Saliendo de Chile me ha sorprendido la reacción en el extranjero ante nuestros temas de corrupción. En una visita reciente de autoridades del sector económico chileno a sus contrapartes en Washington el tema prácticamente no apareció. En reuniones con otros latinoamericanos que escuchaban una discusión entre chilenos, también su reacción fue de sorpresa por nuestra excesiva preocupación ante casos que en otros países no suscitarían mayor reacción. En esa diferencia radica nuestra ventaja. La enérgica reacción de la comunidad chilena contra la corrupción es una fuerza decisiva para lograr estándares de transparencia y anticorrupción superiores a los existentes.
La Presidenta ha trazado el rumbo y asumido la conducción de las nuevas reformas. Ellas se agregan a las contempladas en el programa de gobierno, articulando así una nueva agenda 2015- 2017.
Cometeríamos un error si creemos que implementar tales cambios es un simple trámite legislativo.La historia de Chile muestra periodos oscuros. La venta de empresas del Estado en dictadura generó la más grande transferencia de recursos publicos a unos pocos privados.
Tropas a la calle para defender los cheques del hijo de Pinochet y las cuentas en el extranjero del dictador fueron síntomas alarmantes de degradación. El proceso de investigación impulsado por la Cámara de Diputados en 1990 para aclarar las ventas de activos públicos se frustró en medio de amenazas en los primeros años de la transición. Tampoco tuvieron éxito en el Congreso los sucesivos intentos de los gobiernos democráticos para financiar con recursos públicos campañas y partidos. La derecha se opuso obstinadamente. Igualmente se opuso a detallar las declaraciones de intereses.
La transparencia fue ganada paso a paso, tras grandes disputas. Se fueron eliminando los enormes recursos consignados como gastos reservados.En 1994 se formó una comisión por la transparencia que corrigiera la opacidad que se heredó de la dictadura. Se creó un conjunto de nuevas instituciones como el Consejo de Alta Dirección Pública, Chile Compras y normas legales que se fueron implementado a medida que se vencían las resistencias.
A comienzos del 2000 denuncias originadas por sobresueldos provocaron nuevas iniciativas de reforma, se constituyó una comision por la transparencia y en 2003 se incorporaron nuevas normas de probidad y aprobaron los primeros recursos para financiar las campañas electorales.En 2006 nuevamente un caso ( Chiledeportes ) gatilló otra iniciativa que se tradujo en nuevas normas pro transparencia .
Pero la historia demuestra que el empuje inicial se desgasta. Pasados los escándalos la atención afloja, nuevas coyunturas copan los medios y los opositores a los cambios ganan tiempo para desdibujarlos. Por ello creo necesario instalar un Consejo Nacional de Probidad que asesore a la presidenta durante el periodo 2015-17, haga el seguimiento de las iniciativas legales, sugiera cómo reforzar las normas que resguardan la ética en la sociedad civil, colegios profesionales, organizaciones empresariales y organizaciones locales, la educación en las escuelas y universidades.
Lo que acontece en los países democráticos avanzados revela que la infiltración de la política por el dinero es un tema universal. El poder económico tiene una irresistible propensión a acumular más poder, y busca influenciar la política y los medios de comunicación social para diseñar las instituciones a su favor. La imbricación del poder económico y político es una vulnerabilidad estructural de las sociedades democráticas, que debe ser combatida día a día. Por tanto, en Chile esta materia no debe ser entendida como una crisis pasajera, que se corrige a la pasada.
El problema de fondo es cómo desconcentrar el poder para profundizar la democracia. Para lograrlo, la primera prioridad es resguardar que la alta dirección de los poderes del Estado democrático no sea cooptada o condicionada por el dinero, distorsionando la voluntad ciudadana. Hay que instalar cortafuegos y también blindarlos del crimen organizado, el lavado de dinero y el narcotráfico. Pero la cabeza del Estado no puede ser una isla en medio de una sociedad de bajo estándar ético.
Por tanto, las medidas que resguardan la probidad publica deben ser complementadas de otras que limiten y sancionen las irregularidades e ilegalidades en el sector privado, como la colusión de farmacias, compra de acciones con información privilegiada, ajustes unilaterales de contratos por el sistema financiero, abusos de las empresas que proveen los bienes y servicios públicos, cohecho entre privados.
El avance hacia la transparencia y la probidad es parte del proceso de transferencia de poder, en consecuencia debe ir sincronizado con otras transformaciones económico sociales que signifiquen mayor distribución del poder.
De allí la necesidad de vincular esta iniciativa por la probidad y la transparenciaa las demás reformas comprometidas en el programa de gobierno. La reforma tributaria, el nuevo sistema electoral, la educación como bien público, una reforma laboral que equilibre las relaciones, descentralizar el poder a regiones, fortalecer la salud pública, perfeccionar el transporte público son todas reformas que distribuyen poder y afirman la democracia. Por tanto, la inclusión de estas nuevas reformas torne más y no menos importantes las reformas comprometidas.
Igual ocurre con el tema constitucional. El anuncio de la Presidenta de abrir un proceso constituyente, criticado por sectores de la derecha política y algunos empresarios y también de ciertos sectores de izquierda que anteponen el procedimiento, es necesario y viable. La elaboración de una nueva Constitución enmarcaría una reflexión mas profunda sobre una nueva institucionalidad y un nuevo pacto social para el siglo XXI. Y también es un proceso educativo para explicar qué es una constitución, qué reformas se han realizado, cuáles son sus insuficiencias y las opciones de cambio.
No será un proceso simple ni fácil. Es una meta ambiciosa que los chilenos podemos acometer para alcanzar mejores estándares democráticos.