Es el título del libro que escribí hace 11 años a propósito del dictador Pinochet en un momento en que todavía no eran de conocimiento público muchas de las atrocidades cometidas y que empezaban a asomar en el curso de las investigaciones llevadas a cabo por el juez Juan Guzmán con el importante aporte que en esos años realizaban los efectivos de la brigada de derechos humanos de la PDI.
Tiempos de extraordinaria importancia para la historia y la dignidad de nuestro país por los notables avances en el establecimiento de la verdad y por el comienzo de la aplicación de esa justicia por tantos años negada a las víctimas y sus familiares.
Hoy es el turno de otro violador de derechos humanos : Rosauro Martínez Labbé, diputado de la derecha chilena por la misma región, Chillán, en que hace más de 40 años tuve el privilegio de ser diputado de la Unidad Popular bajo el gobierno de Salvador Allende.
En representación de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, la AFEP, el año pasado nos hicimos parte en el proceso rol n° 1675 – 2003 que en Valdivia tramita la Ministra en Visita Especial Sra. Emma Díaz Yévenes.
El primer escrito presentado – a la luz de los antecedentes del juicio iniciado por familiares de las víctimas – fue precisamente aquel en que solicitamos el desafuero de Martínez. Recibimos por eso, como era de esperar, todo tipo de ataques del tipo más primitivo de anticomunismo.
Cuando la Ministra elevó los antecedentes a la Corte se inició un proceso dilatorio sin precedentes hasta pasar la fecha de las elecciones parlamentarias sin tocar al “honorable”, incluso otorgándole a su defensa un plazo de varios meses “para estudiar la causa” como si se tratara de iletrados.
Por fin la causa se puso en tabla, los abogados alegaron y el resultado es conocido por el país : el representante de Renovación Nacional, por votación unánime de todos los ministros de la Corte de Valdivia fue desaforado porque, textualmente, “es posible concluir la concurrencia de fundadas sospechas de participación de Rosauro Martínez Labbé como autor del delito de homicidio calificado de Patricio Alejandro Calfuquir Henríquez, Próspero del Carmen Guzman Soto y José Eugenio Monsalve Sandoval, ocurrido el 20 de septiembre de 1981 en la localidad de Remeco Alto”
El cobarde asesinato de los opositores a la dictadura – perpetrado mientras los jóvenes dormían y se encontraban desarmados – fue obra de la Compañía de Comandos n° 8, cuyo Comandante al mando era precisamente el entonces capitán de ejército Rosauro Martínez quien personalmente dirigió la criminal operación.
La prueba contra Martínez es contundente:informes de la Jefatura del Estado Mayor del ejército, testimonio de militares y las propias declaraciones del inculpado ante la Fiscalía militar, a lo que debe agregarse todos los antecedentes y ordenes secretas sobre los operativos militares represivos en la zona cordillerana de Neltume en el marco de la llamada “Operación Machete”.
El diputado pinochetista negó todo este tiempo su participación en los crímenes con la cobardía tan propia de su sector político, olvidando que en su momento él mismo, orgulloso de su cometido, rindió cuentas a sus superiores en el proceso militar rol 551 – 1981 reconociendo en plenitud haber dado la orden de disparar contra los jóvenes indefensos.
Como fue usual bajo la dictadura, Martínez recibió felicitaciones, premios y notas de mérito “por sus extraordinarias dotes de mando” como consta en el expediente de Valdivia. No en vano cumplía la orden secreta del Jefe de la IV División del ejército.
¿Sabremos algún día quién era ese Jefe? ¿Permanecerá impune para siempre? Esa es o será otra historia.
Volvamos a Martínez y los suyos. En rigor, los cobardes uniformados que pretextaron otro de los “enfrentamientos” que nunca existieron, asesinaron a los tres muchachos tras comprobar que se encontraban dormidos en la modesta casa en que debieron ocultarse al saber que eran perseguidos por su oposición a la dictadura.
Se trata de testimonios de sus propios compañeros de armas de esas fechas, de comando del ejército y de la policía secreta, CNI, como Jeréz Prussing, Inostroza Reyes, Cárdenas Navarro, Sanhueza Ros, Ruiz Iturra, García, etc., así como de carabineros como por ejemplo Alfonso Rosas del cuartel de Neltume.Todos coinciden en que el entonces capitán Rosauro Martínez era el jefe a cargo de una patrulla de militar de 17 comandos efectivos y era él personalmente quién daba las órdenes.
Es clara la autoría de Rosauro Martínez en el delito de homicidio de estas personas a la luz de los arts. 15 y 390 del Código Penal. Concurre además una serie de circunstancias agravantes, entre otras las del art. 12 nºs 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 19 del Código Penal.
Y fluye además de los antecedentes del juicio la responsabilidad directa en estos ilícitos de la asociación ilícita denominada entonces Central Nacional de Inteligencia, CNI, heredera y continuadora de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINA, de la que Martínez era oficial. De consiguiente le es aplicable además la norma del art. 292 del CP que tipifica ese delito.
Con razón fue felicitado por el ejército norteamericano y mostrado como un verdadero ejemplo. Este es el flamante diputado de RN al que algunos chillanejos votaron en las recientes elecciones sin saber la verdad que Martínez negó mil veces.
Hoy cuando la derecha rasga vestiduras ante la posibilidad real de una razonable reforma tributaria o de una anhelada reforma educacional y reinician las campañas del terror, preámbulo de la actividad golpista del 73, o cuando amenazan con revivir al grupo terrorista “Patria y Libertad”, es alentador que ocurran estas sentencias judiciales que advierten a los elementos fascistoides que la justicia tarda…. pero llega.