Tomando las propias palabras de Michelle Bachelet en la presentación de su programa de gobierno, donde nos invita a “seguir construyéndolo en cada conversación, en cada diálogo, en cada propuesta” me permito destacar la pertinencia en todo lo relacionado con la protección y promoción de los derechos humanos contenido en dicho programa.
Debo aclarar que fui parte de los 620 profesionales y técnicos que aportamos en la elaboración de este programa de gobierno de la Nueva Mayoría, colaborando específicamente en la Comisión de Trabajo sobre Derechos Humanos.
Entrando en materia, en el programa de gobierno 2014–2018 se asume un compromiso categórico con el reconocimiento, promoción y protección de los derechos humanos, incorporando los de segunda y tercera generación en la propuesta de una Nueva Constitución, asegurando que dicho texto debe reconocer “el máximo valor” a los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos y enunciando un decálogo básico a considerar por el nuevo poder constituyente que elaborará el texto constitucional a través de un proceso democrático, con criterios que permitan la expresión de la real voluntad popular y en forma participativa.
Así, se plantea incorporar una norma de interpretación, de rango constitucional, de primacía de los tratados y convenciones sobre derechos humanos en nuestro ordenamiento jurídico y la ratificación del conjunto de tratados de derechos humanos del sistema de la ONU y la OEA que se encuentren pendientes.
También se propone establecer, en forma expresa y con rango constitucional, la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, como asimismo que no sean susceptibles de amnistía ni indulto de cualquier naturaleza.
Se consideran propuestas específicas de verdad, justicia y reparación de los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura. Permítanme destacar solo algunos:
a. Impulsar medidas legales y administrativas que impidan la aplicación del Decreto Ley de Amnistía de 1978.
b. Solicitar jueces de dedicación exclusiva para los juicios por graves violaciones a los derechos humanos, asignando recursos especiales para estos efectos.
c. Fortalecer, con la designación de recursos humanos, tecnológicos y materiales a las unidades especializadas en derechos humanos del Servicio Médico legal, Policía de Investigaciones y ministerio del Interior.
d. Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa y promoción de los derechos de las víctimas de los crímenes de la dictadura.
e. Establecer un organismo público permanente que se haga cargo de todo lo relacionado con la reparación a las víctimas de crímenes de la dictadura de Pinochet.
En el plano legislativo se plantea una profunda reforma a la justicia militar, una reforma a la ley antiterrorista, adecuándola a los estándares internacionales sobre derechos humanos, y el establecimiento de medidas destinadas a asegurar el cumplimiento de las sentencias internacionales en lo que respecta a estas materias.
Entre las propuestas para reformar la institucionalidad, el fundamento principal y eje articulador del Estado lo constituyen los derechos humanos, especialmente frente a cualquier política pública que adopte el próximo Gobierno, planteándose una política de Estado explícita e integral de Derechos Humanos.
Lo anterior se puede graficar en la propuesta de revisar la situación del periodo para ser conocidos los archivos judiciales sobre violación a los derechos humanos.
Se resalta un potente compromiso en la creación de la Subsecretaria de los Derechos Humanos en un Ministerio que pasará a denominarse de Justicia y Derechos Humanos. También se considera la presencia en regiones del INDH y la creación del Ombudsman o Defensoría del Pueblo.
Finalmente se plantea una mirada de futuro con nuevos desafíos para la plena vigencia de los derechos humanos.
Ejemplo de lo anterior lo constituye el diseño de un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, desde la educación parvularia hasta la Educación Superior, la incorporación de las TICs, el desarrollo de material y estrategias didácticas y el incentivo a la investigación académica.
Se propone actualizar la malla curricular y los protocolos de actuación de las escuelas matrices y/o academias de las FFAA, Carabineros y Policía de Investigaciones, en todo lo relativo a la formación en contenidos sobre derechos humanos.
En lo referente a la Memoria Histórica, se plantea un programa nacional de recuperación y conservación de los diversos testimonios, recuperando todos los sitios de memoria histórica donde se violaron los derechos humanos durante la dictadura (inmediatamente se me viene a la memoria 3 y 4 Álamos en la comuna de San Joaquín) velando por su mantención básica y permanente y desarrollando estrategias que permitan vincular dichos sitios con las nuevas generaciones.
En un país que ha vuelto a despertar con la movilización social, se plantea una nueva regularización que consagre verdaderamente el derecho a reunión. Consecuente con lo anterior, deberán adecuarse los protocolos y prácticas de las fuerzas policiales a estándares internacionales sobre derechos humanos.
Estos son solamente algunas de las propuestas y componentes del programa de Michelle Bachelet sobre los Derechos Humanos, que se encuentran explícitos e implícitos en todo su programa de gobierno y que dan cuenta de una centralidad, como un sistema integral de promoción y protección de los derechos humanos.