Terminado el mes de marzo, el gobierno ha comenzado a dar luces sobre cuál será su caballito de batalla este 2015, señas más señas menos, todo indica que será la gratuidad universal en la educación superior. Si bien es cierto, la sola idea de que la educación sea gratis es tentadora, es necesario reflexionar si es una medida correcta el tener que ejecutarla, y de ser de ejecutada, es indispensable analizar cuál es la manera más correcta de aplicarla.
En ese sentido, se hace obligatorio reconocer que a nivel social el Estado tiene una deuda en materia educativa, sobre todo porque los resultados obtenidos en cuanto a la calidad, no se condicen con los grandes montos que miles de familias han invertido en ella.Pero ello no implica, que la solución más justa sea la gratuidad universal. Al contrario, la deuda en materia educativa exige generar una discusión robusta, con el fin de generar soluciones y propuestas de alto impacto.
Por ello, hablar de gratuidad como la solución a los problemas sin antes atender a la calidad, parece descabellado. Pues un análisis detallado exige comprender, que la cobertura en educación superior está sobre representada por quienes tienen más ingresos, lo que responde a la enorme desigualdad que existe en el sistema escolar. Por esto, el efecto de una educación gratuita significaría entregarles más recursos a los más ricos y menos a los más vulnerables, lo que resulta altamente injusto.
Ahora bien, asumiendo que la propuesta del gobierno es avanzar en gratuidad, ésta puede adquirir efectos negativos en la población estudiantil si no se contemplan ciertos resguardos en su transición y aplicación.
En esa línea, más que avanzar en gratuidad a las instituciones lo que debiese primar es un enfoque prioritario sobre los más vulnerables, de lo contrario una reforma “bien intencionada” podría terminar perjudicando la calidad de aquellas instituciones destacadas por su excelencia.
Ante esto, no sería para nada justo que por un capricho del gobierno de querer sacar adelante la gratuidad, se contemple aplicar la medida a las instituciones de propiedad estatal, perjudicando de esa manera a aquellos alumnos vulnerables que no estudian en instituciones de esa naturaleza, debiendo ellos pagar por su carrera,mientras que los estudiantes de instituciones estatales provenientes de los quintiles más acomodados, sean beneficiados con la gratuidad.
Por otro lado, si la verdadera aspiración de este gobierno está en poner en marcha un sistema de educación superior equitativo, es necesario atender la realidad de las pruebas de selección universitaria.Por ello, el gobierno no debe pasar por alto un hecho comprobado, que la actual Prueba de Selección Universitaria (PSU) más que ser una herramienta predictiva sólo sigue reproduciendo diferencias que se originan en la cuna, perjudicando principalmente a los alumnos más vulnerables del sistema.
En ese sentido, pareciera coherente y justo que una política responsable pusiera el foco en la educación inicial antes que en la educación superior. Pues para nadie es motivo de duda, que las brechas de desigualdad y capital cultural adquirido se mantienen en la educación superior, en especial en el sistema universitario respecto de quienes pudieron asistir a la educación particular pagada versus quienes lo hicieron en la educación pública.
En conclusión, antes de proponer la gratuidad como un fin en sí mismo, urge dar pie a un debate responsable, en el cual se contemplen políticas integrales para una visión nacional de la educación superior, poniendo el acento principal en los estudiantes más vulnerables del sistema educativo.
Ahora bien, si la idea es avanzar en gratuidad, por cierto que hay maneras virtuosas de aplicarla, pues tal como se señaló anteriormente, ésta debe ir en beneficio de los alumnos provenientes de los primeros quintiles y no de las instituciones.
Sólo en un esquema que atienda de manera especial a este grupo de personas, permitirá que ellos dejen su situación de vulnerabilidad por el sólo hecho de haber asistido a la educación superior, pues no olvidemos que la educación les permite a las personas más vulnerables del sistema dejar de serlo.