El Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) y el Servicio Civil (SC) en Chile cumplieron 10 años en 2013. El proyecto de Reforma a la Modernización del Estado, que en 2003 se transformó en la ventana de oportunidad frente al turbulento primer tercio de Gobierno del Presidente Ricardo Lagos, hoy genera cuestionamientos. Primero, por el cambio de Gobierno y segundo, por los resultados logrados siendo de luces y sombras.
La clase política en 2003 estuvo dispuesta a ceder parte de este poder, porque las condiciones estaban muy tensas como para extender un sistema de designaciones que había desencadenado en escándalos y más aún, provocaba que la ejecución de políticas públicas estuviese supeditada a rencillas políticas y sus coyunturas.
El Sistema ADP ha sido ante todo un proceso de democratización.Propendía que las élites políticas serían “desplazadas” por la tecnocracia, las que asumirían los liderazgos entre quienes ejecutan las políticas públicas.Mientras que la élite política seguiría definiendo estas políticas, revelando un cambio en el modo de concebir los gestores públicos.
No obstante lo anterior, los resultados y la aplicación del Sistema ADP en 10 años, muestran que la distinción entre ejecucióny definiciónde políticas públicas no está explicada por el eje entre políticos (politics) versus tecnócratas (policies), sino por cómo se distribuye el poder.
En rigor, este sistema ha demostrado que el poder sólo se ha trasladado. Pese que existe un filtro técnico que reconoce grados de meritocracia a los postulantes, el nombramiento continúa siendo una atribución facultativa del Presidente de la República. Lo mismo ocurre con las remociones de estos cargos.
En base a esto, los convenios de desempeño, cuyo rol está diseñado para evaluar la gestión de los directivos/as públicos, se traduce en una herramienta subutilizada. El SC cumple un rol pasivo en este ámbito.
Su acción debiera alcanzar un papel fiscalizador en temas de recursos humanos, lo que implica restarle poder a la Dirección de Presupuestos (DIPRES). Esto probablemente es lo que más destrabaría ciertos enroques, ya que es el poder político el que está en juego.
Hoy los avances que requiere alcanzar el Sistema ADP necesariamente se relacionan con sus falencias. Cuando el Presidente reemplaza un cargo ADP utiliza la figura de los Provisionales y Transitorios.
La evidencia demuestra que cuando existe la posibilidad de ocupar el poder, aún cuando existan otras instancias de relevo, como la de subrogantes legales, se sabe que el instrumento que garantice la menor probabilidad de reducir dicho poder es el que será utilizado.
El abuso de estos provisionales es una señal para perpetuar el poder, subutilizando el sistema ADP. Si bien, en lo formal, un principio que rige al sistema es la igualdad de condiciones en los postulantes, la evidencia indica que cuando hay un provisional en un cargo, éste tiende a tener mayor probabilidad de ser nombrado/a.Esto hace necesario discutir la continuidad de este mecanismo de reemplazo.
Otra deuda del sistema se asocia a políticas de género. Las cifras revelan que sólo 1 de cada 3 nombrados/as en cargos ADP son mujeres.Aún más preocupante es cuando se observa que del total de postulantes, sólo un 22% está compuesto por género femenino. Por consiguiente, el aumento de la participación femenina en cargos ADP es una deuda que refleja la baja inclusión de mujeres en funciones con toma de decisiones.
La Presidenta electa Michelle Bachelet ha manifestado firmemente en su programa de Gobierno, el compromiso de incorporar acciones afirmativas en la contratación femenina dentro de las políticas de selección del Sistema ADP. Un enfoque de género en esta materia permitiría un primer avance en temas como las brechas salariales en el sector público.
Durante esta década, los 3 proyectos de ley que han buscado reformar el Sistema ADP no han tenido éxito en el Congreso.
Bachelet en 2006 quiso introducir mecanismos que otorgaran mayor transparencia al sistema, sin embargo no se legisló respecto del Mensaje.
Piñera en 2011 buscó ir más allá que su antecesora, entregando un proyecto de ley corta y comprometiendo una ley larga. Ninguna de ellas se convirtió en ley, con sendos rechazos por parte de la Cámara de Diputados.
En 2013, el actual Presidente insistió en un proyecto, que lamentablemente busca que los convenios de desempeño sean confidenciales, yendo en el sentido opuesto de mayor transparencia y probidad. Se ha privilegiado el status quo en lugar de modernizar al Sistema.
La pregunta en 2014 es cuán dispuesta está la clase política para conceder mayor poder al Sistema ADP, lo que necesariamente reduciría éste al Presidente.
Para lograr mayores avances como los propuestos, considero como medida, que el Consejo ADP pase a ser una institución autónoma y con poder de veto incluso en nombramientos de directivos/as.
El paso coherente es que el Consejo no siga dependiendo del Servicio Civil,y quien lo presida sea distinto al Director del Servicio Civil, del modo como opera actualmente.Se requiere tomar una decisión que defina el futuro de este sistema.
El llamado al igual que en 2003, lo tiene nuevamente la clase política.