Mucha prisa tenía el gobierno de Mariano Rajoy para sacar adelante la reforma de la ley de justicia universal.En dos meses, y por la vía rápida, ha conseguido dejar en mínimos las posibilidades para que los tribunales investiguen casos de violaciones de derechos humanos cometidos fuera de España.
A partir de ahora, dictadores y torturadores se sentirán más aliviados y seguros ya que difícilmente serán castigados por sus crímenes.Mientras, aquellos que habían depositado sus esperanzas de justicia comprueban como la impunidad gana terreno, gracias a gobernantes que en foros internacionales expresan su rechazo a regímenes que atentan contra la democracia.Paradojas de la política.
El gobierno español recurrió a la disposición transitoria única para eludir la opinión del Consejo General del Poder Judicial o del Consejo de Estado.Tanta celeridad tiene una explicación.
El mal trago que supuso para algunos la detención en Londres del dictador Augusto Pinochet podía ser más amargo todavía si la Audiencia Nacional seguía adelante con las investigaciones sobre el genocidio en el Tíbet, que puso en la lista de delincuentes en busca y captura a altos cargos del gobierno de la República Popular China.
Tremenda afrenta a una potencia económica que hoy alivia a países occidentales en crisis -caso de España- constituía un riesgo que había que evitar a toda costa.
El nuevo artículo 23.4 de la ley Orgánica de Poder Judicial acaba con el principio de justicia universal que puso a España en la vanguardia al permitir que tribunales de este país investigaran los crímenes graves cometidos fuera de las fronteras, como genocidios y violaciones de derechos humanos.
La reforma ya en vigor limita la persecución de estos delitos a los procedimientos que se refieran a españoles o extranjeros que hayan adquirido la nacionalidad. También elimina la posibilidad de actuar con una denuncia o a través de una acusación popular.
Se condiciona la extensión de la jurisdicción española más allá de la frontera a la existencia de un Tratado internacional que lo autorice y al Estatuto de la Corte Penal Internacional.Se da el caso que ni China ni Estados Unidos han ratificado estos convenios por lo que será imposible perseguir los crímenes que los impliquen.
Además del caso del genocidio del Tíbet, en España se hacen esfuerzos para que se investigue la muerte del cámara José Couso, muerto en Irak presuntamente por disparos de tropas estadounidenses contra el hotel donde se hospedaban periodistas.
La reforma también limita las acciones a los jueces españoles y confiere al Tribunal Supremo la potestad de valorar la posibilidad de que magistrados españoles conozcan ciertos hechos, en caso que el Estado no lleve a cabo una investigación efectiva de los mismos.
Con esta reforma quedan en el aire o definitivamente cerrados varios casos emblemáticos.
El asesinato de jesuitas, entre ellos el español Ignacio Ellacuría, en El Salvador; el asalto, incendio y masacre perpetrado en la embajada de España en Guatemala; el secuestro y muerte del diplomático Carmelo Soria, en Chile; la investigación sobre la aplicación de tortura a los presos de la cárcel de Guantánamo, donde hay dos españoles; el acoso a la secta Falung Gong, en China o el caso de las víctimas españolas del conflicto del Sáhara.
La oposición española no se ha quedado con los brazos cruzados. El Partido Socialista ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional. Familiares de víctimas de casos de genocidio solicitarán el amparo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Fiscales de la Audiencia Nacional impugnarán la reforma por inconstitucional.