El Gobierno ha informado una millonaria inversión de dólares en infraestructura hospitalaria, mientras que en paralelo en su programa ha declarado la construcción de otras obras en la atención primaria de salud.
La otra noticia que ha marcado la agenda en estos días ha sido la proyección de la deuda hospitalaria, que de acuerdo a los propios cálculos del ministerio de Salud, puede alcanzar los 264 mil millones de pesos, lo que la posiciona como la mayor deuda de todos los tiempos.
Es evidente para todos que la situación del sector salud es preocupante. Ya a finales del año pasado aparecía como uno de los principales temas a atender por el gobierno de turno. Con el cambio del Ejecutivo el problema cobra la misma relevancia. Partiendo con un comienzo auspicioso, con una aprobación superior a la reprobación, y solo dos meses después con un escenario completamente invertido.
Cuando la mirada sobre el sector público se profundiza, aparecen otros problemas relacionados con la capacidad productiva, expresados en listas de esperas que irritan a la población y los propios equipos de salud, carencia de especialistas, fármacos e insumos. En la otra vereda el sector privado es criticado también por su falta de transparencia y las constantes discriminaciones a los ancianos, las personas enfermas y los más pobres.
De la misma forma, aparecen otras situaciones muy importantes de atender como el de la satisfacción de la población con su atención y el de la gobernabilidad, ya que apenas comenzado este gobierno, ya se ha programado la primera movilización de los trabajadores de la salud en contra de la concesión de la construcción de dos establecimientos hospitalarios.
Por último, aunque no se expresa explícitamente, es evidente que también hay problemas de gestión en lo clínico, lo financiero y de los recursos humanos; algo evidente sobre todo en relación a la organización de los establecimientos asistenciales, la constitución de equipos y el liderazgo.
Dado este complejo escenario, surge la pregunta ¿por dónde empezar?. Cuál es el camino para producir los cambios que requiere el sistema de salud y que merecen todos los ciudadanos sin importar a que sistema se acogen.
El Gobierno ha priorizado en sus declaraciones la inversión en infraestructura, provisión de horas profesionales y modificación de la Ley de ISAPRES. Se trata por supuesto de temas muy relevantes, y debido a lo mismo, de larga proyección. Temas que seguramente no podrán verse resueltos en este período de Gobierno.
Su importancia radica en potenciar el Sector Público, y de esa manera responder a uno de los principales desafíos, cual es disponer de recursos físicos para poder responder a las necesidades de la población, que efectivamente hoy son insuficientes.
En el mismo orden de trascendencia, una segunda línea relacionada con la gestión, es el abordaje de las relaciones con el usuario, para mejoría del trato y de la satisfacción de los pacientes y sus acompañantes. Relación que en la mayoría de las encuestas es criticada por la opinión pública.
Por otra parte, existe también la preocupación por la gobernabilidad a través de una mejoría de las relaciones laborales, que propenda a una alianza estratégica que ponga su énfasis en primer lugar en la preocupación por los usuarios como centro de la atención de la salud pública. En esta misma línea es necesaria una adecuada gestión clínica que mejore el desempeño de los equipos en su capacidad productiva, aumentando el rendimiento de los recursos públicos.
En este escenario, la adecuada atención al liderazgo y la constitución de equipos cohesionados y motivados es fundamental. Se requiere de equipos capaces de identificar, promover y realizar los cambios necesarios en la gestión de los establecimientos públicos. Sin lugar a dudas estos son procesos que igualmente requieren de tiempo y de apoyo por parte de las autoridades, para alcanzar resultados positivos.
Sin embargo, la prioridad fundamental a mi juicio está puesta en asegurar la sustentabilidad del Sistema Público de Salud. Sustentabilidad que fue amenazada por el gobierno de Piñera, que optó por estimular el sector privado dirigiendo hacia esa área la compra de prestaciones, dejando de invertir por tanto en el Sector Público, y generando así un desfinanciamiento tal, que hoy amenaza llevar la deuda del sector a cifras que dificultan la gestión financiera.
Se trata de una urgencia que se vive día a día. Los establecimientos públicos están hoy afectados de un déficit peligroso y saldar la deuda no puede postergarse. Los recursos no sólo son necesarios para la sustentabilidad financiera inmediata, sino que también para evitar el desencanto de los equipos que ya empiezan a manifestarse, y que si no se enfrentan pueden terminar acarreando daños irremediables para el sector.
El complejo escenario obliga al Estado a realizar un acuerdo en estas materias, el que permita que las redes asistenciales, además de tener los recursos suficientes, también pueda disponer de los mejores liderazgos en sus cargos directivos, con un fuerte énfasis en las competencias necesarias para el manejo de sus centros asistenciales, con respaldo político transversal para emprender los cambios bajo condiciones de gobernabilidad.
La salud no puede esperar, requiere de soluciones de largo plazo que el Gobierno se encuentra enfrentando con decisión. Pero a la vez, necesita de medidas urgentes, y la tardanza en estas últimas es una seria amenaza de sustentabilidad que solo profundizará su crisis.