Tics y ciudadanía, hacia un gobierno digital fue el nombre de la jornada que la Asociación de Empresas de Tecnologías de la Información, ACTI, realizó con la presencia de representantes de las candidatas a la presidencia de la República a cargo del desarrollo de propuestas en esta línea.
¿Por qué el interés de reunirnos y escuchar a estos representantes? porque a nuestro juicio siendo las tecnologías de la información una herramienta de ascendente influencia y presencia en la sociedad, al punto que se puede decir que se está configurando la nueva Sociedad Digital, todavía hay muchos que no tienen acceso a esta nueva realidad, lo que supone una profundización en la brecha de las oportunidades y la desigualdad.
Es por ello, que como industria creemos que éste es un tema prioritario para nuestro país.
Con estas nuevas tendencias y desafíos en pleno desarrollo se requiere capital humano avanzado y hoy tenemos importantes vacíos. Sólo este año Chile tiene un déficit de más de seis mil profesionales tecnológicos y a futuro esto será aún más grave.
Con estos escenarios, ACTI ha procurado desde hace años ser un articulador y facilitador de este cambio en nuestro país. Hemos colaborado activamente en las sucesivas políticas públicas de desarrollo digital de los últimos gobiernos.
Abordar los temas de digitalización, documentación electrónica, firma digital, protección de datos y los derechos de las personas con una visión a futuro de un “Chile sin papeles”, digitalizado es un desafío pendiente.
Esto exige una bajada desde las grandes definiciones a planes de acción concretos, con responsables de su ejecución, recursos financieros y un sistema de métricas que permita evaluar los resultados en el tiempo en todos los desafíos señalados.
Nuestra industria ha insistido hace muchos años respecto de lo precaria de nuestra institucionalidad en estas materias.
La agenda también plantea una misión respecto de las tecnologías de información, que representen el 10% del producto. Para lograrlo se requiere una institucionalidad no sólo presente en “lo digital“, sino que se encuentre inserta y comunicada en un ecosistema mayor que tiene que ver entre otros temas con políticas de innovación, transparencia en las compras del Estado y gestión basada en la creación de valor social.
La tendencia es clara y la ruta está trazada.El Estado ha apuntado a organizar y estructurar sus servicios bajo una perspectiva de interoperabilidad, es decir, podemos -por ejemplo- aspirar a tener una cuenta única para acceder a los diversos sistemas del Estado, facilitando la utilización de los mismos, mejorando la experiencia a nivel usuario y haciendo más eficiente el proceso de modernización.
Una de las grandes líneas de desarrollo que podremos apreciar en este aspecto será la implementación masiva de sistemas alojados y sostenidos en la nube.
Lo anterior es muy importante porque, hacer más simple la relación de los ciudadanos con el Estado es una tarea crucial para disminuir las brechas y asegurarles el acceso universal a los servicios y beneficios del Estado, habilitándolos para tomar decisiones informadas y acceder a los programas de gobierno no importando su ubicación geográfica o nivel de acceso a la tecnología.
Como meta creemos que debemos subir en el ranking de disponibilidad de servicios públicos en línea, de la posición 18 a la 10; aumentar el porcentaje de trámites digitalizados de un 25% al 95% en 4 años; acrecentar la cifra de inversión en I+D en forma ostensible, de un 0,4% del PIB acercándola al 2,4% de los países de la OECD; transformar la economía chilena en una economía del conocimiento, sustentable e inclusiva, logrando que las TICS representen al 2020 un 10 % del PIB a través del uso generalizado de las tecnologías como facilitador del cambio.
Con el desarrollo de estas políticas públicas podremos avanzar hacia un gobierno digital para hacer de Chile un país más próspero, más desarrollado, más humano y más justo.