Soy de los que comparto con Gabriel García Márquez que su condición es más la de notario que de creador, un mero registrador de la realidad maravillosa que le tocó en suerte vivir, en el Caribe. Por lo mismo, suelo afirmar que la realidad ofrece historias mucho más improbables que la ficción. He reafirmado esta idea al conocer la situación -la triste situación- que enfrenta la en algún momento unánime modificación de la Ley de Donaciones Culturales, hoy en el Congreso de Macondo, perdón, de Valparaíso.
El articulado, hasta el 30 de julio 2012, avanzaba con buen pronóstico, excepto sobre un tema, la incorporación de empresas con fines lucro entre los receptores de donaciones. Con esa fecha, convocado por la Comisión de Hacienda del Senado, expuse mi opinión al respecto.
¿Qué hace una empresa de menor tamaño, de carácter exclusivo artístico o cultural, si se le ofrece un negocio de otro rubro? Crea otra empresa o amplía su objeto social y deriva sus energías hacia allí. A diferencia de las entidades sin fines de lucro que estamos obligados a perseverar en ello, por nuestro origen y misión fundacional.
Podríamos por tanto estar fomentando la creación de empresas más que la divulgación de la cultura y mucho menos de la filantropía. Y al mismo tiempo, estableceríamos una discriminación hacia entidades sin fines de lucro que no podrían, con esa expedición, incursionar en áreas diferentes a la cultura.
Queda en evidencia que la tarea de estimular a las empresas escapa con mucho a las políticas culturales y que aquellas industrias que se relacionan con la cultura deben tener el trato especial que el Estado determine para ese ámbito, a través de CORFO y del ministerio de Economía, para asegurarse que puedan desarrollarse para llegar a competir con las grandes industrias culturales.
Comenzaron a conocerse variadas opiniones en contrario a esta incorporación del lucro, incluso voces que deseaban legislar, con buenas razones, de una vez por todas una ley única de donaciones en el país basándose muchas de ellas en un señero artículo periodístico que titulaba que el 51% de las grandes empresas no había donado en los últimos siete años.
El gobierno, a través del ministro de Cultura, insistió en su propuesta hasta que la acumulación de argumentos y organizaciones opuestas lo hizo insostenible y resolvió presentar una indicación retirándola.
Hasta allí sólo una muestra de tozudez razonable. Pero la convirtió en chapucería cuando nos enteramos que en caso de que no estén los votos para eliminar a las empresas de menor tamaño, el gobierno presentó dos indicaciones para regular las donaciones que recibirían.
La primera indicación obliga a estas empresas a inscribirse en un registro a cargo de un comité que deberá verificar que su objeto social exclusivo sea de carácter artístico o cultural.
Adicionalmente, tratándose de productoras audiovisuales será necesario un informe previo del Secretario Ejecutivo del Fondo de Fomento Audiovisual del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. También establece que los proyectos que presentan estas empresas no podrán estar destinados a la adquisición de activos fijos ni a solventar gastos de funcionamiento de estas.
Además, las empresas inscritas en el mencionado registro, no podrán recibir donaciones de cualquiera de los contribuyentes con los que mantengan o hayan mantenido algún tipo de relación comercial, “dentro del año anterior o el año siguiente al de la donación”.
La segunda indicación presentada por el Ejecutivo fija un plazo de caducidad de esta franquicia. “Las donaciones que se efectúen a las empresas de menor tamaño darán derecho a los beneficios tributarios que consagra la ley, tanto para los donantes como para los beneficiarios de las donaciones, hasta el 31 de diciembre de 2016″.
Es decir, no, pero sí; en caso de sí, con restricciones severas y un plazo fatal. ¿Así se legisla? Tal vez, pero siguiendo alguna postura clara. ¿Está el gobierno a favor o en contra?
El diario La Segunda señala que “desde la semana pasada se ha solicitado al ministerio de Cultura un pronunciamiento sobre el tema; sin embargo, su respuesta ha sido que prefieren esperar el resultado de la votación”.
Una posición de mercado. Si el mercado (¡los senadores!) no acepta mi indicación, tengo otro producto para ofrecerles. Que es lo contrario de lo que ofrecí primero, pero… ¿qué importa?
Más allá del resultado, preocupa no saber cuál es la opinión de quienes debieran orientar los sueños del mundo de la cultura. No es posible soñar sin convicciones, sujetos a la oportunidad, aterrados ante la perspectiva de perder.
No es la manera cómo se han construido leyes, la de Donaciones que surgió del sueño de don Gabriel Valdés ni la del Consejo de la Cultura que nació de miles de voluntades incumbentes, discutidas, hasta el cansancio y el consenso.
¿Así se pretenderá crear un Ministerio de Cultura?
¡Que el Gabo nos libre!