A propósito del Día Internacional de la Mujer, conmemorado el 8 de marzo, se abrió un debate en torno al progreso o retroceso de las políticas públicas que promueven los derechos de la mujer y la equidad de género en nuestro país. Vale la pena hacer una evaluación, porque tenemos una realidad de fuertes contrastes entre los avances registrados en el ámbito económico-social, respecto de lo ocurrido en el aspecto político-institucional.
Hoy la mujer chilena es protagonista en todas las áreas de la vida nacional; su contribución es relevante en el sector productivo, financiero y de servicios, a través de trabajadoras y profesionales de primer nivel que remarcan la validez de su incorporación al mercado laboral.
Su aporte es también decisivo en el ámbito cultural y comunicacional, así como, su presencia en la esfera judicial, en las instituciones castrenses y policiales se ha ido haciendo cada vez más significativa. En lo deportivo su inserción es una realidad creciente y hay figuras sobresalientes.Pero, en el vértice direccional de los Poderes del Estado hay un considerable retraso.
Asimismo, la retribución que recibe la mujer como género, expresado en cada una de ellas individualmente, por ese aporte al país y sus familias se ve disminuido por diversas formas de discriminación y menoscabo. La mujer soporta una desigualdad estructural.
Es así que por actividad profesional y/o productiva su remuneración es mucho menor, sufre duramente la amarga condición de víctima privilegiada de la violencia intrafamiliar y, en la sociedad se reproduce una cultura sexista, que la trata con morbo mercantil para aumentar el consumo masivo y el endeudamiento, utilizando por grupos ultraconservadores, cuya codicia mercantilista no tiene escrúpulos, la imagen femenina como oferta que se pueda comprar si solo se tiene algo de dinero.
El impulso hacia la equidad de género que significó la Presidencia de Bachelet se ha detenido y esta administración no registra nuevos avances, pero no por ello se debe dejar llevar por la ofuscación y caer sin decoro alguno en una funesta campaña de desprestigio hacia una personalidad que es patrimonio de chilenas y chilenos.
En los hechos “prácticos” la reforma previsional del periodo de Bachelet, de modo especial, el bono por niño o niña nacido vivo, y luego el enorme esfuerzo del país, iniciado en su gobierno en salas cunas y jardines infantiles, hablan de lo absurdo de los ataques oficialistas.
Por el contrario, la autoridad debiese promover soluciones de fondo a los temas pendientes; por eso, con ocasión de la sesión solemne conmemorativa del Bicentenario de Senado, he propuesto al gobierno la idea de una ley de cuotas que garantice un mínimo de un 40% para cada género en ambas Cámaras del Congreso Nacional.
Hasta hace poco, en lo personal tenía una opinión diferente, pero observo que el estancamiento que se ha producido con la participación política de la mujer obliga a la implementación de medidas que resulten inesquivables para los actores políticos, de modo de forzar un cambio en esta situación.
Ante la magnitud del desafío, cultural e institucional, que enfrenta la sociedad chilena en lo referente a las políticas de género, no hay que amilanarse. Una sociedad democrática exige igualdad de derechos y de oportunidades para más de la mitad de los seres humanos que forman parte de ella.
Hay que abrir paso a este proceso necesario, para que la dignidad de todos y todas oriente el país que queremos, liberándonos de siglos de opresión, discriminación y menoscabo a la mujer.