Parece increíble que a 10 años de la promulgación de la Ley 19.880 de Procedimientos Administrativos, aún estemos viendo masas de personas solicitando un certificado que acredite y de fe de un registro público.
Sería entendible que por procedimiento el sector privado exija documentos a sus clientes para entregar ciertos productos o servicios como una cuenta corriente, una tarjeta de crédito, vender un auto o educar a nuestros hijos.
Lo incomprensible es que después de un decenio, aún el Registro Civil siga con más de 21 millones de tramitaciones presenciales al año ¿quién resiste ese estrés? La sobrecarga es enorme.
En promedio cada funcionario público tiene asociado 7.500 trámites al año ¿cuántos tiene el empleado de un banco? ¿2.000? ¿3.000?
Considerando la población a 2003 y la proyección del INE para 2013, no ha cambiado el promedio nacional de 1.2 trámites por persona del Registro Civil ¿No se suponía que la Ley 19.880 simplificaría y modernizaría los trámites?
El desarrollo del país exige un Estado más ágil y oportuno. Es imperativo que nuestras autoridades se esmeren aún más por el cumplimiento de una Ley en la que todos sabían que el beneficio era enorme.
La discusión presupuestaria debería girar en torno al apoyo de iniciativas que aumenten el bienestar nacional. Y si ello se traduce en que el país deje de perder el tiempo haciendo filas ¡Bienvenido!