Al morir el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, condenado a más de 520 años de cárcel y procesos en curso que las elevaban a más de mil, Chile se ve ante una pregunta que, probablemente, este en la reflexión social por muchos años, se refiere a cuánta verdad y justicia se ha logrado ante el ejercicio institucional del terrorismo de Estado y a las crueles violaciones de los derechos humanos que le son inseparables.
Sin saber el destino de los detenidos desaparecidos e ignorarse el nombre de una parte de los que quitaron la vida a los ejecutados políticos y que fueron criminales y torturadores, un sector de opinión cree que en Chile impera la impunidad y que los grados de verdad y justicia son marginales o que no llegan a un mínimo aceptable. De allí surge un sordo malestar con Chile y con la democracia que se ha reconstruido.
El fruto de las investigaciones y sentencias de los tribunales de justicia y de otras iniciativas, tales como la Comisión sobre Verdad, Justicia y Reconciliación que entregó el Informe Rettig, así como el trabajo de la Comisión sobre Prisión política y Tortura que estructuró el Informe Valech, señalan que una mirada tan negativa no se corresponde con lo que, efectivamente, ha acontecido en este tema fundamental para la ética política y social en el país.
En efecto, el Informe Rettig dio a Chile una verdad histórica definitiva, el ejercicio del terror por agentes del Estado, protegidos y cubiertos desde el mismo, en contra de personas indefensas, fue una práctica habitual, sistemática y persistente baja la dictadura, cuyo jefe Augusto Pinochet, dispuso de todo el poder, político y militar, a la vez que contó con la vergonzosa anuencia del sistema judicial de la época.
Hasta el Informe Rettig los partidarios del régimen, se escudaban en la repulsiva excusa de que hechos tan deleznables habían sido “excesos”, parte de la falaz guerra interna con que tantos aliviaron la conciencia; o en la versión más canallesca, que fueron enfrentamientos entre los mismos “extremistas”.
Asimismo, la Comisión Valech pudo reunir el testimonio de más de treinta mil víctimas de la prisión política y tortura, en una recopilación terrible y tremenda de la experiencia más trágica de la historia de Chile, en que se empleó el aparato institucional para practicar los tratos más crueles e inhumanos, abolir la dignidad del ser humano y abusar de la sumisión impuesta al país, con tales viles y humillantes métodos.
El Informe Rettig fue elaborado en un esfuerzo titánico, en el gobierno del Presidente Patricio Aylwin, a lo largo de nueve meses, entre los años 1990 y 1991; el Informe Valech, es de los años 2003 y 2004, siendo Presidente Ricardo Lagos, en este caso la Comisión siguió trabajando y recibiendo testimonios hasta el 2009, presidida por Maria Luisa Sepúlveda.
Esta tesonera labor desmiente completamente la idea que propagan ciertos sectores, en el sentido que las autoridades civiles se habrían involucrado en un supuesto “pacto de silencio”, que escamoteara la verdad y la Justicia. Cada uno de los pasos que se logró materializar fue abriendo camino y ensanchando los límites de lo posible.
Hay quienes motivados por el afán de desconocer los hechos, tratan de presentar como una misma cosa las complicidades de los culpables de crímenes de lesa humanidad, que sí se hicieron parte de conductas tendientes a ocultar la verdad y ampararse en mafiosos pactos de silencio, con el esfuerzo de la justicia y las fuerzas civiles que se estrelló con esas conductas y no pudo avanzar, tanto como era necesario para alcanzar una justicia plena.
Tal situación quedó planteada en el caso de Pinochet. Amparado primero en los enclaves autoritarios y luego de su reclusión en Londres, bajo la declaración médica de “demente”, el que fuera cabeza del régimen criminal consiguió eludir la acción de la Justicia.
No obstante, los esfuerzos en los Tribunales, estimulados por las demandas de las organizaciones de derechos humanos, realizados en el marco del restablecimiento de la institucionalidad democrática, llevaron a que el Poder Judicial con otra doctrina, comenzara a aplicar el Derecho Internacional Humanitario, y más de un centenar de efectivos, incluyendo más de una decena de generales (R), autores de crímenes de lesa humanidad, fueran encarcelados.
Las sanciones de cárcel superan el número de años que la actual generación puede vivir. En el hecho, son perpetuas. Los tribunales de justicia al aplicar el Derecho Internacional Humanitario han obrado con energía y rigor para sentenciar a terroristas de Estado que vivían en la impunidad. Ahora bien, este fue un largo proceso, por momentos, demasiado lento, lo que favoreció la impunidad de parte de los criminales. No cabe duda que había que avanzar más, con mayor resolución y energía.
En las últimos días, no sólo se rompió el Pacto de Impunidad que impedía confesar a los autores en el “caso Quemados”, también se quebró en el terrible caso conocido como “matanza de Laja”, así como avanzó el juicio por el asesinato de Carmelo Soria. Se agrega además, que se dictaron condenas en el crimen del químico de la DINA, Eugenio Berrios, ordenado para asegurar su definitivo silencio, ante el riesgo que “hablara”,
En consecuencia, la acción de la justicia no se detuvo. Sin embargo, las sanciones de los Tribunales no podrá volver la vida a las víctimas, ni nunca borrará el dolor que provocó el terrorismo de Estado. Por ello, hay que reforzar la memoria histórica de la nación para derrotar el olvido y reivindicar la memoria de los caídos.
De allí que sea una tarea esencial, el Nunca Más, que jamás pueda implantarse un régimen criminal, como el que se entronizó desde 1973 hasta 1990, así como, robustecer y afianzar el Estado de derecho, el valor de los Derechos Humanos, el ejercicio de la diversidad en las ideas y el pluralismo cultural y político, para que sea imposible demoler la institucionalidad democrática y hacer inviable cualquier aventura golpista.
Hay países que sufrieron un drama similar a la situación vivida por Chile, que ahora con líderes, en lo formal, mucho más a la izquierda que los gobiernos democráticos de la transición, no han logrado en materia de verdad y justicia, ninguno de los avances que sí en Chile se han conquistado.
Según lo expuesto, no es correcto desconocer lo realizado por la democracia chilena; tal vez la retórica utilizada no fue del tono que, a veces, forman la imagen de un periodo histórico; pero lo hecho ha servido para que la condena social a las atrocidades de la dictadura, sea tan fuerte que el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, no tuvo ni funeral, fue incinerado a la carrera para que no fuera repudiado en ese episodio final. Eso lo dice todo.