Nos secuestraron la democracia, nos dejaron desnudos.
Oficialismo y oposición nos mostraron con exuberancia los últimos días que pueden paralizar la Justicia, seguir dictando leyes amañadas a favor de los grandes grupos económicos o cometer cualquier exceso mancomunado para silenciar los casos Penta, Soquimich o Alsacia.
Nos confesaron que son un grupo de interés, más que rivales políticos. Dispuestos a repartirse los derechos humanos o los recursos naturales como un mero botín, a veces.
Las operaciones en curso en Impuestos Internos y el Tribunal Constitucional son sencillamente brutales, de profundas convicciones antidemocráticas.
Muestran que la actual élite política está dispuesta a debilitar las propias instituciones que la albergan, con tal de retener su poder duopólico.
Como es sabido, Impuestos Internos ha demorado la investigación en Soquimich y ha abierto paralelamente espacios administrativos para que miles de operaciones sospechosas sean blanquedas, bajo secreto tributario. El Tribunal Constitucional, con el voto de un juez que meses atrás suplicaba fondos a Penta, quiso suspender la investigación de la Fiscalía contra Soquimich.
El poder está desnudo. Camina con sus miserias ante los ojos de la ciudadanía, también desnuda, pero en su soberanía.
Pero este camino hacia el silencio probablemente no ha terminado y tendrá más aristas, como suelen decir hoy. Por un lado, saldrán por un tiempo de la escena pública los políticos más complicados con las investigaciones, como el diputado UDI, Ernesto Silva. Por otro, comenzarán pronto las conversaciones para la designación del futuro fiscal nacional, alguien que La Moneda y el Senado escogerán cuidadosamente entre los suyos.
De hecho, no deja de ser inquietante que el futuro jefe del Ministerio Público deba ser ratificado en diciembre por los mismos que deben ser investigados por él.¿Cuántos otros chilenos pueden tener ese “derecho”?
El poder está desnudo, en toda su brutalidad. Por ello, no hay reparos para nombrar a una ex abogada de Pinochet y Colonia Dignidad en el Consejo Asesor Anticorrupción o a la senadora Jacqueline Van Rysselberghe en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta.
Ya nos notificaron que no hay pudores y que han entendido que esta institucionalidad autoritaria los protege. Y que están dispuestos a usarla abusivamente. Por eso, ¿hoy a quién le interesa la Asamblea Constituyente en los pasillos de La Moneda o el Congreso?
A muy pocos seguramente, porque acaban de entender que esta institucionalidad los ampara de sus excesos, excluyendo sistemáticamente a la ciudadanía.
Sin embargo, todo silencio tiene su momento de fin. Sucedió con los crímenes de la dictadura, con los escándalos del pasado reciente.
Y probablemente ocurrirá nuevamente, como sucedió con Pinochet, si finalmente las autoridades estadounidenses inician una investigación sobre las malas prácticas políticas de las empresas chilenas que cotizan en la bolsa de Nueva York, entre ellas Soquimich y el Banco de Chile.
Pero lo importante y necesario sería que esa verdad saliera a flote -con todas sus miserias- porque la presión ciudadana lo obliga.