La educación preescolar y escolar no sólo es la base del desarrollo de ciertas capacidades intelectuales, es también uno de los factores esenciales del nivel de integración o segregación que pueden llegar a existir en nuestra sociedad.
Es por ello que la forma cómo se distribuyen los recursos públicos no es menor en esta discusión.Una distribución de recursos focalizada en quienes más lo necesitan es fundamental para disminuir las desigualdades e injusticias sociales existentes al interior de nuestra sociedad.
El presidente Piñera en su discurso del 21 de mayo del año 2011 prometió una Subvención Escolar Preferencial para la clase media argumentando que este sector “hasta ahora siempre ha estado postergado”.
El proyecto de ley llegó al Congreso y se encuentra en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para su estudio.
En el marco de la discusión en general escuchamos intervenciones de invitados que nos dejaron atónitos pues pusieron en evidencia que el proyecto es extremadamente regresivo, exacerba las desigualdades y la segregación en nuestro sistema escolar, debilita la educación pública, favorece la educación privada y, lo más importante, no asegura que los recursos adicionales sean obligatoriamente utilizados en mejorar la calidad de la educación de los niños y jóvenes del país, siendo posible que el aumento de recursos vaya a parar íntegramente al bolsillo de los sostenedores de los colegios.
Los estudios realizados en nuestro país señalan que existe una gran segregación del sistema escolar que no permite la convivencia de estudiantes con distintas características socioeconómicas dentro de un mismo espacio educacional. Esta situación segrega a todo nivel y atenta contra la convivencia social pacífica en el largo plazo.
Uno de los factores esenciales que contribuye a la segregación es el copago que realizan los padres, cuestión que está comprobada, no mejora la calidad de la educación que los niños reciben. Como dijo Mario Waissbluth de Educación 2020, “el copago no compra mejor educación, compra mejores compañeros de curso”.
En la misma línea, Fernando Atria señala en su famoso libro La Mala Educación, que el copago no es más que un criterio de segregación social, es decir, en un tipo de colegio estudian todos los niños en que sus padres pueden pagar $10.000, en otro los que pueden pagar $50.000, en otro los que pueden pagar $200.000 y así sucesivamente. En esta lógica, la educación pública gratuita se transforma en un gueto residual donde estudian los que no pueden pagar nada.
En principio los diputados no podemos oponernos a proyectos que tiendan a mejorar la situación de los sectores más vulnerables y de la clase media de nuestro país, pero proyectos como éste no sólo no favorecen a estos sectores sino que son un beneficio explícito para quienes tienen más, no menos, lo cual no cumple con un mínimo criterio de eficiencia en el gasto de recursos públicos sobre todo cuando el proyecto no establece ni asegura que estos sean utilizados en proyectos de mejoramiento escolar como si establece la ley SEP.
Entendemos que la visión de este gobierno tiene ese sesgo (beneficiar a los que tienen más) pero nuestra misión como legisladores y fiscalizadores es rechazar los aumentos de recursos que no se justifiquen desde el punto de vista de la justicia social y la redistribución de ingresos dentro de nuestra sociedad.
El proyecto eufemísticamente llamado “aumento de subvención escolar para la clase media” no tiene otro objetivo que darle más a quienes más tienen, principio que no comparto.