La emergencia de casos de parlamentarios que participando en comisiones legislativas de un rubro prestaban asesorías a empresas privadas de ese mismo sector ha estremecido a la opinión pública. No es para menos, ellos que manejaban información confidencial y estratégica para el Estado sobre el tema informaban a las empresas privadas para su toma de decisiones, actividad limítrofe con el alto espionaje contra el Estado.
El país ha presenciado estupefacto la participación de una enorme cantidad de legisladores y políticos en financiamientos millonarios de sus campañas electorales u otras actividades políticas por empresas privadas que ponen en duda su libertad y autonomía profesional como parlamentarios.
¿A cambio de qué esas empresas invirtieron esas enormes sumas de dinero? ¿A quién obedecen estos parlamentarios? ¿Al pueblo que los eligió?
Se discute el proyecto de ley sobre carrera docente y tiene a una buena parte de profesores y alumnos en paro y movilizaciones ¿Discutirán y votarán el proyecto los parlamentarios que tengan acciones, dicten cursos pagados, o tengan cualquiera otra vinculación comprometedora con empresas educacionales o relacionadas (fundaciones), sea por parte de ellos o de familiares directos? La ética mínima dice que deben inhabilitarse ¿lo harán?
Debido al destape de estas monstruosidades morales especialmente relativas a la probidad y transparencia de las acciones política-empresas, la Presidenta haciendo énfasis en los graves delitos éticos que se cometían nombró una comisión “Contra los conflictos de interés…”, pero que no tenía entre sus integrantes a eticistas de oficio, sino que a economistas, profesión con no pocos desacuerdos con la profesión de ética, unos pocos abogados (sólo uno de ellos filósofo del derecho) y un filósofo ¿Qué le va hallando?
Tan impertinente es el nombramiento que incluso se comete un error ético de principiante; no es posible ir en “contra” de los conflictos de interés; estos son propios de la vida y es bueno que los haya. Se trata de encausar, regular, canalizar o armonizar estos conflictos.
Por otra parte el país tiene a la Sociedad Chilena de Bioética, a quién podría consultar, a las Comisiones de Ética y Bioética de todas las Facultades de las universidades grandes en Chile, a los Departamentos de Ética de los Colegios Profesionales y a una pléyade de eticistas, profesores, magísteres y doctorados en ética y Bioética.
Más grave e imperdonable aún, la ley 20.120 de 2006 contiene el mandato de creación de la Comisión Nacional de Bioética (CNB), precisamente para asesorar a la Presidencia de la República y al Parlamento en materia de ética, y ni Bachelet 1.0, ni Piñera 1.0, ni Bachelet 2.0 han creado, auto tipificándose como negligentes éticos evidentes ante todo el país.
El primer proyecto de la ley 20.120 creaba una CNB de Estado con nominaciones de las Universidades y expertos en ética. Mi proposición en el Parlamento planteó “… en cuanto a la Comisión Nacional de Bioética, que no puede formar parte del aparato gubernamental, porque el gobierno es el aparato ideológico del Estado, debiera conformarse un organismo dotado del mayor pluralismo posible a fin de cumplir a cabalidad con sus objetivos”.
Poco a poco fue politizándose el debate y quedó como una comisión de 9 integrantes nombrada por el presidente con la anuencia de los dos tercios del Senado. En los comentarios de pasillo en el Parlamento profeticé, junto con otros, que esa comisión nunca iba a nombrarse por las componendas políticas, religiosas e ideológicas; y así ha sido.
Me he quedado corto en mostrar este desprecio y agresión, o quizás miedo, de los Gobiernos y de las Empresas hacia la ética. Uno de los poderes que podría disputar la conducción del país a la Dictadura Militar era el de los colegios profesionales por su férrea organización y control del ejercicio profesional por orientaciones éticas que eran no-políticas, no-empresariales y no-ideológicas; era preciso para la Dictadura destruir ese poder.
La Oligarquía y las empresas en general tenían también un freno severo a la avaricia, a la evasión y elusión de impuestos, a las coimas, cohecho y manejo financiero de los políticos y de la política, en la ética profesional y de los oficios (ética cuya infracción estamos viendo a diario). Era preciso para la Dictadura Militar-Empresarial destruir todo tipo de ética profesional.
Así se hizo por una idea genial de los ideólogos militares-neoliberales, se transformó los colegios profesionales en simples asociaciones gremiales sin ningún poder ético con lo cual se liquidó toda posibilidad de ejercicio ético en Chile.
La denodada lucha de los Colegios Profesionales desde entonces fructificó después de 20 años con la enmienda constitucional de 2005 en donde se recuperó la condición de colegios profesionales pero no la de tuición ética cuyo proyecto de ley se presento recién en 2009 y desde allí duerme profundamente. Un remezón de urgencia tuvo este año con el destape ético, pero duró sólo una semana.
Ninguno de los escándalos que vemos sería posible con ética profesional en los contadores, ingenieros comerciales y todos los profesionales del comercio y las finanzas; con una factura o boleta falsa el profesional se arriesgaría a no poder ejercer más su oficio.
Tampoco sería problema la solución ética de los conflictos de interés porque los colegios profesionales tienen una amplia experiencia al respecto, basta mencionar la lucha interminable entre los colegios profesionales de la salud y la industria farmacéutica o de productos en salud.