El actual gobierno ha significado un retroceso profundo en materia de salud pública.Su línea de acción se ha constituido por la disminución de la inversión fiscal, el aumento de la deuda hospitalaria y el traspaso de ingentes recursos fiscales hacia los conglomerados del mundo privado.
En lo referente a la baja inversión, el gobierno la ha disminuido en términos absolutos, es por ello que el presupuesto 2013 vio reducido el aporte fiscal en un 11%, así como, mediante la subejecución ministerial que en cada uno de los últimos años se ha distanciado en más de un tercio del total de los recursos asignados en el Presupuesto nacional.
Luego, a los servicios hospitalarios se les reducen sus ingresos o, simplemente, no se las paga las prestaciones realizadas, lo que eleva sus deudas enormemente; ante semejante “ineficiencia” la autoridad del poder central vuelve a recortar sus ya deteriorados ingresos, generando con ese argumento las trasferencias que privatizan la salud pública, de manera arbitraria y artificial.
Ahora bien, lo que resulta definitivamente inaceptable es la decisión ministerial de “comprar camas” en el sector privado por un valor de 45 mil millones de pesos, en una operación de ingeniería administrativa y presupuestaria que traspasa por una exclusiva voluntad política a los conglomerados privados los recursos que debiesen alimentar y fortalecer al sector público.
Tales procedimientos incluida, además, la integración vertical producida por la fusión entre los seguros privados, las Isapres, con los prestadores.de servicios hospitalarios como clínicas y centros de diagnósticos o laboratorios, indican una fuerte concentración de los recursos en una elite de controladores que se hacen de un control monopólico, en un ámbito como son los servicios de salud, en que las personas están verdaderamente cautivas, en una situación de indefensión frente a un Estado que los expulsa fuera del sector público y un controlador privado que los estruja y agobia con precios y condiciones que endeudan a las familias por muchos años.
En consecuencia, el próximo gobierno liderado por Michelle Bachelet tendrá una tarea gigantesca para restablecer los estándares mínimos en el sector público y garantizar la dignidad en la atención a las personas que, lamentablemente, se ha visto severamente dañada en el último periodo.