Muchas voces han manifestado la alegría del mundo deportivo por la aprobación de la ley que crea el ministerio del Deporte.Comprendemos esa alegría y la suscribimos. Desde el punto de vista del posicionamiento del deporte en la vida política nacional es un avance.
La clase política chilena, los centros de estudios, los intelectuales y todos aquellos que por la irrupción ciudadana viven su ocaso como instaladores de agenda pública, jamás han considerado al deporte entre los “sueños-país”.
Ningún candidato presidencial tiene en este momento algún proyecto de política pública deportiva y, menos, ninguna bancada parlamentaria participó en el respectivo debate legislativo sobre el Ministerio basado en una visión deportiva y se limitaron a discutir accesoriedades de un instrumento, sin considerar el para qué se estaba diseñando.
En ese ambiente de indiferencia, el ministerio del Deporte será el semáforo que indicará a las autoridades la necesidad de ocuparse del deporte permanentemente y no sólo cuando haya un hecho deportivo puntual.
Sin embargo, este avance en posicionamiento no garantiza el progreso deportivo porque hay asignaturas pendientes que no serán superadas por la mera existencia del Ministerio, y será el tono y orientación de las personas y el entorno político y social quienes dirán la última palabra.
Por ejemplo. ¿El presupuesto asociado a este ministerio concentrará todos los fondos públicos destinados a la práctica deportiva para asegurar la idoneidad deportiva del gasto o se dispersará en otras carteras como ocurre hoy con educación y salud, por citar dos ministerios?
¿La dualidad de funciones que se plantea entre SEREMI e IND, dualidades habituales en el mundo del deporte con las separaciones tajantes entre Estados Nacionales y organismos como el Comité Olímpico o la FIFA, supondrá limitación, bloqueo y/o inmovilismo por superposición de funciones o hay estrategias definidas en contrario?
Que el Ministerio se focalice en materias estratégicas y de política deportiva y se resista a abordar temas propios de la asignación de recursos y la transpiración propiamente tal es muy importante porque lo que entusiasma a todos en el mundo del deporte no es mirar “más allá de la contingencia” y por ende se necesitan buenos mecanismos reglamentarios que lo garanticen.
La fiscalización de los proyectos tiene muchas aristas. Si bien es importante la económica, que correctamente en las manos del SII busca garantizar buen uso de fondos públicos, la fiscalización deportiva es también importante para controlar la viabilidad, excelencia y funcionalidad de la actividad financiada, directa o indirectamente, por el Estado.
El éxito de una política deportiva no se mide en cantidad de proyectos ni en porcentaje de buen uso de los recursos. Esos son hitos que hablan de gestión, masividad, honestidad cívica pero no de calidad y eficacia de una determinada política deportiva.
Debe haber una mirada fiscalizadora sobre la excelencia y funcionalidad de los proyectos para la política deportiva nacional. ¿Quién está en la calle apoyando y asegurando la sostenibilidad de las acciones contenidas en los proyectos? ¿Quién garantiza que lo que se pone en práctica es una actividad que desarrolla nuestra política e institucionalidad deportiva y no se restringe, por ejemplo, a una mera activación comercial?
El Ministerio ya existe y junto con aplaudirlo como iniciativa interesante, pero no agotada, es hora de iniciar desde ya un debate sobre la Política de Estado sobre el Deporte.
Es el momento de saber de los futuros presidenciables por qué van a medir al ministro del Deporte y qué esperan de su gestión. ¿Cómo se complementarán las actividades del ministerio con aquellos programas de salud, recreación, educación y de prevención de la delincuencia que utilizan como la práctica deportiva como medio para dichos fines?
¿O con los planes de creación de infraestructura deportiva urbana y rural para mejorar la calidad de vida y urbanismo en barrios y poblaciones? Tarea difícil porque dichos programas los lideran con mucho celo, de forma autónoma e independiente, y muchas veces descoordinada, los ministerios del Interior, Salud, Desarrollo Social, Justicia, Educación, Vivienda y Obras Públicas, entre otros organismos públicos.
En el amplio mundo de los beneficios y subsidios directos e indirectos que existen en Chile, en mundos como el de vivienda, tributarios, educación, trabajo, es el momento de saber si al Ministerio se le otorgarán herramientas para incentivar la ampliación de estos beneficios a los deportistas, sus padres, clubes, asociaciones y/o federaciones.
Bueno saber el margen de acción del ministerio del Deporte con el ministerio de Educación, no sólo en la histórica aspiración de las horas de educación física y las facilidades de estudio para deportistas en las universidades, sino también en la malla curricular de los centros de formación de profesionales del deporte para que los estudiantes no desperdicien tiempo, dinero e ilusiones en carreras que no tendrán campo laboral alguno a la luz de nuestras políticas y necesidades deportivas.
Sería interesante conocer el rol que desean jugar los Municipios, las Gobernaciones, las Intendencias Regionales y los CORE en el desafío de descentralización geográfica del deporte ya que un potente medio de desarrollo deportivo es asociar la práctica de un deporte con una localidad geográfica como por ejemplo, Curicó y el Ciclismo o Valdivia y el Remo.
La creación del ministerio del Deporte es una invitación, muy buena y oportuna, a iniciar un camino de largo aliento pero no es la solución automática a problemas centenarios.
Una invitación a las Federaciones, Asociaciones y Clubes para invertir en su desarrollo organizacional, ser actores relevantes del nuevo escenario deportivo y, de paso, legitimarse socialmente. Una invitación a abrir pronto el debate pendiente sobre la gran misión: la política deportiva nacional.