En muchos lugares de Chile se celebró la fiesta de Año Nuevo o fiesta del sol, con que se inicia el solsticio de invierno. Esta es una ceremonia espiritual de renovación que celebran los pueblos originarios y una ocasión para rescatar el carácter multicultural de nuestro Chile diverso.
Este 24 de junio también volvimos a conmemorar el Día Nacional de los Pueblos Indígenas y por ello, resulta relevante recordar que el 33.2% de la población menor de 18 años pertenece a algún pueblo indígena y de ellos, el 86% es mapuche.
La Convención sobre los Derechos del Niño es el primer tratado internacional que reconoce expresamente los derechos de la infancia indígena a preservar su cultura, al respeto de su identidad, a utilizar su lengua y a practicar su religión.
Hace 24 años, Chile ratificó dicha Convención y por ello, tiene la obligación de avanzar decididamente en garantizar todos los derechos establecidos en ella, para todos los niños, niñas y adolescentes del país, sin discriminación de ningún tipo. Sin embargo, en materia de derechos, aún hay una deuda importante con la niñez y adolescencia indígena.
Algunos datos que reflejan la disparidad: el 29.5% de niños, niñas y adolescentes indígenas viven en situación de pobreza, versus el 22.5% de los no indígenas, y el 14,4% de pobreza total del país.
Además, las familias indígenas trabajan bajo condiciones de mayor precariedad laboral: según datos de la ELPI 2012, entre el 34% y el 44% de las familias indígenas no tiene contrato laboral, comparado con el 27,5% de familias no indígenas.
El 19,1% de los adultos a cargo de la crianza en familias no indígenas tiene escolaridad básica, cifra que sube a un 32,1% en familias mapuche. El 10% de las familias indígenas cree que su hijo/a no accederá a educación superior, comparado con el 7% de los no indígenas.
El 81% de los niños y niñas indígenas no accede a museos, zoológicos o bibliotecas de manera regular, comparada con el 73% de los niños/as no indígenas. En los hogares de los niños y niñas indígenas la situación no es más favorable: sólo en el 21,9% de las casas de familias mapuches hay al menos 10 libros infantiles, comparado con un 30,9% en familias no indígenas.
Si bien, el país ha avanzado en la implementación progresiva del Sector de Lengua Indígena (Mineduc), es evidente que no es suficiente, considerando que el 88.3% de niños, niñas y adolescentes no habla ni entiende su lengua.
Especialmente preocupante resulta la realidad de muchos niños, niñas y adolescentes que viven en aquellas comunidades presentes en la zona de conflicto en el sur del país, y los efectos de la violencia sobre su desarrollo.
Con la creación del Consejo Nacional de la Infancia, Chile asume el desafío de avanzar en resolver los pendientes en materia de implementación de derechos para todos nuestros niños, niñas adolescentes, y de manera especial, deberá trabajar para reducir las brechas y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes indígenas.
El Consejo Nacional de la Infancia, trabaja por la universalidad de los derechos de los niños de Chile, y en dicho marco, debemos avanzar con decisión en extender la educación intercultural bilingüe, así como trabajar intersectorialmente para que las políticas que el Estado implementa cuenten con perspectiva intercultural.
Así también, resulta imprescindible desarrollar estrategias integrales de protección de los derechos de la infancia indígena con perspectiva intercultural y territorial expresadas en políticas públicas pertinentes, a nivel nacional, regional y local, con la participación de los actores indígenas y de los propios niños, niñas y adolescentes.
En particular, resulta urgente adecuar los procedimientos de las instituciones policiales y judiciales que intervienen en comunidades indígenas en las denominadas zonas de conflicto a los estándares de derechos de la infancia.
Los niños, niñas y adolescentes de las etnias Mapuche, Aymara, Diaguita, Atacameña, Colla, Quechua, Rapa-Nui, Yámana o Yagán, Kawashkar o alacalufe se merecen todos nuestros esfuerzos para que efectivamente puedan desarrollarse con pleno ejercicio de sus derechos.