Cuando Sebastián Piñera ganó la elección presidencial el 16 de enero del 2010 y luego formuló sus primeros anuncios el 11 de marzo al asumir su cargo, muchos concertacionistas pensamos que con una Alianza conservadora triunfante y ahora instalada en La Moneda, efectivamente se instalaba “una nueva forma de gobernar”, tapizada por anuncios de eficiencia, probidad, cercanía ciudadana y prácticas novedosas de gestión y administración.
A fin de cuentas, la Alianza de los meses de la victoria era más o menos un conglomerado de personas y dirigentes “deseosos” de hacerse del poder y desde el Gobierno actuar corrigiendo todo aquello que se estimaba como ineficiente o insuficiente.
La Alianza por Chile había puesto en el banquillo de los acusados a los Gobiernos de la Concertación. En la campaña electoral se esmeraron en mostrarse renovados, limpios, con ganas de “trabajar por Chile y solo por Chile”. Piñera había patentado su latosa frase: “¡Arriba los corazones!”, como una señal de cambios profundos que vendrían inevitablemente por delante.
Si. Los Concertacionistas pensamos que con ello se inauguraba el milenio conservador con un Presidente dinámico, audaz, versátil, lúdico, sorprendente, una máquina de trabajo capaz de estar en varios lugares casi simultáneamente.
Su equipo estaría conformado por los mejores hombres y mujeres del mundo privado. Gentleman de la Economía. Profesionales exitosos en diversos oficios empresariales. Accionistas de empresas poderosas y Estudios jurídicos de marca internacional.
Miembros de Directorios rutilantes. Trilingües. De hecho, el desfile de nuevos Ministros que al momento de jurar reciben un pendrive con el nuevo Plan de Gobierno, sonrientes antes las cámaras y felices por una victoria impensada en 50 años, hizo palidecer a muchos en la vieja y desgastada Concertación, resignados ahora a mirar el poder sólo a través de la Televisión.
A un año de la “nueva forma de gobernar” el oxígeno retorna lentamente a los Concertacionistas y a la oposición. La caída en las expectativas ha sido más rápida de lo esperado.
Nombramientos irresolutos en Intendencias, Gobernaciones y cargos menores. Cambios periódicos de autoridades (y bastante seguido para nuestro parecer), principalmente por impericia.
Muchos viajes dinámicos (aviones, helicópteros, barcos, carreteras.) para presentar diversos anuncios y, finalmente, pocos resultados. Sequía legislativa. Recursos fiscales no ejecutados a tiempo. Programas nuevos sin financiamiento sustentable…Y mucho discurso.
En materia de probidad, la madre de todas las batallas, en menos de 10 meses, en este primer año de Gobierno han caído Intendentes, Ministros de Estado y Subsecretarios por negligencia en sus cargos y, lo que es peor, se ha constatado la misma y negativa práctica de usar el poder a favor de intereses particulares, a través de oscuros negocios que finalmente apuntan a denuncias relevantes de fraude al Estado, como ocurre en el llamado “caso Kodama”, que involucra al Ministerio de Vivienda.
Si esto es la expresión más superficial de “la nueva forma de Gobernar” entonces es evidente que tenemos un problema como país. Esto, sin advertir todavía de manera suficiente los efectos que tiene para Chile el hecho de que parte del poder en manos de la derecha está siendo usado para fines empresariales, como es el caso de la Dirección de Aguas en Obras Públicas en donde uno de sus principales personeros se desempeñó como profesional de confianza del proyecto HidroAysén o la extensa red de funcionarios de Gobierno que guardan una estrecha relación de amistad (y de intereses compartidos) con compañías nacionales e internacionales.
Si la “nueva forma de Gobernar” es manejar La Moneda como una empresa más del mundo privado, tenemos otro problema, porque un Gobierno es elegido para servir a todos los chilenos y no sólo a un sector del país.
Y ya sabemos que el Poder corrompe, pero el poder total corrompe aún mucho más. Y con la conquista del Gobierno en la anterior elección presidencial, la derecha en Chile cerró el anillo de poder que comprende los medios de prensa (todos), los bancos y compañías financieras e industriales, la mitad de los Municipios y un poco más de un tercio del parlamento.
Es decir: pueden proponerse lo que quieran y no habría impedimento suficiente para impedirlo. Hidroaysén es una pequeña muestra.