La imagen que teníamos de Brasil durante el gobierno del presidente Lula Da Silva era la de un país en desarrollo y paz social, la Presidenta Dilma Rousseff, ha mantenido el “modelo de desarrollo” de su antecesor. La pregunta que surge en consecuencia es ¿por qué se ha producido el estallido social que el mundo ha conocido los últimos días?, ¿por qué en el Chile de la Concertación y la Alianza, también mostrado como ejemplo de crecimiento económico y “desarrollo”, hay tanto descontento social?
El estallido social en Brasil fue gatillado por un alza de tarifa del transporte público, (¿se acuerdan del Transantiago?), sin embargo hoy día ése no es el único motivo de la manifestación, la población reclama estar cansada de la corrupción, de los privilegios de los políticos, de la ineficiencia en la educación y en la salud.
En un artículo de prensa, un entrevistado manifiesta “tenemos que cambiar un país entero, no sólo el boleto de ómnibus”. Las manifestaciones han ido expandiéndose a más personas y ciudades, aumentando los episodios de violencia.
La pregunta que ha surgido en los círculos de poder y en la academia es ¿por qué aumenta la protesta popular en un país que era presentado como modelo de progreso económico y social? y ¿ cómo se debe y puede enfrentar esta situación?
Hasta ahora ninguna de las dos preguntas tiene respuesta simple para las autoridades brasileñas.
Esta semana, en Río, Sao Paulo y otras ciudades del país se anunciaron rebajas de las tarifas de transporte colectivo. Sus alzas fueron el detonante de un estallido social que al parecer tiene causas mucho más profundas. La variedad de demandas actualmente es amplia y los propios manifestantes admiten que su resolución será más compleja que un simple replanteamiento de una medida impopular.
El común denominador de las protestas es el descontento con los gobernantes y con la clase política brasileña en general, por esa razón muchas de las últimas manifestaciones se dirigieron contra símbolos de poder. En Brasilia hacia el ministerio de Relaciones Exteriores, en Río las 300 mil personas marcharon hacia a la sede de la Alcaldía.
Si miramos a nuestro país, vemos que manifestaciones y represión son el pan nuestro de cada semana, el descontento crece y la institucionalidad política no es capaz de buscar una solución, y menos de construir un camino de diálogo y avance.
Sociólogos y politólogos brasileños advierten acerca del divorcio entre los partidos políticos y los movimientos sociales, destacan también el deterioro de la gobernabilidad en Brasil, y en esa línea postulan la importancia de una reforma política que dé cuenta de las principales demandas concretas de la gente y su expresión en el plano político.
En Chile, día a día aumentan los partidarios de romper los cerrojos de la actual Constitución que impiden cambios de fondo en la educación, salud, economía, protección de los recursos naturales, democratización de la sociedad.
Día a día se instala la necesidad de un proceso constituyente que de paso a una Asamblea Constituyente en la cual los movimientos sociales y la gente de a pie sean los principales protagonista de la generación de una nueva Constitución
Por el lado de los manifestantes, en Brasil, la falta de un liderazgo claro y de una estructura orgánica del movimiento hace difícil su conducción, la priorización de las demandas y la identificación de interlocutores válidos con la autoridad. En nuestro país, hasta ahora, muchos de los movimientos sociales han actuado sin coordinación, aun cuando cada uno de ellos tiene liderazgos definidos, hasta ahora no hay una clara convergencia orgánica entre estudiantes, trabajadores, movimientos ciudadanos, medioambientalistas, etnias, diversidad sexual, género.
El lugar común de nuestros países es un modelo de desarrollo, basado fundamentalmente en la mejora de la productividad de la gran y principalmente mega empresa privada, un Estado al servicio de esta meta y el perfeccionamiento del marco legal y económico para favorecer este proceso. Evidentemente, no se han considerado los efectos depredadores sobre los recursos naturales, la protección del medio ambiente, el aumento de los abusos contra las personas y la grave y creciente desigualdad en la distribución del ingreso de nuestra población.
En ambos países los estados se han limitado a administrar los pocos elementos reguladores disponibles de la economía, a subsidiar en muchos casos a la gran empresa y en el ámbito social a la entrega de bonos a los sectores más pobres. El resultado de esta política es la concentración de la riqueza cada vez en menos manos, regímenes políticos excluyentes y una institucionalidad completamente separada del pueblo.
De una crisis de esta naturaleza sólo pueden esperarse estallidos sociales, es necesario que la autoridad entienda que la solución no es la represión, muy por el contrario, la solución debe contemplar sentarse a conversar, acoger las principales demandas, y enmendar el rumbo antes de que sea demasiado tarde.
La presidenta Dilma Rousseff saludó las protestas como positivas para la democracia y ha anunciado un llamado a plebiscito para iniciar un proceso Constituyente. Esta decisión sin lugar a dudas va en la dirección correcta, sin embargo, es necesario advertir que este proceso no puede ser si no a través de una Asamblea Constituyente con los movimientos sociales y la gente de a pie como sus principales actores. Pensar en soluciones generadas solo desde la actual institucionalidad tanto en Chile como en Brasil es pecar de ingenuidad
La futura presidenta Bachelet debe tomar nota de esta situación, lo más probable es que en Chile, por las mismas causas y con los mismos actores, las movilizaciones se produzcan como forma de presionar al gobierno a efectuar transformaciones más de fondo que las que planeó la concertación en sus cuatro períodos de gobierno. La necesidad de cambiar la Constitución, será entonces más que evidente, y la Asamblea Constituyente el camino para garantizar un Nuevo Orden Social que de Gobernabilidad y Desarrollo Inclusivo, Equitativo y Sustentable al país.
Las trabas están tan entrelazadas, que no se puede imaginar un cambio a la Constitución, sin cambiar el modelo económico, el sistema educacional y de salud pública, reformas tributarias y de propiedad de las riquezas básicas y recursos naturales. Los grandes intereses económicos y la derecha política que los representa y defiende así lo entienden.
Estamos frente a una situación histórica de cambios, que requiere sabiduría y la fuerza de la mayoría, la madurez para usar la unidad como la base de esa fuerza y la movilización social como la manera específica de empujar y de sostener los cambios.