La euforia de la expansión de los sistemas democráticos en Latinoamérica estas últimas dos década, ha encontrado en su paso dolorosas lecciones de las cuales se debería aprender.
Solo en los últimos años se sufrieron varias crisis donde sectores políticos o sociales, actuando al margen del sistema institucional, han buscado imponer su voluntad sobre las mayorías.
El Golpe de Estado en Honduras, la intentona policial de Ecuador, el montaje al Gobierno democrático de Álvaro Colom en Guatemala, son solo algunas de estas conductas que no desaparecen del paisaje criollo.
En esto Venezuela no es la excepción, cuando el día de ayer el candidato de la oposición ante un resultado estrecho toma el camino de deslegitimar a la institucionalidad, desconociendo por completo los resultados entregados por el Consejo Nacional Electoral.
No tengo dudas que al momento de escribir estas líneas desde la capital de la República Bolivariana de Venezuela, cientos de medios de comunicación estarán plasmando en sus páginas una larga lista de razones por las cuales debe declarase a la República Bolivariana de Venezuela, como candidata al “auxilio” internacional o en el mejor de los casos decretar un estado de emergencia político, donde las partes deberían establecer un diálogo tendiente a un pacto, como señalara el candidato Henrique Capriles.
Sin embargo, debemos ver la situación con detención y no dejarse arrastrar por las pasiones electorales o lo estrecho del resultado. Debemos analizar este proceso, porque las estructuras institucionales y reglas jurídicas de un Estado, no son meros formalismos estéticos sino la base de la convivencia social.Abordemos por tanto los aspectos de esta elección, que parecen tener la relevancia suficiente para entender el futuro cercano, comenzando por el resultado de la campaña electoral.
En primer lugar debemos establecer un hecho, que se deriva de la similitud casi exacta de la participación electoral entre las elecciones de octubre y las celebradas el día de ayer (solo hay una diferencia de 6.000 votos en la suma de los votos de ambos candidatos, en estas dos elecciones), esto es: 679.000 electores y electoras se desplazaron del oficialismo a la oposición.
Teniendo en las manos estos datos descriptivos del hoy, se debe despejar una incógnita: ¿Qué genera la migración de estos sufragios? Al parecer más de medio millón de venezolanas y venezolanos pueden haber sentido el fin de un ciclo, con el fallecimiento del Comandante Chávez.
Esto no necesariamente significa un rechazo al modelo construído bajo el rótulo de “socialismo del siglo XXI”, dado que el candidato de la oposición se presentó en muchas oportunidades como un continuador de las políticas sociales bolivarianas.
Tampoco podemos obviar el natural desgaste que sufre toda organización política con más de una década en el poder, considerando particularmente que dentro de ese período debieron enfrentar, ni mas ni menos, que un Golpe de Estado, entre otras amenazas.
Sin duda la presente ausencia del Comandante Chávez, constituye una figura de complejo e inmediato reemplazo, lo cual debería llevar al Presidente Maduro a crear un liderazgo con identidad propia, pero siempre en la conducción del proceso de cambio bolivariano.
El siguiente aspecto, dice relación con la pregunta, ¿y ahora qué? La respuesta a esta interrogante es sencilla, directa y conocida para los chilenos y chilenas: dejar que las instituciones funcionen.
Todo candidato, en todos nuestros países y en todas las elecciones, tienen el derecho sagrado a la creencia que resultó victorioso, razón por la cual nuestros sistemas electorales prevén mecanismos especialmente creados para ello.
Dicho lo anterior, esta “creencia” no habilita a establecer como declaración de principios el total y absoluto desconocimiento de la institucionalidad vigente, más aún cuando se ha sido “beneficiario” anterior del mismo, vale decir, ha resultado electo con los mismos mecanismos, normas e institución que se busca obviar.
No olvidemos que Venezuela pasó por una situación similar cuando el 2005 la oposición decidió no presentar candidatos a la Asamblea Nacional, de la cual finalmente resultó marginada y sin representación legislativa alguna por todo el período respectivo.
Buscar crear una crisis política para crearse un espacio de negociación al margen de la institucionalidad, resulta un juego demasiado abierto y peligroso para el país, además de constituir un mal precedente para el resto de Latinoamérica.
En esta situación corresponde aplicar el viejo adagio “pastelero a tus pasteles”, vale decir, el Gobierno a gobernar, el Consejo Nacional Electoral a completar su labor, evacuando cualquier reclamación presentada en tiempo y forma, el candidato opositor a hacer uso de los mecanismos fijados por la Constitución y las leyes, para despejar cualquier duda razonable y las Misiones Internacionales, apoyar la institucionalidad vigente, entregando sus reportes y recomendaciones. En este sentido el camino parece bastante despejado, dado que ambos candidatos están contestes en una revisión más amplia.
No cabe duda que la frase del Presidente de la Democracia Cristiana chilena, a propósito de la elección interna de la colectividad, son muy apropiadas para esta situación: gana las elecciones quien tiene un voto más que el contrincante.
Sostener lo contrario, vale decir cuando las diferencias son muy cercanas, significa que la institucionalidad electoral solo funciona legítimamente cuando la distancia entre candidatos es suficientemente aplastante, para que el derrotado sienta que no tiene ninguna opción de revertirla.
Esto significaría transformar a las instituciones del Estado en formalidades alternativas, donde el usuario puede decidir usarlas o simplemente obviarlas, dependiendo la conveniencia del momento.
Evitemos las tentaciones que pueden generar incertidumbre y desesperanza. En cambio hágase uso de todo recurso o mecanismo vigente, para plantear las divergencias y no destruyamos el pacto social básico, con la finalidad de allanar caminos de encuentro en la patria de Bolívar.