Después de largos años de peticiones sobre la necesidad de actualizar el sistema de medición de la pobreza en Chile, por parte de distintas organizaciones de la sociedad civil y a partir de los cuestionamientos de validez y credibilidad en la entrega de las cifras de pobreza en el año 2011 por el gobierno del ex Presidente Piñera, éste último tomó la pertinente decisión de convocar a una “Comisión asesora presidencial de expertos para la actualización de la línea de la pobreza y la pobreza extrema”.
Dicha Comisión se abocó, en síntesis a actualizar la medición de la pobreza por ingresos, para tener una medida acorde a la realidad de las familias chilenas, proponer una medición multidimensional de pobreza, que incorpore un concepto más amplio de carencias y, por último, levantar propuestas para mejorar la institucionalidad dedicada a ejercer esta labor.
Sobre los dos primeros mandatos, trabaja actualmente el ministerio de Desarrollo Social, quien debe entregar a finales del presente año una nueva medición por ingresos, y esperamos, la primera medición multidimensional de pobreza en Chile.
Respecto a la interesante propuesta de nueva institucionalidad y como suele suceder en muchas otras áreas, el tema quedó lamentablemente pendiente. La propuesta de la Comisión en materia de institucionalidad contempla reducir el número de instituciones involucradas en el proceso, concentrando las responsabilidades en tres instituciones: el ministerio de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Estadísticas -con un rol de experto en materias estadísticas- y un Panel de Expertos, que cumpla un rol supervisor de todo el proceso de generación de estadísticas sobre la materia.
Al parecer, este pendiente en materia de institucionalidad es lo que ha llevado a los diputados Kast y Pacheco a proponer un Proyecto de Ley, que entrega a la Biblioteca del Congreso Nacional “el cálculo de la línea de la pobreza y de la extrema pobreza en Chile y la determinación del número de hogares en situación de pobreza; en situación de pobreza extrema; en situación de vulnerabilidad; y aquellos que no están en situación de pobreza ni de vulnerabilidad.”
Leyendo el texto del proyecto, es difícil entender por qué los diputados no tomaron en consideración la propuesta que la Comisión hizo sobre el tema, ignorando así los fundamentos técnicos de la misma y entregando una compleja actividad de cálculo estadístico a un servicio del Congreso Nacional, cuya función esencial es colaborar con los parlamentarios, pero no desarrollar tareas de mediciones.
Esta tarea, altamente cuestionada como ha sido en la última medición, requiere de una institucionalidad basada en la transparencia, independencia, suficiencia, participación y pluralismo.
Este propósito y no otro, entendemos fue el que motivó al anterior gobierno a presentar un proyecto de ley que busca crear un Sistema Estadístico Nacional (ver Boletín 8767-06), reponiendo de paso la confianza puesta dramáticamente en entredicho y gatillando así un importante debate público.
De esta manera, actualmente se discute en el parlamento un proyecto de ley de más de 40 artículos, que entre otras materias se hace cargo de la reformulación del actual INE y de las materias que serán de su competencia, donde por cierto están las estadísticas relacionadas con el área social.
Dicho proyecto, en definitiva, se hizo cargo de las palabras de Joaquín Lavín, quien sucedió en el cargo de ministro de Desarrollo Social al propio Kast: “ojalá en algunos años más, la medición de la pobreza la haga un INE autónomo”, señaló Lavín al diario El Mercurio el 8 de Septiembre de 2012.
Sin lugar a dudas, este proyecto respondía al retroceso sufrido en la credibilidad de las cifras y sin perjuicio de las adecuaciones que deben hacerse al proyecto, esto no debe dar pie para ignorar todo el trabajo, debate y aportes que se dieron en este lamentable contexto.
El actual Gobierno deberá apurar el paso para reformular el proyecto original y llegar en definitiva a la existencia de una suerte de Eurostat (Oficina de Estadísticas para la Unión Europea), que provee de todo tipo de datos a nivel del continente y también permite hacer comparaciones entre países.
Con todo y más allá del cuestionamiento al proyecto de ley de los diputados Kast y Pacheco, cualquiera que sea el organismo de la administración del Estado que el país decida para abordar estas labores, deberá asumir que las sociedades democráticas no pueden funcionar adecuadamente sin bases sólidas y sin estadísticas objetivas de calidad.
Quienes deciden las políticas, desde el gobierno central hasta los gobiernos locales, pasando también por los parlamentarios y la sociedad civil en general, necesitan datos actualizados, válidos y confiables.
Esta nueva institución debiese estar altamente capacitada, con directivos que ingresen por la Alta Dirección Pública. Pensar entonces en un sistema estadístico nacional, como un ente totalmente independiente y autónomo como el Banco Central, el CNTV o el INDH, resulta fundamental para perfeccionar aún más nuestra democracia y sin duda, el Parlamento tiene bastante que decir en su construcción, pero respetando y asumiendo el arduo camino recorrido hasta ahora entre actores muy diversos.