lograron la reinserción política pero fracasaron en las tareas de la justicia y en la integración social, derivando en la proliferación de pandillas armadas y del crimen urbano.
Escuchar la palabra de las víctimas y ponerla en el centro de las decisiones políticas y de acceso a la justicia, es el camino que puede seguir Colombia para darle una nueva oportunidad al porvenir.