Muchos comentarios han acompañado a la designación de las nuevas autoridades del deporte.Más que referirse a las dudas de algunos por la falta de experiencia de la nueva Ministra o recoger el guante por la satisfacción de otros porque dicha autoridad no proviene del mundo del fútbol, hacemos bien en centrar el debate en los planes y programas.
El programa de la electa Presidenta Michelle Bachelet era claro en materia deportiva.Podía gustar o no, pero hacía énfasis en el deporte popular. En efecto, el plan de implementación del programa escuelas deportivas y la definición de la ubicación de 30 nuevos centros deportivos están dentro de las 50 compromisos para los primeros 100 días de gobierno como se informó en la prensa nacional.
Desde esa perspectiva, las nuevas autoridades cuentan con un perfil adecuado para llevar adelante dichas políticas.
Deporte popular es actividad deportiva con sentido y no multitudinaria transpiración. Las escuelas deportivas son extraordinarias instancias para la prevención de la delincuencia y la drogadicción, transmitir valores como el esfuerzo, perseverancia, disciplina, trabajo en equipo, colaboración, empatía y otras habilidades sociales que siendo positivas en si mismas, además, se han transformado en herramientas clave para la empleabilidad de nuestros jóvenes por potente que sea su formación en los aspectos técnicos de su respectiva profesión.
Si la juventud chilena aprende a valorar el deporte más allá del juego mismo y de sus personales aptitudes para la práctica, tendremos instalada en el país una probada herramienta de integración y cohesión social suficiente para conseguir fines públicos muy deseados por la sociedad.
Por otro lado, desarrollar la infraestructura deportiva no sólo significa construir sino también utilizar las diversas instalaciones diseminadas por todo el país.
Si las cientos de canchas de cemento, con sus típicos arcos de baby y basketball, abandonadas en nuestros barrios y poblaciones se transformaran en un amigable hito urbano, lugar de encuentro comunitario y deportivamente bien gestionadas para conseguir intenso uso en escuelas de especialidades deportivas o recreativas afines a las características y necesidades del grupo humano que efectivamente reside en el sector, tendríamos un programa de infraestructura con tanto o más impacto ciudadano que construir el mismísimo estadio nacional.
Parece majadero insistir que el deporte tiene espacio no sólo como herramienta para fomentar la práctica deportiva en la clase de gimnasia sino como legítimo instrumento para la educación cívica, el desarrollo de habilidades sociales, la instalación de hábitos de higiene, salud y alimentación, la prevención de la drogadicción, alcoholismo y violencia juvenil, la integración solidaridad y filantropía social.
Si a ese programa social le sumamos la inauguración de grandes estadios cuya construcción ya iniciara el actual gobierno como Valparaíso, Viña del Mar, Rancagua, La Serena y Concepción y la realización de grandes eventos internacionales como los Juegos Odesur de marzo próximo y la Copa América y el Mundial de Fútbol Sub 17 del año 2015 y avances en la lucha contra la violencia en los estadios, que podríamos presumir dadas las competencias en seguridad ciudadana de las nuevas autoridades del deporte, estaríamos hablando de una asignatura deportiva bien aspectada para la ciudadanía.
En este modelo de priorización del deporte popular también cabe el deporte de alto rendimiento.
El alto rendimiento tiene un efecto multiplicador, es un constructor de sueños y también generador de liderazgos sociales muy valiosos.
Sin embargo, por el mismo hecho de encontrarse en la frontera con la industria de la entretención y el contenido, la acción del Estado puede ser complementada, si no reemplazada, por los grupos intermedios principalmente las Federaciones, Asociaciones y Clubes Deportivos con o sin fines de lucro y el mundo del patrocinio y marketing deportivo.
Por lo anterior, estas organizaciones tanto o más que demandar del Estado, el Gobierno y/o el Ministerio actuaciones para ellos, debieran trabajar hacia el interior de ellas, reinventarse y hacerlo cada día mejor.
El Estado de Chile ha dispuesto numerosas herramientas al servicio del deporte competitivo y no todas ellas se utilizan a plenitud y con capilaridad geográfica e institucional por causas más relacionadas a las disputas internas que terminan haciendo del deportista una víctima de la lucha generalizada y no el objetivo de todos.
Por ello, es destacable que en los últimos años la Federación de Fútbol y sus dos Asociaciones, ANFA y ANFP, muestren progresos y contribuyan como un “gatillador” de práctica deportiva para los jóvenes que integran sus divisiones menores y para aquellos que movilizados por sus ídolos multiplican los equipos de fútbol escolar, vecinal y aficionado en todo el país, sin dejar de destacar que constituyen una legítima fuente de empleo para los miles de jóvenes futbolistas que están profesionalizados en cada vez más dignas condiciones laborales.
El deporte de alto rendimiento no debe temer a que el foco gubernamental esté en el deporte popular. Ambos, son complementarios en un escenario de coordinación, gestión y excelencia integral.
La profesionalización de sus estamentos y la apuesta por la existencia de ligas profesionales tales como la del fútbol puede ser un paso en esta aparente orfandad.
Varios deportistas chilenos aficionados, en diversas disciplinas, emigran a otros países a jugar en clubes profesionales sin perder la opción de seguir representando al país en juegos internacionales y legitimando con ello la versión profesional de deportes íntegramente amateurs en nuestro país.
Parece ser un desafío interesante que mientras se moviliza socialmente al país a través del deporte popular el alto rendimiento aumente la eficiencia de sus entidades para que todos cosechemos los frutos de un país realmente deportivo.