Somos millones de chilenos(as) los que creemos que es indispensable desplegar esfuerzos serios para que, con el apoyo de la inmensa mayoría de los ciudadanos, pensemos, conversemos y definamos democráticamente una nueva Carta constitucional.
Una Constitución generada y aprobada por una asamblea constituyente, con integrantes elegidos democráticamente, que efectivamente sea expresión y viabilice el urgente y éticamente impostergable proyecto histórico de democratización y de construcción de bases institucionales, económicas, sociales, educativas y culturales para lograr un desarrollo integral de nuestro país, en armonía y respeto con la naturaleza, y teniendo como finalidad el respeto a la dignidad y derechos humanos, los derechos civiles, sociales y políticos de cada uno y de todos los habitantes, de nuestras comunidades y pueblos de este territorio al sur del mundo
Una nueva Constitución política que de verdad fundamente, posibilite y promueva políticas culturales que sean expresión de una comprensión amplia, compleja y de a de veras de la cultura.
Una Constitución que entienda a la cultura como la forma de vivir, ser y estar de los seres humanos y las comunidades – en un tiempo histórico- en un territorio geográfico y simbólico; que es testimonio material e inmaterial de su capacidad creadora y transformadora y, al mismo tiempo, de una forma de construir y hacer humanidad en relación con la naturaleza; que es heredera de las huellas y memoria luminosa y dolorosa de otras personas y comunidades que le han antecedido, que refleja y fundamenta la visión de mundo, la conciencia de sí y del universo, sus creencias, sus valores y la capacidad de producción simbólica.
Una Constitución, por ende, que reconozca y releve el derecho a la cultura de las personas y las comunidades, como asimismo su calidad de sujetos culturales, creadoras de saberes, conocimientos, de bienes, obras y contenidos de representación simbólica, generadoras de prácticas culturales, de valores y formas de ser, estar y vivir en un territorio físico y simbólico.
Que reconozca y proteja la libertad de creación y expresión de cada uno(a), a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría.
Que reconozca el valor del derecho y deber de memoria colectiva de las personas y comunidades y, por tanto, garantice instancias y mecanismo para los ejercicios de memoria para reescribir los relatos y memorias oficiales, para reconstruir identidades, y para identificar, poner en valor, acrecentar y apropiarse del patrimonio cultural en toda su diversidad, pluralidad y riqueza.
Una Carta fundamental que declare la naturaleza multicultural y multiétnica de Chile, y como una de sus consecuencias respete el derecho a la propia lengua y declare que son lenguas oficiales el castellano, el mapudungun, aymara, rapa nui y de el tratamiento de lenguas reconocidas por el Estado para la relación intercultural a otras lenguas vivas de nuestros pueblos originarios, junto con proteger y promover el conocimiento y valoración de sus culturas.
Una Constitución que valore las manifestaciones populares de las culturas y promueva diálogos interculturales respetuosos.
Una Carta fundamental que reconozca y asuma las dimensiones culturales de las políticas educacionales, comunicacionales, habitacionales, urbanísticas, productivas, de salud, medioambientales, migratorias, etc.
Y en virtud de todo lo anterior, establezca las responsabilidades, el rol y deberes del Estado y detalle las bases para una institucionalidad pública cultural comprensiva de esta visión y definición de lo cultural y que ubique a la cultura como fundamento general y esencial de toda la institucionalidad chilena, estableciendo mecanismos efectivos para acceder y participar del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad.
En la Constitución Política del Dictador, aún vigente después de 23 años de recuperada la democracia, se dedica una oración de tres líneas a la cultura, en el numeral 25 del artículo 19°, y limitado al derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas, esto es, la propiedad intelectual; y más adelante, cuando menciona la palabra cultura para incluirla como ámbito de preocupación de Gobiernos Regionales y Municipalidades, no les obliga a asumir responsabilidades en el desarrollo cultural y mucho menos a destinar algo de sus recursos a ello.
Nada dice sobre cultura el dictador constituyente cuando garantiza el derecho a la educación; por una parte, como sabemos no garantiza este derecho sino más bien el derecho a elegir el sistema educacional y por la otra, no reconoce la profunda vinculación entre cultura y educación.
Es una Constitución que niega nuestra diversidad y pluralidad cultural, y por el contrario afirma y sanciona el discurso excluyente de la derecha, cual es la supuesta homogeneidad étnica, cultural, religiosa y territorial de Chile.
La Constitución del Dictador fundamenta y pretende consolidar el discurso de una identidad chilena única, creada y constituida de una vez y para siempre; un discurso que nace desde la identificación del ser chileno con lo agrario de la zona central – definido desde un falso mundo rural pues es la invención que hace el dueño de fundo de lo campesino- , de una identificación del ser chileno con la historia gloriosa de lo militar y por tanto la asimilación de lo chileno a sus fuerzas armadas; una identificación del ser chileno con el catolicismo tradicional del siglo XIX y principios del siglo XX.
Simultáneamente, es una Constitución que deja entregado al mercado el destino de creadores y cultores, de las obras y la producción artística, de su difusión y circulación, y por cierto deja también entregado al mercado el acceso de las personas y comunidades a ello.
Es una Carta fundamental que nunca habla del derecho cultural de los habitantes, jamás usa el vocablo “comunidad”, nunca usa la palabra “memoria” y por cierto no dice una palabra sobre el derecho y deber de memoria de las personas y comunidades; y esto es obviamente porque su definición esencia es de memoria oficial construida, como recién lo reitera el Proyecto de Ley anunciado por el Gobierno y que crea el ministerio de Cultura.
Es una Constitución que se funda en un concepto de patrimonio cultural restrictivo, elitista, ilustrado, militar y católico; es una noción que se funda en la valoración del pasado “vivido” por una pequeña parte del país, que silencia la historia y vida del pueblo, y que omite y “ningunea” las manifestaciones populares de nuestra cultura.
Y es por ello que, – más allá del valioso aporte de cientos de profesionales y trabajadores de la cultura en todas las regiones, y de la honestidad y compromiso de creadores e intelectuales que han cumplido en años pasados cargos gubernamentales-, finalmente las políticas públicas culturales han sido y son coherentes, o están restringidas, por la Constitución de la Dictadura, aquella que consagra y da viabilidad histórica al modelo neoliberal de Pinochet y la derecha.
Son políticas subsidiarias y que, en definitiva, instan la inserción de los creadores y cultores en el “mercado” y la validación de las obras, saberes y producciones culturales en ese mercado, con sus códigos.
Son políticas que, inevitablemente, hablan y se ocupan de la “gestión eficiente” de ciertos espacios y de la “circulación” de ciertos bienes culturales.
Son políticas que miran a las personas y a la sociedad – no habla mucho de comunidades- como sujetos de derecho de “acceso al consumo” de bienes culturales, y definen que la creación de los contenidos culturales es una función exclusiva y excluyente de los artistas.
Y lo hace con gran ingenuidad. Ya quisieran los creadores tener las posibilidades reales de generar los contenidos simbólicos que impactan y van conformando el imaginario de la sociedad chilena. Eso en Chile lo hace la televisión.
Por el contrario, abordar los grandes y complejos desafíos del Chile de hoy, con voluntad de ser una sociedad verdaderamente democrática, multicultural y multiétnica, implica pensar una política cultural que se define desde una comprensión antropológica de la cultura, del cómo una comunidad habita un territorio geográfico y simbólico en un tiempo determinado, de una cultura que habla de una cosmovisión, de una cultura que tiene un pasado que no ha pasado como decía Octavio Paz.
Una política que reconoce que cada persona y cada comunidad son sujetos culturales y por ende tiene derechos culturales.
Una política que define como esencial la naturaleza y la relación humana con ella, una relación de respeto, uso y no abuso de aquella.
Una política cultural que reconoce y, por fin asume – lo que aún no ha hecho Chile-, que su historia de los siglos XIX y XX es de negación de sus orígenes étnicos, de negación de su larga historia- historia que no se inicia con la llegada del conquistador español -, de silenciamiento de las culturas populares, y de instalación absoluta de la comprensión de lo cultural desde las lógicas de la Ilustración y de concepciones colonialistas, ajenas, europeizantes del conocimiento y la cultura en general.
Necesitamos pensar políticas públicas que contribuyan en el esfuerzo país de re-mirarse, construir y reconstruir su relato histórico, de reconocerse y valorarse en todas sus culturas, pueblos, etnias y comunidades.
Esto implica darle valor a contenidos y formas ancestrales de conocimiento, implica poner en tensión crítica los conocimientos, prácticas y lenguajes legados por la Colonia y los imperialismos del siglo XX y del neoliberalismo.
Y por cierto implica, insoslayablemente, pensar y crear un nuevo ordenamiento para los medios de comunicación masivos, sobre todo de la televisión chilena y, en el caso de los medios radiales, valorando el esfuerzo de destacadas emisoras pero , también, asumiendo los complejos procesos de concentración de la propiedad ocurridos los últimos 15 años, fortalecer los instrumentos que permitan la existencias de una pluralidad de propuestas y el respeto a la diversidad territorial y cultural de Chile.
Sí. Para nuevas políticas culturales, también, es fundamental superar la constitución del Dictador, y generar democráticamente una nueva Carta Fundamental para Chile.