Valoro la decisión del Presidente Sebastián Piñera de cerrar el Centro Penitenciario Cordillera.La medida se encuentra plenamente justificada en la necesidad de acabar con privilegios injustos y excesivos de que gozan personas condenadas por la justicia, más aún por gravísimos delitos en contra de la vida y derechos de miles de compatriotas.
La conmemoración de los 40 años del Golpe Militar ha permitido recordar los orígenes de la dictadura y sus trágicas consecuencias, lográndose un mayor consenso en la condena de las violaciones a los derechos humanos. Las desafortunadas declaraciones del ex Director de la DINA, Manuel Contreras, a un canal de televisión, generaron un unánime repudio.
Desde hace ya varios años parlamentarios y organizaciones de víctimas y familiares veníamos solicitando el cese de este tipo de recintos para asegurar la plena igualdad ante la ley.
Personalmente, junto a la diputada Denisse Pascal, el diputado Carlos Montes y el entonces diputado Francisco Encina visitamos en 2007 el lugar, comprobamos sus condiciones excepcionales y pedimos a las autoridades terminarlo.
Éste, como también Punta Peuco, se crearon en un contexto completamente distinto.La necesidad de avanzar en la justicia, obteniendo condenas en los juicios contra ex militares acusados de violar los derechos humanos sin afectar la estabilidad democrática, hizo que los primeros gobiernos de la transición hicieran algunas concesiones. Hoy, que el país se ha normalizado, ya no se justifican.
Con todo, la positiva decisión del Presidente Piñera parece más un gesto personal que una medida institucional de su Gobierno. Los principales personeros de RN y la UDI la han criticado.
Lo mismo han hecho candidatos a parlamentarios del oficialismo. Parecen mantener su férreo lazo con la dictadura. No en vano muchos fueron los “cómplices pasivos” de que habló el propio primer mandatario.
Asimismo, se trata de una acción más simbólica que real. Cerrar el penal Cordillera y mantener Punta Peuco es sólo rebajar algo los estándares excepcionales, pero manteniendo un cierto tipo de privilegio.
Por último, es una acción puntual que carece de un contexto más general. No se aprecia un énfasis en la búsqueda de la verdad y la justicia o en la reparación para las víctimas.
Es un hecho aislado, que no desvirtúa otras medidas negativas de esta administración como la reorganización de la oficina de derechos humanos del ministerio del Interior, los recortes en programas de apoyo social a las víctimas y su permanente campaña de desprestigio contra los exonerados.
En ese sentido, creo que lo ocurrido con esta decisión, en el marco de la conmemoración de los 40 años del Golpe Militar, debe hacernos perseverar en la búsqueda de la verdad y la justicia, procurando agilizar tantos juicios aún no resueltos.
Asimismo, es imprescindible insistir en procurar gestos claros de apoyo y reparación para las víctimas. No se puede seguir mezquinando año a año recursos para programas estatales de ayuda social y médica como el PRAIS o dificultando el éxito de las demandas indemnizatorias a favor de ex presos políticos y otras víctimas.