La basura no se esconde bajo la alfombra, tampoco los abusos y muchos menos los delitos.De hecho pretender ocultar verdades, por muy atroces que estas sean, es el peor de los caminos.
En las últimas horas nos hemos enterado de una investigación espeluznante, que si bien aún no se ha transparentado, ya ha sido revelada en parte por Ciper y ha sido motivo de debate en la comisión de Constitución Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, de la cual soy miembro permanente. Se trata de graves irregularidades, abusos y posibles ilícitos que estarían ocurriendo en varios centros de menores dependientes del Sename.
Es francamente aterrador, inaceptable y nos sitúa en el peor de los mundos, ya que se estarían violando normas sustanciales de diversos tratados y Convenios Internacionales en defensa de los Derechos del Niño, ratificados por Chile. Los hechos están incluidos en el informe de la investigación realizada por jueces y expertos de Unicef, en 10 regiones del país, indagando las condiciones de vida de más de 6.500 menores.
La investigación que da cuenta de estos abusos, pese a los constantes requerimientos desde la Comisión de Constitución y de nuestra bancada, permanecen en el poder judicial, que retiene sin justificación, información que revela situaciones terribles en el trato a los niños que deben ser protegidos por el Estado. No está claro, además, si se está haciendo algo para solucionar los distintos abusos que se denuncian en estos informes.
A la luz de estos acontecimientos, hemos presentado una denuncia ante la Fiscalía Nacional por todos los posibles ilícitos que hasta el momento se conocen, incluyendo posibles redes de explotación infantil, abusos sexuales a menores y malos tratos inaceptables, sumando celdas de castigo horrorosas y que debieran avergonzarnos como país.
¿Cómo es posible, que en centros dependientes del Estado chileno, que se supone debe velar por el cuidado de estos menores se vivan hechos de esta naturaleza donde es clara y manifiesta la desprotección? Un sólo ejemplo, se señala que en Arica, existiría clara evidencia de una red de explotación sexual infantil en la residencia Ajllasga. Suma y sigue, porque están en la mira los hogares de Antofagasta, Coquimbo, Quillota y Punta Arenas, entre otros.
Es indispensable un fiscal con dedicación exclusiva y que la Corte Suprema entregue el informe original entregado por los investigadores. Nada ni nadie puede justificar que una investigación como ésta se mantenga guardada en los cajones de algún escritorio. Si la Corte Suprema retiene dicha información, legítimamente podremos interpretar ese silencio como un intento de acallar la verdad. Por la sanidad de nuestras instituciones, confío que ello no ocurra.
El silencio de los inocentes se ha quebrado… hoy, es el grito de miles de menores que, en justicia, reclaman un trato justo y digno que permita su rehabilitación.
El Estado no puede seguir siendo cómplice de estas violaciones de derechos y abusos físicos, psíquicos y sexuales cometidos contra menores de edad que se encuentran en custodia y protección suya.