Ya se ha dicho y escrito mucho acerca del discurso de la Presidenta del 21 de mayo.Hubo dos cosas – entre otras – que llamaron la atención: la ausencia de temas vinculados a la diversidad sexual, y el anuncio de la intención de avanzar hacia la despenalización del aborto en tres causales. Ambas cosas se han hablado separadamente y desde distintas miradas.
Lo que no quisiera es que esto lleve a una mirada fragmentada de lo que son los derechos sexuales y reproductivos, en cuanto a derechos humanos.
Los llamados derechos sexuales y reproductivos son un conjunto de derechos y libertades, consagrados o derivados de distintos tratados internacionales de derechos humanos, que tienen que ver con el disfrute pleno de la sexualidad y la capacidad de las personas de tomar decisiones libres, informadas y sin temor a represalias.
Son derechos básicos para la realización de los derechos humanos de cualquier persona, porque se vinculan con el disfrute del bienestar físico, emocional, mental y social.Su realización puede mejorar la salud en general y las relaciones personales y, además, ayuda a conseguir la igualdad de género y el empoderamiento.
La demanda por normas igualitarias en materia de matrimonio y unión civil para todas las parejas, incluidas las del mismo sexo, se basa precisamente en estos derechos. Se vincula con la libertad de tener una vida sexual satisfactoria, segura y placentera, determinando la propia orientación sexual o identidad de género; el derecho a elegir pareja sexual o conyugal; el derecho a contraer matrimonio y formar una familia, y a vivir en diferentes formas de familia.
De la misma forma, la demanda por la adopción de una ley de identidad de género, también tiene un sustento en derechos humanos. Se basa en el derecho a determinar la propia orientación sexual e identidad de género, con independencia del género asignado al nacer.
La necesidad de contar con educación sexual e información oportuna sobre sexualidad y reproducción, también es materia de derechos humanos.
El que se hagan realidad los derechos a decidir ser o no sexualmente activo, a tener una vida sexual satisfactoria, segura y placentera, a mantener relaciones sexuales consensuales, a elegir pareja sexual y/o conyugal, a decidir libremente el número de hijos/as, el espaciamiento entre ellos/as y el momento de tenerlos/as, depende por completo de que las personas cuenten con la información y el empoderamiento necesario para hacer valer e implementar sus decisiones.
La exigencia de que se garantice el acceso a anticoncepción, incluyendo la de emergencia a todas las personas que lo requieran, también forma parte de esto. El derecho a decidir el número, espaciamiento y oportunidad para tener hijos/as, depende de este acceso e información, así como el acceso a servicios de salud adecuados.
La necesidad de tomar medidas para prevenir, investigar y sancionar toda forma de violencia sexual también es esencial. Toda persona tiene derecho a vivir libre de sufrir violación o cualquier forma de violencia de género (como embarazo o esterilización forzados, mutilación genital femenina o aborto forzado), y a acceder a reparaciones por los actos de violencia sexual o de género de que sea víctima.
Y sí, la necesidad de avanzar hacia la despenalización del aborto y a garantizar acceso a servicios seguros de salud para poder practicarse uno en caso que la mujer haya sido violada o si su vida o su salud están en peligro, o en caso de complicaciones surgidas a raíz de un aborto, también es parte de estos derechos.
En esta línea, el anuncio del gobierno al parecer estaría dando un paso adelante, pero parcial. La despenalización del aborto sólo en tres causales no necesariamente garantiza el acceso a servicios seguros.
El aborto puede verse como algo separado de todo lo anterior, pues éstos son temas de menor nivel de polémica en la actualidad.
Si una persona cuenta con información suficiente para vivir su sexualidad y tomar decisiones acerca de su reproducción libremente, si tiene acceso a anticoncepción y a información suficiente acerca de cómo utilizar debidamente los diferentes métodos disponibles, es probable que disminuyan los embarazos no deseados y, por ende, los abortos.
Si los anticonceptivos de emergencia están debidamente disponibles, también disminuyen los embarazos no deseados, pudiendo incluso disminuir los casos de embarazo como consecuencia de una violación. Si se logra disminuir la violencia de género, es probable que los embarazos productos de violación también disminuyan. Una mirada integral a los derechos sexuales y reproductivos puede, en la práctica, disminuir los casos de aborto.
Pero el aborto nunca puede quedar completamente fuera de la mesa. Cuando una mujer ha sido violada y su embarazo continúa, pues no tuvo acceso a la píldora del día después o no se atrevió a denunciar la violación (y por tanto no operaron los protocolos aplicables, que incluiría la administración de anticoncepción de emergencia); cuando está en peligro su vida o su salud, todo lo anterior no sirve.
Por lo tanto, debe ser la mujer quien, libre e informadamente y sin temor a represalias legales o sociales, debe poder decidir si quiere continuar o no con su embarazo. Cada mujer debe tener la posibilidad de decidir de qué manera, de acuerdo a sus circunstancias, vivencias, experiencias, creencias, puede sobrellevar de mejor manera la difícil situación en que se encuentra.
Si al abortar corre riesgo de ser criminalizada, en la práctica, se la está obligando a continuar el embarazo. Ya se ha dicho en instancias internacionales: obligar a una mujer a continuar un embarazo en estas condiciones es equivalente a un trato cruel, inhumano y degradante infligido por el Estado en su contra.
Centrar el debate sólo en aborto y a la falsa dicotomía de “pro-vida” versus “pro-aborto” es reducir un asunto mucho más complejo.
Si hablamos de aborto, sin hablar también del reconocimiento a distintas formas de vivir la sexualidad, la orientación sexual y la identidad de género, de cómo prevenir la violencia sexual y de género, de la necesidad de hablar abiertamente de sexualidad y control de natalidad, de cómo garantizamos el acceso a anticoncepción y anticoncepción de emergencia y a información acerca de cómo usarla, estamos mirando la cara más extrema de la problemática y dejando de mirar la integralidad de los derechos sexuales y reproductivos, de los cuales el aborto debe ser parte fundamental pero en ningún caso exclusiva.