Sencillamente no me seduce hablar del “cambio de gabinete”… Por el contrario, el tema de la educación superior tiene muchas aristas.
En mi columna anterior comenté sobre el alto precio que se paga en Chile por una carrera universitaria y que según Organismos Internacionales transforman a nuestra educación superior en una de las más caras del mundo.
También comenté las alternativas de gratuidad en universidades públicas de algunos países de América Latina – posibilidad inexistente en Chile- las que en los rankings de calidad mundial están situadas muy por encima de las universidades chilenas, sean éstas públicas o privadas.
Hoy quiero abordar otro aspecto que representa una dolorosa realidad para la sociedad moderna, entre ellas la chilena. Se trata de la descoordinación existente entre las profesiones ofrecidas por la educación superior y el mercado laboral.
Me refiero concretamente al destino de miles de jóvenes chilenos que tras un esfuerzo académico y económico de sus padres – y también de ellos, ya que muchos hipotecan su futuro para pagar su crédito universitario – estudian carreras que el marketing se ha preocupado de posicionarlas pero que en la práctica no tienen campo laboral en Chile, o en ninguna parte del mundo, o sencillamente, por una falta de planificación de las autoridades educativas, están absolutamente saturadas.
La lista de éstas últimas hoy es larga: tenemos tradicionales como derecho, periodismo, sociología, filosofía, diseño, sicología y otras “nuevas” que el marketing instala pero cuyo campo laboral es inexistente. Por el contrario, las ingenierías y carreras relacionadas con la salud cada día necesitan más profesionales, tal como sucede con otras ocupaciones de carácter técnicas que requiere el país.
El resultado de estas ecuaciones es una alta cesantía de jóvenes profesionales, que soñaron con una sociedad mejor y que hoy deambulan buscando trabajo con un título de licenciatura, de magister e incluso de doctorado, bajo su brazo. Son los cesantes ilustrados.
Ahora bien, si logran encontrar el ansiado trabajo, los sueldos que reciben, en condiciones laborales abusivas, son menores al pago mensual que hicieron durante cinco o más años para pagar sus estudios en cualquier universidad del país.
Comparto dos casos cercanos y reales: un joven que estudió en colegio pagado y posteriormente publicidad en una universidad privada. Terminó pagando una mensualidad de más de 300 mil pesos. Encontró su primer trabajo y recibe hoy 300 mil pesos mensuales de sueldo, sin contrato y a honorario.
Segundo caso. Diseñadora industrial en una universidad chilena (pública) con maestría en una universidad española. Estudió en colegio pagado y universidad nacional y extranjera, ambas también pagadas. Total 20 años de estudios; más de cuarenta currículos enviados en meses de espera. Sus pretensiones salariales, $ 500 mil mensuales, son muy altas para una profesión que prácticamente no tiene campo laboral en Chile y que la continúan estudiando centenares de jóvenes en universidades públicas y privadas.
Estoy seguro que muchos padres y jóvenes que leen esta columna podrán sumar cientos y miles de ejemplos. De este sector surgen los indignados, no tan sólo en Chile, sino que en el mundo moderno actual.
Jóvenes que por razones económicas debieron desertar de la universidad, los “ninis” (ni estudian, ni trabajan), otros, como decíamos, que deambulan con títulos bajo el brazo y que no encuentran un empleo digno y que por lo tanto pasarán a engrosar la lista de morosos universitarios, con el correspondiente envío de sus antecedentes al boletín comercial. Una minoría de los titulados, no superior al 30%, es el que logra obtener un trabajo digno y con una buena remuneración.
El desempleo golpea más severamente a los jóvenes de entre 21 y 30 años (con tasas, según sea el país, entre 20% y 40% de cesantía).
Son los que mayoritariamente protestan hoy en las calles y que se sienten abusados por un sistema que cada día progresa en inequidades, negándoles igualdad de oportunidades que es lo que reclaman.
Que exigen, y lo seguirán haciendo, una política educacional seria y transparente, que fortalezca la educación pública y el rol del estado. Los que con ansiedad y furia piden que se haga un escáner profundo a nuestra educación para superar las deficiencias que se arrastran por décadas y que se cansaron de esperar y escuchar falsas promesas.
La creación de una superintendencia de educación que transparente, regule y controle la enseñanza superior, y que está siendo considerada en la reforma estructural educativa que ha anunciado el actual gobierno – después de la toma de las calles por parte de los jóvenes – creo que apunta en la dirección correcta.
Existe una oportunidad histórica para hacer el cambio, de escuchar a la sociedad civil. De lo contrario, las calles continuarán siendo testigos del inconformismo de una generación que reclama un sitio en la reconstrucción de Chile y donde la educación sea reconocida como un bien público.