La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó, en general, el proyecto de ley que establece la posibilidad de interrumpir el embarazo en tres causales: riesgo para la vida de la madre, inviabilidad fetal yviolación.
Han pasado 24 años desde que junto a un grupo de diputados pusiéramos en discusión esta materia a través de una moción que reponía en nuestro país el aborto terapéutico, eliminado sólo en las postrimerías de la dictadura.
En efecto, frente a la argumentación de algunos de inconstitucionalidad, por cuanto la Carta Fundamental señala que la ley protege la vida del que está por nacer, cabe replicar que el aborto terapéutico fue perfectamente compatible con esta misma Constitución por casi una década.
Más aún, si se revisan las actas de la comisión conformada por el régimen militar para generar el actual texto, la discusión que se dio deja de manifiesto que la inclusión de ese párrafo no significa excluir la posibilidad del aborto, sino que es un mandato al legislador para regularlo.
Los comisionados hablaron claramente de que una opción era el aborto terapéutico, pero también podían ser otros. La incorporación de la frase – se señaló – solo buscaba establecer que esta regulación no podía llegar a la amplitud que el aborto tenía en los países nórdicos.
Por tanto, las tres causales son perfectamente compatibles con la Constitución actual. Son hipótesis muy precisas que tienen amplio apoyo en la opinión pública.
Situaciones éticas limites, en que está en riesgo la vida de la madre o su integridad psíquica, derivada de la experiencia de llevar adelante un embarazo inviable o surgido de una acción delictiva.
Valoro profundamente que la sociedad chilena, casi un cuarto de siglo después tenga la madurez para discutir abiertamente este tema. Asimismo, el coraje de la Presidenta de la República y de su Gobierno para impulsarlo.
Resta aún parte importante del debate. Hay visiones contrapuestas, como es obvio a un tema valórico. Lo importante es entender que las normas jurídicas constituyen un marco para todos los miembros de la comunidad. Un mínimo común compatible con las visiones de todos.
Sobre ello, siempre hay normas religiosas y morales que a nivel personal complementan las obligaciones legales. Quienes desde su particular visión están en desacuerdo no ejercerán este derecho, pero no pueden imponerla a toda la sociedad.
Esta idea se plasma nítidamente en una cita del ex Presidente francés Valéry Giscard d’Estaing pronunciadas cuando en el país galo se promovió esta materia. “Yo soy católico, pero soy presidente de la República de un Estado laico. No puedo imponer mis convicciones personales a mis ciudadanos (…) sino (más bien lo) que tengo que (hacer es) velar porque la ley se corresponda con el estado real de la sociedad francesa, para que pueda ser respetada y aplicada. Comprendo, desde luego, el punto de vista de la Iglesia católica y, como cristiano, lo comparto. Juzgo legítimo que la Iglesia católica pida a aquéllos que practican su fe que respeten ciertas prohibiciones. Pero no es la ley civil la que puede imponerlas con sanciones penales, al conjunto del cuerpo social”.
Y concluye, “como católico estoy en contra del aborto; como presidente de los franceses considero necesaria su despenalización”.