El Gobierno Militar y el ideario neoliberal que le guió en lo económico tenía como eje fundamental, en todos los ámbitos, el retroceso del Estado y el énfasis en el emprendimiento privado, incluso en lo referido a la satisfacción de las necesidades más básicas, como vivienda, previsión, educación y salud.
En este último sector, ello se reflejó en la creación de las Instituciones de Salud Previsional, ISAPRES. El problema es que tal como ocurre en educación, en lo sanitario, la regulación se diseñó estableciendo profundas ventajas en beneficio de las entidades privadas en desmedro del sistema público y, consecuentemente, de la mayoritaria población del país que éste atiende.
Así, en sus orígenes, las ISAPRES contaban con un subsidio para atraer trabajadores de menores recursos, se les permitía incorporar en los contratos aún más carencias, exclusiones y preexistencias que limitaban su cobertura.También podían acumular, en su beneficio, los excedentes de los afiliados.
Adicionalmente, los planes estaban diseñados de tal forma que era virtualmente imposible a los usuarios obtener información fidedigna y comparable.
Algunas de las anomalías han ido corrigiéndose. No sin dificultades, pues las ISAPRES han encontrado habitualmente el respaldo de la derecha en el Parlamento para frenar los avances.
Fue así como se opusieron a terminar la cotización del 2% y evitaron la creación del Fondo de Compensación Solidario, tendiente a distribuir el costo entre los cotizantes de aquéllas y FONASA.
En la última modificación (ley 20.015), la Cámara de Diputados, había logrado aprobar avances para evitar las alzas abusivas en los precios de los planes, terminar con los planes cerrados y precisar normas sobre preexistencias y exclusiones. Sin embargo, en el Senado, se repusieron disposiciones menos eficaces.
El broche de oro de este sistema mal regulado es que estas instituciones no están obligadas a aportar en iniciativas sanitarias masivas, tales como los programas de alimentación complementaria, las campañas de prevención y, especialmente, en los programas de vacunación.
No es raro, entonces, que mientras sólo durante el 2012 las ISAPRES alcanzaron utilidades por 81.383 millones de pesos, unos 160 millones de dólares, el Gobierno ha gastado 57 millones de la divisa estadounidense en un millón novecientas mil dosis de vacunas contra la meningitis W-135.
A fines del año recién pasado, junto al diputado Accorsi, pedimos a las ISAPRES contribuir a este esfuerzo nacional, mismo empeño que reclamamos de las clínicas privadas, muchas de ellas parte de los mismos conglomerados. La respuesta fue negativa.Las aseguradoras señalan que no les corresponde. Las clínicas, en tanto, han aumentado el valor de las vacunas.
Lo anterior es un claro abuso. Los recursos que destina el Gobierno son dineros que se restan a las prestaciones de los sectores más pobres y necesitados de la población.
Si las ISAPRES se hicieran cargo de lo que les corresponde, esto es otorgar un seguro que realmente proteja de las contingencias a sus afiliados, éstos disminuirían sus copagos y, al mismo tiempo, podrían suplirse algunas de las innumerables falencias de consultorios y hospitales.
Llevamos seis meses denunciando este escándalo. En una situación de emergencia sanitaria, las ISAPRES se niegan a aportar, mientras obtienen enormes utilidades y, más aún, anuncian que subirán los planes en circunstancias que todos los análisis determinan que disponían de holguras para enfrentar tanto los incrementos en costos de las prestaciones como las nuevas patologías AUGE.
¡Hay que cambiar esta ley, ya ! Llamamos, una vez más, al Gobierno a poner suma urgencia a un proyecto de ley que apunte decididamente a terminar con estas arbitrariedades, que elimine toda opción de excluir cotizantes y coberturas, que evite alzas indiscriminadas, que termine con la concentración vertical entre seguros y prestadores y que obligue a las ISAPRES a aportar a campañas sanitarias, vacunaciones y otras iniciativas de interés público.