Al transcurrir los días se van esclareciendo y precisando elementos respecto al caso de los llamados “falsos exonerados” que apuntan básicamente a que hay tergiversaciones, campañas y confusiones.
En una reunión con un grupo de parlamentarios, el Contralor de la República señaló de manera enfática que, según el informe de Contraloría, en Chile “no hay falsos exonerados”.
Añadió el funcionario que lo que existe o se investiga son irregularidades administrativas y que ellas no llevarían a determinar el quitar la calidad de exonerados políticos a miles de chilenas y chilenos acogidos a esa condición de acuerdo a la ley y que ni siquiera se han determinado delitos, razón por la cual la Contraloría no ha entregado estos antecedentes al Consejo de Defensa del Estado o a la Justicia.
El Contralor apuntó, en el encuentro con parlamentarios del Partido Comunista y de Izquierda Ciudadana, que ni él ni su organismo tienen nada que ver con la campaña política desatada por el gobierno de derecha en relación a este tema.
Junto a eso, va quedando que hay más dudas e incertidumbres en torno de lo planteado por el gobierno que, por lo demás, a través de algunas y algunos de sus personeros, llegó a cuestionar esta justa reparación del Estado hacia ciudadanos que fueron expulsados y despedidos de sus trabajos por la dictadura.
En todo caso, hay que reiterar que los parlamentarios de la oposición no nos oponemos a ninguna investigación seria, como también seguimos planteando que se investiguen los casos de violaciones a los derechos humanos, entre los que se cuentan exonerados políticos.
Las leyes emitidas por el Parlamento respecto a los exonerados señalan que a esa categoría se llega por documentación que se pudiera aportar o por convicción de acuerdo a los antecedentes que se presenten.
Esto porque miles de chilenas y chilenos que fueron expulsados de sus lugares de trabajo por su adhesión al gobierno de Salvador Allende y su militancia de izquierda, no pudieron contar con documentación y papeles legales que acreditaran sus trabajos y/o pensiones.
Muchas y muchos de ellos fueron encarcelados, torturados, exiliados, marginados, colocados en listas negras y eliminados incluso de las listas de pensiones. El Partido Comunista puede presentar la dramática cifra de 300 de sus funcionarios que figuran como detenidos desaparecidos o ejecutados políticos. Además, muchas de las empresas del área social fueron privatizadas y no entregaron ningún antecedente.
La Ley es clara en otorgar el derecho a reparación a todo exonerado en Chile.Simplemente el Estado cumple con su responsabilidad de reparar un daño a una persona que fue dejada cesante, perseguida, encarcelada, exiliada, desprotegida. Ello, porque fueron entidades y autoridades del Estado los que provocaron esa situación, en la que tuvieron responsabilidad muchos de los que hoy están en el gobierno.
Por lo demás, la calidad de exonerado responde a leyes aprobadas por el Parlamento, incluso con votos favorables de partidos de la derecha.
Es decir, los miles de exonerados simplemente se acogen a una reparación del Estado y a leyes adoptadas por el Congreso, por ello, salvo que exista una prueba de aprovechamiento ilícito muy fehaciente ante la Justicia, no se les debe suspender el pago de pensiones, de lo contrario, la derecha de nuevo estaría incurriendo en una arbitrariedad absoluta, en una inmensa injusticia en materia de derechos humanos en Chile.
Sin embargo, el gobierno y los partidos de derecha quieren pasar por arriba de todo aquello y montaron una campaña de terror, retrotrayendo la situación a la que vivieron los exonerados y miles de víctimas de la dictadura. La derecha quiere tender una manta de duda respecto al derecho de miles de chilenas y chilenos beneficiados por leyes aprobadas por el Parlamento.
Eso, además, tiene una finalidad electoral para afectar a la candidata Michelle Bachelet.
A la derecha nunca le ha gustado que haya reparación y apoyo para los exonerados, para los presos y torturados, para las familias de los más de tres mil detenidos desaparecidos y ejecutados políticos porque al aprobar estas leyes se están reconociendo algunos de sus propios pecados de lesa humanidad. Sólo una larga y dura lucha de las víctimas pudo hacer efectivo el derecho a reparación del Estado.
Es un momento en que hay que reivindicar y defender un derecho. Mantener una actitud de dignidad porque aquí nada se mendigó ni de nada se usufructuó; es necesario que se sepa, además, que gran parte de las reparaciones se financian con lo que muchos de los favorecidos ya habían pagado al fondo de pensiones.
El Estado debía hacer la reparación y la hace. Quienes no tengan ese derecho, será algo que determine la Justicia y no personeros de gobierno o de la derecha con campañas y maniobras electorales.-