Cuando recibimos los datos del Estudio de Valores Sociales de la Universidad de Santiago, uno de los temas que me llamó la atención fue que el 81% de las personas señalaran que el agua debía ser propiedad exclusiva del estado, y un 80% lo dijera para la energía.
Asimismo, ante la pregunta, “para usted el lucro es aceptable si mejora la calidad…” en el caso del agua esto es aceptado por el 34% de las personas, idéntica cifra para la electricidad y 33% para el gas.Para la educación este porcentaje es de 41% y para la salud de 42%.
Es decir, el Estudio de Valores Sociales nos dijo que las personas son más partidarias del lucro en la educación y en la salud que en los servicios de agua, gas y electricidad. Por eso me sentí cuestionado.
Al respecto, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) ha entregado una información muy importante para comprender el por qué las personas no quieren el lucro en estos servicios básicos que históricamente han sido provistos por empresas privadas.
La información sobre las utilidades sobre ventas de estas empresas, es decir el beneficio que queda para el proveedor del servicio por cada peso que recibe de pago, supera con creces lo que se considera justo, lo que corresponde a un análisis de mercados competitivos y, particularmente en los casos de las empresas de agua y electricidad, cuyos precios están regulados por contratos con el Estado, lo que establecen las leyes.
La información señala que la empresa Metrogas tuvo una utilidad sobre las ventas de casi un 30%, es decir casi uno de cada tres pesos que recibió fue utilidad.
Luego tres empresas que prestan servicios de agua potable, Aguas Andinas, Concesionaria de Servicios Sanitarios y Aguas Los Lagos, tienen sobre un 25% de utilidades, es decir de cada cuatro pesos que reciben más de uno es utilidad.
Muy cerca les sigue Chilectra, con casi un 25% según la SVS, y luego otras más con menores pero importantes utilidades sobre las ventas. Estas ganancias se llamarían “extraordinarias” por su magnitud, pero al estar en empresas de servicios a la comunidad y, como señalo en los casos de agua y electricidad, sujetas a regulación de tarifas o precio, debemos llamarlas escandalosas.
El escándalo procede por dos razones: la primera es porque son utilidades que provienen de la explotación de los consumidores, de los usuarios de estos servicios y la segunda es porque reflejan una mala legislación o regulación de estos mercados por parte del Estado.
La provisión de agua y electricidad a los hogares y empresas medianas y pequeñas es realizada por una empresa monopólica, por ello son reguladas y sus precios o tarifas se fijan por un procedimiento establecido por Ley.
Si hay utilidades escandalosas en estos sectores es porque la Ley está mal, porque está siendo mal aplicada por la autoridad encargada o porque está siendo vulnerada. Habrá que estudiar cada caso. Pero la realidad es que hay utilidades inmorales según se desprende del informe de la SVS y esas ganancias son rentas producto de explotación a los usuarios y consumidores.
Se entiende entonces que no se quiera el lucro en estos sectores, tal como nos dijo el estudio de Valores Sociales.