El brusco traslado de los cuatro presos mapuches en huelga de hambre por más de 85 días a distintos centros de salud deja entender que el Gobierno conservador está claramente preocupado por la eventualidad de un desenlace que ningún chileno espera.
Es absolutamente evidente que el deceso de cualquiera de los cuatro comuneros no solo marcará un nuevo y crítico antes y después en las relaciones de los Pueblos Indígenas con el Estado, sino que además acrecentará niveles muy relevantes de indignación nacional.
Por cierto, el Gobierno alegará que hizo todo lo que estaba de su parte (cuestión que es desmentida por los comuneros, sus familias y voceros) y que la Corte Suprema, con su fallo del 3 de junio pasado, cerró la controversia jurídica en torno a la aplicación de la Ley (anti)terrorista y que por tratarse de un “poder independiente” del Estado, lo resuelto se acata. De ser así, la responsabilidad de lo que pueda acontecer con la vida de los comuneros sería propia y exclusivamente de ellos… Este argumento no resiste validez alguna.
El Gobierno es claramente responsable del hecho de no haber cumplido a tiempo sus compromisos suscritos en octubre del 2010 al concluir la anterior huelga de hambre y retiró tardíamente los requerimientos legales, dejándole tiempo y espacio al Ministerio Público del sur para mantener su doctrina de aplicación de la Ley (anti)terrorista.
Por su parte, la acción de los Fiscales ha contribuido a criminalizar la causa mapuche y la Corte Suprema ha validado procedimientos cuestionables en materia procesal, limitándose sólo a rebajar penas y no entrar al problema de fondo demandado por los comuneros: esto es, un debido proceso.
El Parlamento ha sido pasivo en su relación con la Ley (anti)terrorista y permite su vigencia.
En suma: los poderes del Estado son responsables del estado actual de estos problemas que siguen vigentes.
En consecuencia, se impone entonces una solución política la que está en manos del Gobierno, mediante el expediente de un Indulto Presidencial en el marco de la Ley que se está debatiendo en el Congreso respecto del hacinamiento de los penales.
Se trata de una norma especial, tal como ha ocurrido en otros hechos anteriores y por lo mismo en nada ilegítima o inviable.
Esto es particularmente sostenible por cuanto los presos mapuches en huelga de hambre no han asesinado a nadie y los delitos que hubiesen cometido son susceptibles de penas menores con beneficios pertinentes. Esto fue descartado por la Corte Suprema y se ha empujado así a una grave espiral del conflicto.
El camino político entonces emerge como una posibilidad razonable de encarar este tema y brindar solución a la prolongada huelga de hambre que ya tiene efectos irreversibles en las personas involucradas.