Dentro de los próximos días, y como parte de los compromisos asumidos en su programa de Gobierno, la presidenta Michelle Bachelet deberá presentar la Comisión Asesora Presidencial para el Desarrollo Regional, cuyo objetivo es diseñar un plan de trabajo para implementar sendos cambios tendientes a dotar a las regiones de mayores atribuciones, capacidades, financiamiento y, por cierto, autonomía.
Esta Comisión responde a un sentido anhelo de muchos actores y organizaciones, y enfrentará el gran desafío de materializar propuestas que han sido discutidas por años, pero que no han tenido la posibilidad de implementarse, sobre todo por el predominio de una mirada más bien centralista del desarrollo.
Los desafíos son grandes y las expectativas muchas. La Comisión tendrá que ser capaz de generar un consenso técnico político sobre el tipo de institucionalidad regional para el Chile desarrollado y las características del proceso de descentralización que se deben seguir para cumplir con este propósito.
Por eso es que el nombre de “Desarrollo Regional” parece significativamente más acertado que el de “Descentralización”. El desarrollo regional nos habla de dinámicas inclusivas, participativas, multisectoriales, donde las decisiones no están atomizadas en uno o dos servicios públicos, sino que se integran en función de los ámbitos que cada región define como prioritarios para impulsar su proceso de desarrollo.
Clave es, por ejemplo, el tema del financiamiento.Para dar espacio a un desarrollo con cohesión territorial, es imprescindible modificar la forma en que se financian las inversiones y la acción pública en las regiones. No se trata solo de que las regiones tengan más recursos, sino de cambiar la forma en que éstas acceden y disponen de los mismos.
En materia de educación el escenario es parecido. Para disminuir los altos niveles de desigualdad territorial en educación que Chile presenta en la actualidad también se requieren cambios significativos.
Aunque es probable que este tema no sea objeto de trabajo específico de la Comisión, es fundamental no perder de vista que para lograr una desarrollo regional equitativo no sólo necesitamos más descentralización, sino que se requiere intervenir sobre un conjunto de políticas públicas sectoriales –como la educación- que sea por acción o por omisión, no hacen sino reforzar las tan injustas y profundas desigualdades territoriales que exhibe nuestro país.
En este sentido, la definición de un horizonte, de un resultado, de un lugar de llegada consensuado, es clave para valorar los avances graduales y progresivos de las profundas reformas que se ha propuesto impulsar este gobierno.
La Comisión no puede trazarse un objetivo puramente instrumental tendiente a definir el cronograma del proceso de traspaso de competencias, este es solo uno de los productos específicos del trabajo.
Esta es una oportunidad para abrir y generar un espacio de diálogo con diversos actores para avanzar en una propuesta consensuada acerca del tipo de desarrollo que queremos y del espacio que cabe a los habitantes de los distintos lugares del país, en la construcción de ese proyecto de desarrollo.