Siete años ha tardado la justicia española en dictar sentencia en la Operación Puerto, el mayor escándalo de dopaje que ensucia al deporte y a quienes lo practican profesionalmente.
El fallo ha sido una bofetada para quienes luchan por el juego limpio y un balón de oxígeno para los entrenadores y deportistas implicados. Con el veredicto en la mano hay quienes afirman que se trataría del mayor encubrimiento de dopaje deportivo conocido hasta ahora. No se recuerda nada parecido.
El revuelo internacional que originó la apertura de la investigación y el morbo añadido de ver desfilar ante los tribunales a conocidos técnicos y deportistas, entre ellos ciclistas con triunfos notables o atletas con marcas casi mundiales, es mínimo comparado con el malestar que ha originado la sentencia de la juez encargada del caso.
El principal acusado, el médico Eufemiano Fuentes, ha sido condenado a un año de prisión- que no tendrá que cumplir- y queda inhabilitado para ejercer la medicina deportiva. A su principal cómplice le caen cuatro meses y la prohibición para ejercer como entrenador u ocupar cargo relacionado con el ciclismo.
Lo peor de esta sentencia es que las bolsas de sangre decomisadas en clínicas en las que actuaba Fuentes y sus ayudantes y que permitirían conocer el ADN de los deportistas españoles y de otras nacionalidades, que se sometían a las transfusiones “milagrosas”, serán destruidas una vez la sentencia se haga firme. Esto significaría que las máximas organizaciones del deporte no podrían llegar hasta el final de este caso. Es decir, desenmascarar a los tramposos.
Para curarse en salud. La juez reconoce que las transfusiones servían para mejorar la resistencia a la fatiga y elevar artificialmente y de modo peligroso para la salud el rendimiento de los deportistas.
El resultado ha decepcionado a quienes deseaban un castigo ejemplar para los cabecillas de la trama y ha sembrado la duda sobre la capacidad de los dirigentes del deporte para apartar a perpetuidad, si es necesario, a quienes hacen trampa para lograr éxito, renombre y dinero.
Comprensible, por tanto, el enfado del tenista Rafael Nadal, quien ha tenido que soportar todos estos años las suspicacias de algunos medios europeos, franceses en concreto, por sus merecidos triunfos. El se ha manifestado a favor de los controles a los deportistas a pesar, confesaba, de lo ingrato que resulta informar permanentemente donde se encuentra y estar dispuesto a medianoche o en la madrugada para que le saquen muestras de su sangre. El nunca ha dado positivo.
Tras conocer el fallo, Nadal ha comentado que la sentencia no ha sido buena para nadie, solo para los que han hecho trampa. Y ha añadido que lo más justo es que se den los nombres de los que están implicados para que reciban el desprecio de los demás deportistas.
El presidente del Consejo Superior de Deportes de España, Miguel Cardenal se mostró perplejo y abochornado por la sentencia judicial y anunció que la recurrirá porque se debe proteger a los deportistas limpios.
De no actuar España con firmeza en este asunto, a la sombra de la duda que planea sobre sus deportistas hay que añadir el daño que puede ocasionar a las aspiraciones de Madrid como sede de los Juegos Olímpicos de 2020.
El tema del dopaje y las medidas que está adoptando España para combatirlo fue una de las preguntas que hicieron los delegados del COI a los representantes de la candidatura de Madrid.
Para bien de todos, el “todo vale” debe acabar en el deporte.