La ex directora del Instituto de Salud Pública, Ingrid Heitmann, reconoció hace unos días, en una entrevista realizada por la agencia de noticias alemana DPA, que el año 2008 descubrió, en el subterráneo del organismo, dos cajas de ampollas de toxinas botulínicas, las que luego –en una cuestionable decisión- mandó a incinerar, pese a que personal de la Policía de Investigaciones había ido varias veces hasta ese lugar a buscar esos productos sin haberlos encontrado.
Conocido lo anterior, las primeras reacciones iban encaminadas a investigar lo sucedido en el ISP.
Sin embargo, sin restar importancia a eso, aquí lo relevante es que este hecho confirma que los organismos de seguridad de la dictadura utilizaron productos químicos como armas para eliminar a opositores sin dejar huellas, lo que está absolutamente acreditado en muchas de las causas judiciales relativas a las violaciones a los derechos humanos, entre ellas, la que sustancia el magistrado Alejandro Madrid por el asesinato del ex Presidente de la República, Eduardo Frei Montalva. Ese debe ser el principal enfoque de las indagaciones y lo que no debemos perder de vista para llegar a la verdad en todos esos casos.
Esta verdad se comenzó a develar conforme avanzaba la investigación por la muerte del bioquímico Eugenio Berríos, quien precisamente trabajó para la Dina elaborando esas armas.
Esta historia se remonta a los años noventa cuando ya en plena democracia se inician las investigaciones por los crímenes de lesa humanidad ocurridos tras el golpe de Estado.
En ese contexto, Berríos podía convertirse en un dolor de cabeza para el Ejército si decidía entregar su testimonio ante la justicia y por eso lo sacaron del país rumbo a Uruguay donde luego fue asesinado por militares chilenos con la colaboración de militares uruguayos, a quienes –dicho sea de paso- se les acaba de duplicar la condena.
En su trabajo en la Dina, Berríos experimentó con el gas sarín y con los botulínicos. Esta última es una neurotoxina que como agente de intoxicación o envenenamiento produce el botulismo, enfermedad que puede llegar a causar la muerte al afectar la función respiratoria.
Precisamente así fue como murieron un número indeterminado de opositores al régimen militar.
Para tal efecto, el Ejército montó toda una infraestructura con laboratorios y clínicas clandestinas, dotada de recursos humanos y financieros, y que contó con el apoyo y complicidad de las más altas autoridades del gobierno de la época, partiendo por el propio dictador. ¿Cómo se explica entonces, que las toxinas fueran enviadas desde Brasil directamente a La Moneda a través de valija diplomática?
Han pasado muchos años desde aquello y la información que se ha obtenido acerca de esas prácticas siempre ha llegado desde fuentes ajenas al Ejército. No ha sido fácil. Cada vez que hemos solicitado a los altos mandos de esa institución que entregue los antecedentes que posee, siempre nos hemos encontrado con la misma respuesta: “no tenemos información”.
Pero además, hemos sido testigos de variados intentos para impedir el progreso de las investigaciones: fuerzas ocultas que se mueven sigilosamente para impedir que se sepa la verdad, amenazas implícitas y explícitas, y poderosos medios de comunicación que han buscado desacreditar el trabajo del juez Madrid. No obstante, todos esos esfuerzos han sido en vano. No han logrado y no lograrán detener el avance de la justicia.
Llegó la hora de dejar de jugar con el dolor de muchas familias de nuestro país que llevan cuarenta años esperando saber qué pasó con sus seres queridos desaparecidos o asesinados y que los culpables de esos delitos reciban la sanción que merecen.
Basta de mentiras y encubrimientos. Ya se ha hecho suficiente daño y por eso, al igual como lo dijo Ernesto Lejderman, pido que de una vez por todas digan la verdad, rompan los pactos de silencio y entreguen los antecedentes que poseen, de manera que Chile pueda al fin dar vuelta la página de uno de los capítulos más trágicos de nuestra historia. Sería una gran contribución en momentos que estamos a solo días de conmemorar el 40 aniversario del golpe militar.
Un país no puede mirar hacia el futuro si no es capaz de ajustar las cuentas pendientes con su pasado. Y esto es válido para todos los casos de violaciones a los derechos humanos.