Un país donde la elite política no hace esfuerzos por distinguir -al menos conceptualmente- sus propuestas en materias como descentralización y regionalización, es un país donde esa elite no tiene claro para qué necesita avanzar en dichos temas. Por ejemplo, la confusión es evidente cuando sistemáticamente se ha planteado que la elección directa de Consejeros Regionales es un avance en materia de descentralización, o cuando se ha dicho que con ello también se avanza en regionalización en Chile.
Tal cual hoy están las cosas, es decir, con un proyecto que plantea la elección directa de Consejeros Regionales con mínimas atribuciones, se está avanzando en materia de democratización de los gobiernos regionales, no en descentralización, menos en regionalización.
Descentralización es un proceso que implica transferir poder desde los niveles centrales de gobierno hacia organismos locales o regionales de su misma naturaleza. En estricto rigor, el proyecto de elección de Consejeros Regionales no implica pérdida de poder para el nivel central de gobierno, sino que implica pérdida de poder para los concejales y sus respectivos partidos políticos, ya que son ellos quienes elegían a los consejeros regionales.
Distinto habría sido si el proyecto hubiese planteado la posibilidad de elegir de manera directa al Intendente. En ese caso hubiésemos estado frente a un avance sustantivo en materia de descentralización política, ya que además de democratizar el gobierno regional, la figura del presidente de la Republica se estaría desprendiendo de la atribución de designar al Intendente quien es la autoridad de gobierno con más poder de decisión en el nivel regional.
Lo cierto es que con el actual proyecto, el nivel central de gobierno no está perdiendo ni transfiriendo ninguna función política, fiscal o administrativa a los gobiernos regionales. De ese proyecto aún no hay luces en el parlamento, y va por caminos distintos al de la elección de CORES. Cuando se conozca ese proyecto recién estaremos en condiciones de evaluar que tan descentralizador es dicha iniciativa y que tanto estaremos avanzando en esa materia.
La elección directa de consejeros regionales, tampoco es un proyecto de Regionalización. Por este concepto se entiende la forma cómo se organiza territorialmente un país, y en si misma la elección de COREs no altera ningún ordenamiento territorial. El último proyecto regionalizador que tuvo Chile fue el 2007 con la creación de las dos nuevas regiones de Arica y Los Ríos. Para ambas regiones, se prometió un funcionamiento modelo, pero nada de eso ha pasado. Un proyecto regionalizador sería por ejemplo, revisar nuestro modelo y enfrentar las distintas peticiones de nuevas regiones (por ejemplo, Loa, Maule Sur, Ñuble, Osorno), nuevas circunscripciones senatoriales y las distorsiones sociales, políticas y administrativas que se produce en algunos distritos.
En este concierto de confusión conceptual, aún no aparecen ni siquiera de manera balbuceante los desafíos más sustantivos en materia de descentralización. Queda por conocer y discutir sobre las nuevas atribuciones que tendrán tanto Consejeros Regionales como el Gobierno Regional. Aún están pendientes preguntas tan relevantes como si los nuevos CORES tendrán capacidad para proponer iniciativas de políticas públicas regionales, o si podrán incluir o sacar temas de la agenda pública regional. Resulta vital conocer si las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) tendrán nuevas funciones que le permitan formular políticas públicas regionales vinculadas a nuevos presupuestos regionales, o si se considerará la figura de un Presidente Regional electo de manera directa o indirecta y cuáles serán aquellas atribuciones de tipo administrativas y políticas con las que contará.
Sobre descentralización hasta aquí no se ha discutido mucho, solo confusión -y algo antojadiza en mi concepto-, precisamente con la intención de “engatusar la perdiz” y evitar desprenderse del poder real de decisión.
Aún es tiempo de hablar y discutir en serio sobre el Chile descentralizado que queremos y alcanzar un gran acuerdo por una descentralización consensuada por sus actores, que aborde los problemas de fondo que padece Chile. Este acuerdo, debiera contextualizar y avanzar hacia la construcción de un Estado democrático y descentralizado. Todo ello para evitar seguir parchando al país en materia de descentralización, cuestión que finalmente se termina convirtiendo en una protección al propio centralismo.