16 jun 2014

Consejo Nacional de la Infancia

En la pasada Cuenta Anual del 21 de mayo, la Presidenta Michelle Bachelet realizó un anuncio que podría mejorar significativamente la vida de los casi cuatro millones y medio de niños, niñas y adolescentes que actualmente viven en nuestro país, pero muy especialmente la de todos aquellos que hoy están insertos en contextos de vulnerabilidad, exclusión y pobreza.

La creación de un Consejo Nacional de la Infancia, sin duda, deja manifiestas nuestras ansias como país de poder encontrar y darle una solución concreta a los miles de problemas que diariamente afectan a este grupo etario, tales como la vulneración de su derecho de acceso a la salud y a la educación, el que constantemente no sean escuchados, el que sean víctimas de maltrato, o el que tengan que trabajar; permitiéndonos fundamentalmente construir un piso mínimo de desarrollo y bienestar para un grupo de nuestra población que históricamente ha sido invisiblizado.

Sin embargo, para lograr estos objetivos, como Hogar de Cristo consideramos importante dar cuenta que, junto con la creación de este Consejo es necesario que el mismo logre realizar cambios institucionales tan importantes como la materialización de una Ley de Protección Integral de Derechos de la Infancia, y el establecimiento de un Sistema de Protección Integral que junto con convocar a diversos actores incidentes en la implementación de políticas públicas para este grupo, aseguren los mecanismos de garantía pertinentes.

Realizar estos cambios es vital para todos los menores que viven en nuestro país, pero es aún más importante para el millón de ellos que hoy viven bajo la línea de la pobreza.

Como sociedad es imperativo que en un futuro cercano seamos capaces de mejorar las alternativas de reparación y restitución de derechos que existen actualmente, sobre todo cuando consideramos que estos programas no son suficientes para dar respuesta a las reales necesidades de este grupo.

Asimismo, y de manera prioritaria, es necesario que el trabajo en la prevención de las vulneraciones sea más eficaz y oportuno, de modo que cada día tengamos menos niños, niñas y adolescentes vulnerables en nuestro sistema. Para esto, se requiere además de una mejor coordinación de este mismo.

Sin duda, tras este anuncio Chile iniciará un largo camino en pos de la profundización de políticas públicas que aseguren la protección integral de los derechos de nuestros menores, pero por sobre todo, es necesario que sigamos trabajando por mejorar las condiciones de vida de ese millón y medio de ellos que viven en situación de exclusión, desigualdad y pobreza.

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