Las cifras no mienten: los habitantes del sector poniente de Santiago están más desprotegidos en cuanto a su seguridad.
El último informe de Paz Ciudadana-Adimark reveló que el 43% de los hogares de comunas del sector sur poniente y el 40,4% del norponiente, ha sido víctima de delitos en los últimos meses, lo que en ambos casos supera ampliamente la medición de diciembre de 2010, donde se registraba un 35,4% y 35,6%, respectivamente.
Este aumento en la victimización en el sector poniente y sobre todo en el sur poniente, nos obliga a pensar en sus causas y a plantear medidas concretas para reducir la brecha que divide a la capital.
Algunas pistas: mientras en Providencia hay un carabinero por cada 496 habitantes, en Padre Hurtado hay uno cada 929 habitantes; uno cada 962 personas en Pedro Aguirre Cerda y uno cada 1.636 habitantes en Maipú, según cifras de Carabineros.
Es urgente abordar esta desigualdad garantizando una inversión en seguridad ciudadana per cápita más igualitaria para todos los chilenos, especialmente en la Región Metropolitana.
Ello implica distribuir de mejor manera la provisión de recursos humanos, económicos y de infraestructura que permitan enfrentar la delincuencia.
Más ejemplos: mientras Las Condes cuenta con un vehículo de carabineros por cada 6 mil habitantes, Maipú y Pudahuel tienen una dotación de equipamiento vehicular 3 a 4 veces menor.
Entendemos que hay otros criterios técnicos, además de la cantidad de habitantes, para asignar personal y recursos de Carabineros, pero las diferencias son tan abismantes en este sentido entre comunas como Providencia y Las Condes en relación a Maipú, Lo Espejo o PAC, por ejemplo, que cuesta entender su validez.
Hay que transparentar esta situación de manera que sumando todos los criterios, cada habitante de Santiago sepa claramente cuánto invierte el Estado en su seguridad y reclamar cuando esta sea desigual.
Adicionalmente, esta inversión pública debe ser capaz también de reducir las brechas que se producen por la inversión privada en las comunas cuyos habitantes disponen de mayores ingresos, lo que desnivela considerablemente la cancha en desmedro de otras.
En Chile, existen más de 1300 empresas dedicadas a este rubro y un 60% de su demanda correspondía a sistema de alarmas en hogares particulares.
¿Qué pasa con los chilenos que no pueden costear alarmas en sus hogares u otros sistemas pagados?
¿Quién garantiza su seguridad?
Del mismo modo, ¿Qué sucede con municipios que no disponen de recursos para contar con personal y autos propios destinados a prevención en seguridad?
Por último esta inversión per cápita en seguridad debe considerar también al sistema judicial. Observamos en estos días la protesta de los fiscales por el atochamiento de causas que deben investigar. ¿Qué sucede con las fiscalías y tribunales del sector poniente?
Es predecible que este atochamiento sea aún mayor, atendiendo los datos que nos entrega el último estudio de Paz Ciudadana y Adimark. Pero no sólo hay falta de personal humano, sino también de infraestructura: debemos garantizar que las personas que han sido víctimas de un delito cuenten cerca de su residencia de tribunales donde seguir su causa.
De esta forma no se entiende -por ejemplo- que una de las comunas con más habitantes en Chile como Maipú no cuente con una fiscalía, la que fue trasladada por recursos a otra comuna hace algún tiempo.
Tal como hemos propuesto en educación y salud, en seguridad ciudadana es necesario establecer una inversión mínima que permita reducir las brechas en estos servicios que sufren los habitantes de Santiago y muchas otras ciudades.
Ciudad justa para sus habitantes sin importar dónde viva, en qué trabaje, cuál sea su remuneración mensual o su nivel educacional.