Como candidato presidencial Sebastián Piñera señaló la necesidad de perfeccionar la institucionalidad cultural del país. Dos años después, en su discurso del 21 de mayo de 2011, anunciaba el envío de un proyecto de ley para crear un ministerio de la Cultura.Finalmente, este 14 de mayo, ingresó a tramitación a la Cámara de Diputados el proyecto comprometido hace 2 años.
En el intertanto, fue paralizada la tramitación del proyecto enviado el 2009 por el Gobierno de Michelle Bachelet que creaba el Instituto del Patrimonio, incorporándolo al Consejo de la Cultura.
Los discursos del Presidente y su ministro de Cultura en la firma del proyecto, generaron una favorable expectativa en el sector cultural. Se señalaba, que se había logrado compatibilizar la existencia de un ministerio, con la mantención de los órganos participativos del Consejo de la Cultura. Al mismo tiempo se conseguía unificar en una sola institucionalidad el conjunto de los organismos públicos preocupados del tema.
Lamentablemente, la lectura detenida del proyecto, no hace sino frustrar esas expectativas.
Si bien ambos elementos están contenidos en el proyecto, los aspectos negativos e insuficientes que contiene son innumerables.
Si hasta ahora la crítica fundamental era tener un ministro sin Ministerio, la figura que crea el proyecto es un ministro sin ninguna atribución real, salvo presidir del Directorio Nacional, asistir a las reuniones de gabinete del Presidente y firmar los decretos ministeriales. Una especie de reyezuelo dedicado al protocolo y las relaciones públicas.
Al mismo tiempo se generan otras dos figuras decorativas, el Subsecretario y los Seremis de Cultura. En la práctica las verdaderas autoridades serán los directores los dos nuevos servicios, el Instituto de las Artes e Industrias Culturales y la Dirección de Patrimonio Cultural, en sus niveles nacional y regional.
Al parecer se intenta utilizar un modelo similar al del sector salud, que posee Secretarías Regionales y Servicios de Salud, sin embargo, las diferencias son evidentes. Pareciera también que la fórmula propuesta se orienta a asegurar el nombramiento de los directores de servicio a través del sistema de alta dirección, en desmérito del Ministro, Subsecretario y Secretarios Regionales Ministeriales, como si ello fuese lo que asegura una buena gestión.
En materia de descentralización, el proyecto no avanza ni un centímetro, el nuevo Ministerio y todos sus servicios seguirán siendo, como las instituciones actuales, funcionalmente descentralizados pero territorialmente “desconcentrados” lo que en la práctica significa cero autonomía de recursos y decisiones en las regiones.
Respecto de los Consejos sectoriales del Libro, la Música y la Industria Audiovisual, si bien el proyecto no señala cambios a su funcionamiento actual, no queda claro el rol del Ministerio y del nuevo Instituto de Fomentos de las Artes y las Industrias Culturales.
En cuanto a los temas que abordaría la nueva institucionalidad, si bien incluye el arte, la cultura y el patrimonio, sigue manteniendo fuera toda la temática indígena, cuestión al menos discutible.
Igualmente discutible resulta el énfasis que señala el proyecto, del papel de promotor del Estado de la cultura y del fomento a las “industrias culturales”, sin que quede claro un rol activo del mismo, en cuanto a asegurar el acceso a la cultura y la participación de los bienes artísticos y culturales, como un derecho social garantizado. Pareciera que la lógica de la “industria cultural” y el temor al dirigismo cultural, son casi una obsesión de las actuales autoridades.
Después de casi cuatro años de espera y de haber congelado la tramitación del Proyecto de Ley del Instituto del Patrimonio, el Presidente Piñera optó por la lógica refundacional, copiando los diagnósticos existentes y consensuados hace años y presentando un proyecto por decir lo menos, mediocre y confuso.
Esto refleja de manera evidente esa mezcla entre Ministro, Subsecretario, Directores de Servicios, Seremis y Directores Regionales de Servicios, una estructura de burocracia extrema, no sólo inútil sino posiblemente entorpecedora. Hay que analizar en serio la creación de un Ministerio con dos Subsecretarias en vez de dos servicios.
Con todo, sería irresponsable seguir esperando más años para discutir en el Congreso los cambios que la institucionalidad cultural del país necesita, por lo que el parlamento y la sociedad en su conjunto debieran aprovechar la oportunidad para iniciar su discusión y proponer a partir de el, las modificaciones necesarias para una institucionalidad de verdad.