La Cámara de Diputados aprobó unánimemente la creación de una subsecretaría de Derechos Humanos en el ministerio de Justicia, que pasará a denominarse de Justicia y Derechos Humanos.
El proyecto responde a una necesidad evidente de nuestra institucionalidad en el sentido de avanzar en la optimización de la gestión pública para la promoción y protección de los Derechos Humanos. La creación del Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDH), órgano autónomo que responde a las recomendaciones internacionales para la protección de los Derechos Humanos, fue un primer paso muy relevante. Su labor y su autonomía, sin embargo, no ha sido siempre bien comprendida por el mundo político.
La Subsecretaría de DDHH deberá encabezar y coordinar la labor gubernamental en este ámbito. Quedará pendiente la creación del Defensor del Pueblo para cerrar el círculo que nos permita decir que Chile, al menos desde el punto de vista institucional, ha sabido ponerse al día y aprender algunas de las lecciones de su doloroso pasado.
Entre las más importantes mejoras que la Cámara incorporó al proyecto original, enviado por el presidente Piñera, está la incorporación al Comité Interministerial de Derechos Humanos, de los ministros de Educación y Defensa lo que debiera permitir introducir con mayor fuerza, a través del Plan Nacional de Derechos Humanos, la formación en derechos humanos a nivel escolar y en las escuelas de oficiales y sub oficiales de las fuerzas Armadas.
Otra mejora relevante es que el proyecto aprobado integra de mejor forma una consideración de la actual institucionalidad de los derechos humanos. En particular, asume la existencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ya que incorpora la obligación de tener a la vista los Informes y recomendaciones del INDH a la hora de elaborar el Plan Nacional de Derechos Humanos.Por otra parte, se han fortalecido las atribuciones y competencias de la subsecretaría, vinculadas al fomento y promoción de los derechos humanos y a la generación de instancias de diálogo y participación ciudadana.
Por otra parte, el proyecto aprobado traspasa a la nueva subsecretaría los archivos y competencias del Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior. Esto significa que deberá promover la investigación y sanción de los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura, preservar la memoria histórica de las violaciones a los derechos humanos y promover su reparación.
Siendo esto muy positivo, habría sido esta una buena oportunidad para dejar abierta la puerta para la calificación de nuevos casos de víctimas no consideradas en los Informes Rettig y Valech y para hacer referencia a la memoria histórica y situación de derechos humanos de los pueblos originarios de Chile, tema que resurge porfiadamente y que sin duda también deberá asumir la dicha subsecretaría.
Con todo ello, más las atribuciones que venían definidas en el proyecto original, la subsecretaría pasa a convertirse en una parte relevante del centro de gobierno, esto es, de los organismos que tienen competencias transversales ya que le corresponderá ejecutar y monitorear un Plan Nacional plurianual y que cruza a prácticamente todos los ministerios y servicios públicos.