Para el 24 de marzo la Asamblea General de las Naciones Unidas ha fijado el “Día internacional del derecho a la verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas”.
Esto fue fijado el año 2010 y desde entonces en los distintos países de América Latina y el mundo, se desarrollan diversas actividades conmemorativas con la finalidad de cumplir los objetivos a los que se alude en la resolución.
En ella se consigna la figura de Monseñor Oscar Arnulfo Romero (sacerdote católico salvadoreño que el 24 de marzo de 1980 muere asesinado por el Ejército de El Salvador), cómo quien encarna la importancia del derecho a la verdad y justicia además del necesario reconocimiento público a los miles y miles de activistas de derechos humanos que han consagrado una parte de su vida a esa lucha.
La necesidad de fijar un “día de la verdad”, es significativa y debe llamarnos la atención.Pareciera que la ONU estuviese reubicando la cuestión de la verdad como un desafío inconcluso y como un derecho básico omitido por gran parte de los países.
En América Latina este tema ha sido trabajado de manera diferente por los distintos Estados. Se han creado al menos 12 comisiones de Verdad y Reparación desde 1974, las cuales han elaborado informes y han establecido heterogéneamente medidas de reparación para las víctimas. Sin embargo, lo más complejo de establecer la verdad, es que ella es indisociable de la justicia y la justicia no puede consistir sólo en “reparación” económica.
En Chile, a diferencia de otros casos de la región, la situación es mucho más grave.No sólo no tenemos la información acerca de donde están la mayoría de los cuerpos de los detenidos desaparecidos, sino que la mayoría de los responsables de los crímenes contra la humanidad transitan tranquilamente por la calle.Los pocos que están presos, están en recintos privilegiados.
A diferencia, por ejemplo, del Estado argentino que ha ido poco a poco restituyendo la verdad histórica y castigando a los culpables. Un oscuro contrapunto: mientras el Estado chileno colocó abogados para lograr la extradición y libertad del dictador Pinochet, en Argentina el dictador Videla murió en la cárcel a los 87 años de edad.
En 1991, en Chile, Patricio Aylwin (el primer presidente de la “transición democrática” después del plebiscito de 1989) en su mensaje de fin de año dijo que se debía continuar: “la tarea ineludible de esclarecer la verdad y hacer justicia, en la medida de lo posible, respecto a situaciones del pasado aún pendientes, o que constituyen heridas abiertas en el alma Nacional”.
Esta frase parece haber marcado el hacer del Estado en materia de derechos humanos y justicia.
La frase, “en la medida de lo posible”, nos invita a preguntarnos qué fue considerado cómo imposible por Aylwin y en los sucesivos gobiernos de la Concertación.A simple vista podríamos decir que se castra la justicia por temor a la reacción de las clases dirigentes, a la reacción de la “familia militar”.
Esa “familia militar” que Carolina Echeverría, en su entrevista a La Segunda, nominó cómo una “entelequia”. ¿Nos enfrentamos entonces con una “cosa irreal”? si lo es, por lo menos aparenta ser bastante poderosa, tanto como para obligar a los demócratas a proteger a los criminales.
En lo concreto es que el Estado de Chile ha construido cárceles especiales, no ha derogado el Decreto-Ley de Amnistía y se ha inhabilitado de actuar a partir del secuestro por 50 años de la información que las comisiones de verdad obtuvieron.
A su vez, quedó intacta la estructura del ejército y el sistema de formación ideológica mediante los cuales se forma a las nuevas generaciones de militares (incluyendo, el cómo se transmite la historia con expresiones concretas cómo lo son los monumentos en museos, escuelas militares, navales, emisiones de monedas, etc.).
El discurso oficial ha ido logrando localizar la demanda de verdad y justicia en un número individualizado de personas: los familiares, la familia directa consanguínea. Cuando las violaciones a los DDHH no son un problema personal, de unos pocos, fue una decisión de Estado, con una finalidad política que afectó a toda la sociedad.
La transición pactada en Chile continúo haciendo por la vía “limpia” lo que la dictadura había hecho de manera brutal: obtener información, perseguir la crítica, propagar la indefensión, transmudar el sentido de la dignidad y de la justicia.
“Todos tienen derecho a la vida, piensen como piensen” una máxima ética que de máxima no tiene nada. Y sin embargo, este parece ser el único mínimo que quedó después de la dictadura: el derecho a la vida como único derecho.
A 40 años del golpe, las víctimas, las voces de esos hombres y mujeres retumban en distintas partes del territorio nacional. En algún momento salieron del piso que la sociedad les había asignado en el Museo, o de las páginas de los libros de testimonios que nadie lee, para meterse en el living de la casa de cualquiera, para interpelarlo e incidir en la política formal cuestionando a la casi subsecretaria hija de un torturador.
Se podría pensar que es tiempo de saber quiénes son los criminales y de que podamos llevarlos ante la justicia. Este no es un problema entre la familia mía y la de Carolina Echeverría.Lo que se juega son las posibilidades de vivir en un país que no le tiene miedo a su propio ejército y que es capaz de poner en primer plano los principios en los que se supone funda su democracia.
Este día de la ONU tiene sentido en Chile para exigir que se haga un esfuerzo más por obtener la verdad que nos falta: quiénes son los criminales y cuáles son sus responsabilidades.Liberar la información que obtuvieron las comisiones de verdad y abrir los procesos legales que correspondan.
La verdad de las víctimas ya la sabemos. Por 40 años hemos visto a hombres y mujeres vivir la sistemática re-victimización, exponer una y otra vez la barbarie a la que fueron sometidos.
Ahora lo que se necesita es que haya justicia, que los culpables sean castigados, degradados de su rango, expuestos ante la ciudadanía.
Necesitamos construir el hito histórico que permita que el poder cívico-militar deje de ser una amenaza golpista para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos.