Un gran triunfo judicial de primera instancia hemos obtenido en nuestra lucha contra la corrupción y la impunidad. Como recordarán, el 24 de junio del año pasado, haciéndonos eco del clamor vecinal para adoptar medidas en defensa del barrio, acordamos, a solicitud del Director de Obras de nuestra comuna, instruir la demolición de una de las torres del denominado Conjunto Armónico Bellavista, ubicado en la manzana de la Universidad San Sebastián, por haberse levantado ésta, con graves e insanables infracciones a las normas urbanísticas y legales vigentes.
Ante esta determinación, sin precedentes en la historia urbana de nuestro país, la Inmobiliaria afectada interpuso una acción de reclamación, con la intención de dejar sin efecto el referido decreto, fundando sus pretensiones en supuestos derechos adquiridos que emanarían de los certificados de informes previos y de los permisos de construcción obtenidos, sin pretender siquiera, defender la posibilidad que estos permisos hubiesen sido obtenidos de manera legal y en concordancia con las normas vigentes.
Luego de un largo juicio, el 22° Juzgado Civil de Santiago, ha emitido sentencia de primera instancia, validando de manera clara y tajante la actuación de la municipalidad, confirmando el Decreto de Demolición y rechazando todas y cada una de las reclamaciones contra el mismo.
Lo más relevante, en todo caso, es que el fallo apunta a sentar jurisprudencia en orden a que no existen derechos adquiridos, cuando la supuesta fuente de los mismos no se ha enmarcado dentro de las leyes vigentes, destacando el hecho de que tanto los certificados de informes previos como los permisos de construcción, simplemente no cumplieron con las leyes vigentes a la hora de ser obtenidos, lo que es particularmente grave si se toma en consideración que el Director de Obras de la época, fue condenado por diez casos de cohecho y destituido de su cargo por estos graves actos de corrupción.
Este fallo histórico da inicio a una nueva era en donde algunas inmobiliarias, acostumbradas a hacer lo que quieren con nuestra ciudad, tendrán que pensarlo dos veces antes de intentar materializar sus proyectos, si es que estos no cumplen con la ley, ante la evidencia de que con voluntad política, es posible combatir la impunidad y la corrupción.
Sienta, además, un precedente de tremenda importancia para nuestras ciudades y nuestros barrios y nos permite soñar con que esté llegando a su fin, la era en que algunas inmobiliarias, con total desprecio por nuestras comunidades, contando con la ayuda de funcionarios corruptos y creyéndose omnipotentes, han logrado arrasar con muchos de nuestros barrios, formas de vida, patrimonio urbano y arquitectónico atentando contra comunidades que sin protección alguna, se han visto dañados, sin haber sido consultados, ni considerados en lo más mínimo y con escasas posibilidades de reparación.