Al momento de pronunciar su segundo mensaje presidencial, el gobierno de Piñera ya ha mostrado lo que vale. Su mérito es haber puesto término a la transición. Otra cosa es su capacidad para enfrentar los principales problemas del país: Sencillamente no ha dado el ancho.
Disfrutó su minuto de gloria durante el rescate de los mineros. Merecido, universal y con un desenlace feliz. Precisamente allí, puso en evidencia que el término de los gobiernos de transición significó el restablecimiento de la autoridad de la Presidencia de la República. Ni más ni menos. Puesta en acción, fue capaz de movilizar todos los recursos requeridos para enfrentar la emergencia.
El contraste con la impotencia de su antecesora en la madrugada del terremoto no pudo ser más lamentable. No es cuestión de estilos. En este sentido Piñera es un desastre. Algo así como un niño manejando un tren. Al revés de la presidenta y los tres presidentes que le precedieron, que descollaron en este aspecto, restableciendo las mejores tradiciones republicanas de ejercicio de la autoridad.
El problema es que todos ellos sólo gobernaron en la medida de lo posible. Estuvieron al mando de una institución minusválida. Sin autoridad frente a los empresarios. Tampoco frente a los militares. Ni siquiera mandaban a su propio Ministro de Hacienda. Este último ejercía el poder real en el gobierno, con su cohorte de tecnócratas.
Todo ello terminó con Piñera y en buena hora. Lamentablemente, su gobierno representa una coalición dirigida por el mismo sector social y económico que ha venido hegemonizando los asuntos públicos a lo largo de los últimos cuarenta años. Mal pueden, ahora desde el gobierno, resolver los problemas que en buena medida han creado ellos mismos, ejerciendo todo el tiempo derecho a veto en el Parlamento y el mando en Hacienda, el Banco Central y los medios.
Ahora han puesto en evidencia su carácter de pequeña casta secular. Tan segregada que ni siquiera es capaz de apreciar su propia rusticidad y la modestia, bien modesta, de su encanto.
Muy por el contrario, como suele ocurrir en la lejana provincia, se tiene a sí misma en la más alta estima. Miran por encima del hombro a sus pares de los países vecinos, los que apenas se enteran puesto que en verdad les dan cancha tiro y lado por donde se mire la cosa.
Menos mal que “hacen las cosas bien,” como declaran a menudo, convencidos de haber descubierto una especie de piedra filosofal.
Como sería si no, puesto que aún así han dejado cuanta embarrada ha sido posible en el corto tiempo que llevan gobernando.
Más allá de cuestiones de estilo, su incapacidad ha quedado de manifiesto en casi todas las cosas importantes.
Por ejemplo, no se la pudieron con el principal problema de Chile.
Como todo el mundo sabe, éste consiste en recuperar sus recursos naturales apropiados por un puñado de corporaciones privadas. Hicieron un amago de subir el llamado “Royalty 2.” Lagos lo había fijado en cuatro por ciento de las utilidades y ellos lo subieron a ocho. En retribución, siguiendo un precedente vergonzante, abdicaron por varios años al derecho soberano de fijar impuestos.
A los pocos días, las mineras más importantes aceptaban pagar un tributo similar en Australia, su país de origen ¡pero de treinta por ciento!. Más recientemente, según informa el Financial Times del 12 de Mayo del 2011, el gobierno conservador-liberal del Reino Unido subió el cargo del mismo tipo que cobra a las mineras que operan en su territorio, las que quedaron pagando un impuesto total ¡de 81 por ciento!
De este modo se ha agravado la distorsión enorme de la economía nacional a consecuencia de regalar a privados la renta de los recursos naturales. En los cuarenta años precedentes, más de la mitad de las inversiones totales fueron a parar a dos ramas, minería y energía, que en conjunto ocupan menos del uno por ciento de la fuerza de trabajo. Según informa El Mercurio del 18 de mayo del 2011, en los próximos cinco años dicha proporción ha aumentado a ¡dos tercios!
Los grupos económicos hegemónicos en Chile obtienen la mayor parte de sus ganancias de la renta de recursos naturales de los cuales se han apropiado. No son propiamente capitalistas, sino simples rentistas.
Los primeros obtienen las suyas a costa de mantenerse siempre a la cabeza de sus competidores mediante la innovación constante en la producción industrial. Sus ganancias provienen de una fuerza de trabajo altamente calificada, a la que deben remunerar adecuadamente y tratar con respeto.
A los segundos, en cambio, la fuerza de trabajo les importa un bledo. Total, como escribe en su editorial el diario británico antes citado, sus ganancias provienen de tesoros que sacan de la tierra y el agua, cuyo su precio no guarda relación alguna con el trabajo que costó extraerlos.
Eso explica que la hayan mantenido cesante en una proporción superior a ocho por ciento en promedio, a lo largo de cuarenta años. También que hayan desmantelado la industria nacional, que hoy ocupa menos del diez por ciento de la fuerza de trabajo.
Por eso se ha mantenido en el tiempo el desmantelamiento brutal de la educación pública tras el golpe de Estado. Hace cuarenta años matriculaba el 30 por ciento de la población total del país en establecimientos gratuitos de buena calidad en todos los niveles educacionales.
Hoy dicha proporción no llega al 26 por ciento, considerando tanto los establecimientos públicos como los privados. Las familias deben pagar la mitad de la cuenta, proporción que en al caso de la educación superior sube a un 85 por ciento según la OCDE.
Los estudiantes de este nivel y sus familias se están encalillando en 1,7 billones de pesos por año, cifra que equivale a más de la mitad de todos los impuestos a la renta pagados el 2009 por todas las empresas y personas pudientes del país.
¿Y qué responde el gobierno? Han anunciado diez puntos programáticos insustanciales, que no mejoran nada y empeoran algunas cosas.
El tribunal constitucional dictaminó recientemente que las ISAPRE no podían discriminar por edad o sexo. Tímidamente, el gobierno de Piñera hizo circular una propuesta para terminar con las ISAPRE y establecer un esquema de riesgo compartido, parecido al que impera en Holanda.
Sin embargo, no pudo resistir la presión de las ISAPRE y mandó al Congreso una llamada “ley corta,” que deja las cosas más o menos igual. Las AFP discriminan igualmente a las mujeres, puesto que los hombres obtienen pensiones un tercio más elevadas para fondos iguales. La Corte Europea de Justicia acaba de dictaminar que ello está prohibido en el territorio de la Unión Europea. Acá el gobierno ni siquiera se ha enterado.
Y suma y sigue. Así es el gobierno de Piñera. Pudiendo haber asumido los grandes desafíos de otro modo, terminó siendo otro gobierno más de “ley corta.”
Por este motivo, la ciudadanía está empezando a tomar cartas en el asunto. Más de cien mil estudiantes salieron a la calle la semana anterior al mensaje presidencial. Dos días después, los organizadores de una protesta contra HidroAysén esperaban mil manifestantes y más de treinta mil respondieron a su convocatoria.
Así sucede en Chile de tanto en tanto. Es el nuestro, un pueblo con buena memoria, mal informado pero bien enterado y muy paciente, que cada veinte años pierde la paciencia.
Cuando el sistema político no responde, la gente toma las cosas en sus manos e impone una solución a los grandes problemas. Ha venido ocurriendo a lo largo de un siglo. Se le puede venir a Piñera.