Se pierde en la memoria las veces que he escuchado “la defensa de nuestra soberanía territorial”, frente a cualquier coyuntura en que ésta se ve afectada, pero transcurre un breve tiempo y frente a los cotidianos problemas, nos olvidamos y deja de ser un tema de preocupación.
Chile con sus 5.000 kilómetros de frontera siempre tendrá zonas, donde el ejercicio de la soberanía será difícil para sus habitantes, más aún cuando tienen cercano acceso a países limítrofes que les ofrecen servicios con claras ventajas de oferta.
La soberanía siempre tendrá un costo y con mayor razón en las zonas extremas.
Hoy vemos la inquietud de la ciudad de Arica, donde- incluso- una parte de la población cree que es sólo un problema de los pescadores artesanales por el mar que hemos perdido con el fallo de La Haya.
Decir que ya es hora de tener una política de Estado para todas las zonas extremas es casi cínico, porque es reconocer nuestra despreocupación por la soberanía, que no sólo es materia de un determinado gobierno, sino de toda la nación.
Aquí no caben las excusas de las reformas urgentes o cualquier otra. Esto es de sobrevivencia, el patriotismo no puede seguir siendo una palabra hueca sin contenido real.
La solución para las zonas extremas hay que construirla entre todos, en primer lugar con sus habitantes, con los que sufren el aislamiento, que conocen mejor que nadie lo que los afecta, generando políticas para la creación de actividades económicas sustentables y permanentes, ajenas al asistencialismo; habrá que generar discriminaciones positivas en lo salarial, tributario, financiero, educacional, salud y cultural.
El presidente Carlos Ibañez no dudó, con criterio geopolítico, en otorgar puertos Libres a Arica y Punta Arenas.
Los ministerios de Hacienda no pueden ver esto como una inversión que debe rentar obligadamente en términos económicos, sino como parte de una planificación de soberanía. Será necesario que nuestras autoridades dejen de ver las demandas regionales como algo ajeno para no ver banderas extranjeras ondeadas por chilenos.
Las empresas de menor tamaño (EMT) –micro, pequeñas y medianas empresas – también están llamadas a jugar un importante rol en este sentido, son las que han sostenido el desarrollo local, sin restarle relevancia a las grandes empresas, con la diferencia que estas últimas han explotado muchas veces los recursos naturales, sin que de sus ganancias- ya sea por la vía de impuestos o de aportes directos- queden en las zonas de origen.
Las EMT son administradas por los mismos dueños que viven en las zonas, pertenecen a las fuerzas vivas de las regiones y son parte de los movimientos sociales, con los cuales las autoridades políticas partidarias, gubernamentales y parlamentarias deberán trabajar en planes de desarrollo, que cuenten con la participación ciudadana.
Sin ella no existen políticas públicas, sino simples políticas de oficina destinadas a resultados mediocres o de franco fracaso.
Es de esperar que el próximo Gobierno, que tiene en su programa un capítulo especial para las zonas extremas y territorios con estatutos especiales y que están consideradas en las medidas de los primeros 100 días, logre superar estas situaciones integrando a la ciudadanía en su planificación y que- a su vez- la población pueda ejercer el control social de su ejecución.