El Ministro del Interior hizo un fallido cálculo de corto plazo, al denegar el permiso a marchar por la Alameda a los estudiantes secundarios y universitarios, el 4 de agosto pasado.
Seguramente con los resultados de la encuesta CEP en la mano –un día antes de que se dieran a conocer públicamente-, Hinzpeter pensó en dar una señal al 64% que considera que el gobierno ha actuado con debilidad frente a presiones de instituciones, grupos y personas; y al escuálido 26% que aún adhiere al gobierno, que probablemente sea la derecha más dura.
En su rol de Ministro del Interior y de Jefe de Gabinete, Hinzpeter está doblemente cuestionado: los índices de victimización lejos de bajar, suben, incumpliendo una de las principales promesas de campaña. Además se le ha criticado su falta de conducción política, tanto que las presiones por el cambio de gabinete apuntaban especialmente a removerlo de su cargo, cuestión que no sucedió porque Piñera pareciera no confiar en nadie más que en él.
Paradojalmente, en el principio de su gestión Hinzpeter impulsó el concepto de Nueva Derecha, que pretendía diferenciarse de la antigua por su cariz liberal, “más moderno, democrático y social”.
En esta definición cabrían medidas como legislar sobre las uniones de hecho, una reforma tributaria o un Sernac Financiero para reivindicar los vapuleados derechos de los consumidores, iniciativas que desde el gobierno pretenden impulsar como nuevo relato para lo que han llamado el “segundo tiempo” de su mandato (aunque bastante adelantado, considerando que apenas llevan 17 meses de gestión).
Sin embargo, en materia de Seguridad Pública, la represión instalada por la Doctrina Hinzpeter recuerda bastante más a los mecanismos represivos de la “vieja derecha”, tal vez buscando el apoyo de este sector que lo mira con desconfianza y no termina de convencerse de su propuesta.
Es justamente el origen liberal del ministro y su incoherencia con las viejas prácticas en el control del orden público, el que hoy lo tiene en una encrucijada: su intención de crecer hacia el centro, con un discurso moderado en lo valórico, laico y orientado a la clase media -que para la derecha de Libertad y Desarrollo es gobernar con ideas que no le son propias al sector-, choca con su intención de reconocimiento por parte de la elite conservadora.
Tal vez dicha tensión en la que trata de equilibrarse explique sus movimientos erráticos y hasta culposos, en que intenta dar un paso más allá y luego recula dos.
Lo anterior quedó de manifiesto hace algunos meses cuando anunció que Carabineros ya no usaría gases lacrimógenos y tres días después revirtió la medida argumentando nuevos estudios, que no fueron más que un rápido “googleo”.
Lo mismo ocurrió en relación a las manifestaciones de la semana pasada: después de dar a conocer la negativa del gobierno a autorizar las movilizaciones estudiantiles, al día siguiente hizo un llamado al diálogo (claro que desde la amenaza de que si la marcha no autorizada generaba un muerto, éste sería culpa de los dirigentes).
Fue a la derecha más tradicional a la que le habló Hinzpeter el jueves recién pasado -secundado por el Subsecretario del Interior, la nueva Intendenta y el alcalde de Santiago-, intentando dar muestras de control de la gobernabilidad, ésa que algunos sectores empiezan a cuestionar.
Cuñas poco amables como “la reforma educacional la haremos con o sin los estudiantes”, muestran el lado autoritario que ha caracterizado la Doctrina Hinzpeter.
Baste recordar que en plena campaña electoral expulsó del acto en el teatro Arena a los periodistas de La Nación. La tolerancia y respeto a la diversidad parecieran no forman parte de la personalidad de este ministro, que en la última CEP alcanza una evaluación positiva de 34% (bajando 15 puntos) y negativa de 26%.
Su concepción de Seguridad Pública se ha caracterizado por la búsqueda de terroristas donde no los hay, al alero de una cuestionada Ley Antiterrorista que evidencia sus excesos en casos como los de los comuneros mapuche, el caso bomba, el ciudadano paquistaní o el de Manuel Olate. En todos ellos, el denominador común ha sido el abuso de la prisión preventiva, que incluso ha llegado a los dos años.
Mal cálculo de Hinzpeter.
No deja de ser sintomático que el resurgimiento de los cacerolazos -en un ejercicio que el historiador Gabriel Salazar considera parte de la conciencia colectiva del pueblo o la memoria popular- que comenzaron el día en que fue denegado el permiso a manifestarse, se haya expresado especialmente entre habitantes del sector oriente y no en la periferia.
Según la CEP, son los estratos medios y bajos los que menos apoyan al gobierno de Piñera, siendo los primeros -en tanto poseedores de mayor información, redes y capital social- los que parecen tener especial conciencia del malestar ciudadano.
Dichos cacerolazos, fueron brutalmente reprimidos por Carabineros, que incluso tiraron bombas lacrimógenas a las casas y edificios desde donde se “caceroleaba”, convirtiendo la Plaza Ñuñoa en una batalla campal, cuestión impensada en democracia.
En definitiva, mal cálculo hizo Hinzpeter el jueves recién pasado. Lejos de traerle ganancias, su decisión de no permitir el libre desplazamiento y reunión de los ciudadanos le trajo una querella por violencia desmedida de la Confech; una solicitud a Contraloría de declarar inconstitucional el Decreto Supremo 1086 del año 1983, en virtud del cual se negó el permiso a manifestarse libremente; una posible acusación constitucional por violar el artículo 19 de la Constitución referida a libertades individuales, que ya contaría con el apoyo de una docena de parlamentarios.
Sumado al lamentable deterioro de la imagen internacional del país al que el gobierno ha contribuido, el Estado de Chile ha sido llamado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA a informar sobre los hechos acontecidos, recordándole que es su deber asegurar el pleno respeto por los derechos a la Libertad de Expresión, de Reunión y Manifestación, como derechos fundamentales.
La CIDH manifestó su preocupación por la violencia ocurrida en las manifestaciones estudiantiles, que habrían significado detención y uso desproporcionado de fuerza contra centenares de estudiantes.
Además le recuerda al Estado de Chile que los operativos de seguridad que se implementen en estos contextos deben contemplar las medidas más seguras y menos lesivas de los derechos fundamentales involucrados, y que deben tomar en especial consideración el interés superior del niño, asegurando su protección contra todo tipo de violencia.
La orden política emanada de Interior de impedir el desplazamiento de los estudiantes y reprimirlos el 4 de agosto, puso en jaque la relación entre Carabineros y la ciudadanía, actores que en los últimos años no sólo habían logrado reconciliarse, sino que las fuerzas de orden habían llegado a ser una de las instituciones más valoradas por la gente.
Fueron esos mismos Carabineros los que reprimieron desmedidamente a jóvenes, deteniendo a medio millar, llegando incluso a enviar a control de detención a dos niños de 10 años.
Ahora que las Fuerzas de Orden y Seguridad dejaron de tener doble militancia entre el Ministerio de Defensa e Interior, traspasándose su dependencia al recientemente creado Ministerio de Interior y Seguridad Pública, les decisiones que se tomen en esta materia marcarán el sello de esta nueva institucionalidad.
Es de esperar que la cuestionada frase del propio Piñera -“hemos hecho en 20 días lo que la Concertación no ha hecho en 20 años”-, no se refiera a terminar con el prestigio que tanto le costó a Carabineros recuperar después de la dictadura.
La llamada lucha contra la delincuencia es una arista de la gestión de Hinzpeter que -a pesar de la mano dura empleada- no le ha traído dividendos. Después de ser el foco de la campaña, su leit motiv e, incluso, la causa de que orientara su función hacia esa área en vez de ser el conductor político del gabinete, hoy el propio Presidente reconoce que no sólo no han ganado esa batalla, sino que “tal vez nunca la vamos a ganar”.
Luego de que se quebrara la tendencia a la baja de los índices de victimización de los últimos años, hoy nuevamente la delincuencia aparece como el principal problema al que debería dedicar su mayor esfuerzo el gobierno (47% lo cree así en la última CEP) y es el cuarto aspecto peor evaluado (48% considera que el gobierno lo ha hecho muy mal o mal en ese aspecto).
La Seguridad es un bien público que debe proveer el Estado, como uno de los elementos claves para la cohesión social de los países.
En ese sentido, no entender que hay razones estructurales que favorecen la comisión de los delitos -tales como la exclusión social y la pobreza-, sin enfrentar la delincuencia con políticas integrales de prevención social del delito, seguramente no nos hará avanzar hacia una seguridad humana que se oriente al usuario final -el ser humano-, el cual debe ser protegido de los abusos del Estado.
Tal vez el hecho que la marcha familiar a favor de la educación que logró agrupar a más de 70 mil manifestantes fuera autorizada, contribuyó a que terminara sin incidentes que lamentar, demostrando que la mejor forma de enfrentar la inseguridad es garantizando las libertades.